El poder público con humildad: Vivir en la honrada medianía es condición no una opción

Por Rodolfo Montes de Oca Mena
En días recientes, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido enfática en sus declaraciones matutinas: el poder debe ejercerse con humildad y responsabilidad. Desde una visión juarista, la titular del Poder Ejecutivo Federal ha insistido en que la vida pública de los funcionarios debe ser ejemplo de austeridad, y su vida privada no debe estar desligada de esos mismos principios. La corrupción —nos recuerda— no sólo se comete con desvíos contables, sino también desde las conductas que, sin romper abiertamente la norma, vulneran el espíritu republicano del servicio público.
Y es que no se trata simplemente de un discurso. Desde Benito Juárez hasta Sheinbaum, la exigencia es la misma: el servidor público debe vivir en la honrada medianía. Quien aspire a enriquecerse, a gozar de lujos u ostentación, que lo haga en la iniciativa privada. El gobierno no es una plataforma para acumular bienes ni privilegios. Es —debe ser— una trinchera de responsabilidad social.
En congruencia con este paradigma ético, el Congreso del Estado de Sonora aprobó, en octubre de 2022, reformas profundas al Código Penal local, endureciendo severamente las penas para los delitos de cohecho y peculado. Estas reformas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (Tomo CCX, Número 33 Sección I, 24 de octubre de 2022), elevaron la sanción para estos delitos a rangos muy superiores a las penas contempladas para el homicidio culposo, y empiezan a acercarse a las del homicidio simple intencional.
Así, por ejemplo, antes de la reforma, el cohecho se sancionaba con penas de seis meses a nueve años de prisión. Actualmente, según el Código Penal vigente, estas sanciones pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión. En cuanto al peculado, que antes conllevaba penas de hasta doce años, hoy contempla penas que también pueden llegar hasta los 15 años.
Este endurecimiento legislativo no fue casual. Fue —y es— una respuesta política clara: quien dañe el patrimonio público desde una posición de poder, debe enfrentar las consecuencias más severas del sistema penal. En este nuevo contexto, la línea entre una simple falta administrativa y una conducta penalmente relevante se ha vuelto extremadamente delgada. La interpretación jurídica ya no tiene margen para la tolerancia tácita.
En este orden de pensamiento me parece importante que quienes hoy ocupan cargos en la administración estatal y municipal de Sonora tengan presente que estas reformas no son letra muerta. Son plenamente aplicables y están vigentes. Y el hecho de que hayan sido aprobadas durante la actual administración estatal conlleva el mensaje implícito del Gobernador Alfonso Durazo para sus subalternos.
En el ya cercano año 2027, cuando esta administración estatal llegue a su fin se abrirá, como sucede habitualmente, una etapa de revisión y fiscalización. Aquellos servidores que hoy instruyen sobre el destino de recursos públicos formal o informalmente, firman contratos, autorizan transferencias o intervienen en procesos administrativos y financieros, deben ser especialmente cautos en sus decisiones —incluso las aparentemente menores— tomando en cuenta las sanciones que este mismo régimen se ha establecido.
El mensaje de la presidenta Sheinbaum es contundente: el poder no es un botín, es una carga ética. Y México y Sonora, que han padecido de malas prácticas en distintos momentos de su historia, no pueden permitirse un escándalo de corrupción.
El tiempo de los «servidores públicos empresarios» debe llegar a su fin. Vivir en la honrada medianía no es una carga; es una obligación legal y moral. Quien no esté dispuesto a ello, debe renunciar… antes de que sea demasiado tarde.
*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.