En la era de la información, desinformar es la estrategia

Por Imanol Caneyada/

Campañas negras, “trolls, “bots”, todo se vale para que, al final, ningún actor político responda por sus delitos y la pobreza de propuestas quede sepultada bajo el rumor

El término “campaña negra” ha invadido el léxico electoral en los últimos años, desde que los comicios en México dejaron de garantizar un seguro ganador y la competencia se tornó más encarnizada.

¿Pero sabemos los ciudadanos qué es realmente una campaña negra? ¿Tenemos los elementos para discernir entre ésta y una acusación formal? ¿Es moralmente aceptable que candidatos y funcionarios públicos desechen señalamientos de corrupción, impunidad y otros delitos con el único argumento de que éstos obedecen a una campaña negra?

De entrada, es necesario plantear que, hasta el momento, los más beneficiados de la existencia de estos supuestos instrumentos propagandísticos son las propias víctimas de los mismos.

Una acusación de cualquier tipo, en el marco de una campaña negra, no busca perseguir legalmente al acusado para que, en caso de demostrarse, pague por el delito. De esta forma, los señalamientos de corrupción, desvío de recursos, malversación, peculado, etcétera que durante el periodo electoral van y vienen alegremente, terminan después de las votaciones en el limbo del olvido.

Reducidos estos supuestos delitos al nivel de rumor y con la siempre coartada de que no están sustentados más que en la mala intención del oponente, rara vez, los ciudadanos somos testigos de que un funcionario público, un representante popular o un candidato paguen por los delitos que pudieran cometer al ostentar un cargo.

Es por ello que, si nos sumergimos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no encontraremos instrumentos jurídicos certeros que castiguen las campañas negras. Y es que a río revuelto, ganancia de pescadores.

No todo es negro, aunque así lo quieran

Cuando a principios del pasado mes de marzo se dio a conocer que el diario Wall Street Journal informaba que el gobernador Guillermo Padrés y su hermano eran investigados por el Gobierno Federal por beneficiarse personalmente de una serie de supuestos contratos millonarios, la oficina de comunicación del Gobierno del Estado y el propio mandatario alegaron que se trataba de una campaña negra en el marco de las próximas elecciones.

Ese mismo argumento esgrimieron cuando, por esos días, la dirigencia estatal del PRI acusó a Padrés Elías de haber aumentado el valor de sus bienes en 30% durante su mandato.

Ninguno de los dos casos entra en lo que técnicamente se considera una campaña negra.

En el primero, un prestigioso periódico norteamericano, citando fuentes oficiales (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), informaba de una investigación en curso sobre la familia Padrés.

Más allá de si sea cierto o no, una institución mediática respondía por esa información, por lo que Guillermo Padrés podría haberla demandado por difamación, calumnia y/o daños al honor. Además, tendría que haber demostrado que no era cierto, ya que al ser un servidor público, estaba éticamente obligado a ello.

En el segundo caso, un instituto político encabezado por una persona conocida, Alfonso Elías Serrano, y sustentando su dicho en declaraciones patrimoniales de años anteriores, realizaba una acusación pública al jefe del Ejecutivo.

El argumento de la campaña negra tampoco entraba en este caso.

Como tampoco califica la exigencia en días recientes de Claudia Pavlovich de que Javier Gándara aclare a los sonorenses “los desfalcos cometidos” durante su presidencia municipal; o los videos que está haciendo circular el PT acusando a la candidata priista de corrupta; o el spot que el PAN difundió recientemente acusando al dirigente nacional del tricolor de presumir relojes con valor de más de dos millones de pesos.

En todos los casos, los dichos están respaldados por instituciones políticas o candidatos, a los cuales se les puede responder o acusar de difamación o calumnia, según sea el caso.

De hecho, el INE ha mandado ya retirar varios de estos spot y videos, porque tiene a quién dirigir su ordenamiento.

Anónimo al rescate

¿Cuál es entonces la característica principal de una campaña negra?:

El anonimato.

Para poder sortear los escollos que la ley y el código electoral plantean en este sentido, los partidos políticos y los gobiernos de los tres niveles lanzan campañas de acusaciones buscando el desprestigio del oponente, sin otra intención que ensuciar su imagen, siempre escondiendo la mano que tira la piedra.

Es el caso de los folletos que en el segundo semestre del año pasado circularon masivamente por toda la ciudad de Hermosillo, en los que se señalaba de manera sistemática a Javier Gándara de haber cometido una serie de delitos cuando estuvo al frente de la administración municipal.

Ninguna institución política, mediática o social respaldaba la información, ningún directorio con información de contacto aparecía en los folletos.

Posteriormente, una fuente muy cercana al equipo de campaña del candidato Gándara confirmó a este semanario que pudieron comprobar que detrás de esos folletos se encontraba la administración municipal de López Caballero.

No obstante, no hubo ninguna denuncia formal ni en uno ni en otro sentido.

El pasado fin de semana fueron sorprendidos en Nogales dos sujetos originarios de Hermosillo que transportaban en la cajuela de un vehículo rentado más de 50 mil volantes (sin ningún tipo de identificación), en los que se acusaba a la candidata Pavlovich de estar respaldada por poderosos políticos supuestamente corruptos y delincuentes.

La dirigencia municipal del PRI nogalense ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a raíz de este hallazgo.

Estamos ante un caso en el que, si la autoridad investigadora hace bien su trabajo, podría relacionar una campaña negra con un instituto político o de gobierno y actuar en consecuencia.

Porque únicamente si se llega hasta el responsable moral o físico de una campaña negra puede aplicarse la ley.

Esto es lo que señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora al respecto:

ARTÍCULO 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema del candidato independiente. La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma.

Los trolls

Durante las elecciones de 2012 los partidos políticos y sus candidatos tuvieron que aceptar a regañadientes que las redes sociales se habían convertido en un medio fundamental para el posicionamiento de la marca (según la nueva terminología política). Si bien en los comicios de 2009 y 2006 se veía venir este fenómeno, no fue hasta las pasadas elecciones presidenciales que las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla.

La imposibilidad de controlar la información que circula en la red, aunada a la escasa legislación existente, hicieron principalmente de Twitter y Facebook dos escenarios donde todo se valía.

Al término de la elección que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, hubo que analizarse el efecto Internet en la vida política del país.

De esta forma, El Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCM) dio a conocer cifras muy interesantes. Por ejemplo, de los alrededor de 12 millones de usuarios de Twitter, cinco millones le dieron seguimiento a las campañas y al día de la elección por éste medio.

Entre los fenómenos más notorios, según el OMCM, destaca la presencia de “fauna nociva”, como los “bots” y los “trolls”, que ensuciaron la interacción virtual.

Los “bots” son cuentas automatizadas con mensajes repetitivos que utilizaron los equipos de campaña de los respectivos candidatos.

En cuanto a los “trolls”, se trata de usuarios creados para contaminar el debate con un fin negativo mediante el desprestigio, ataques privados, calumnia, difamación o revelación de datos personales.

La proliferación de esta fauna nociva orilló a los analistas de la elección del 2012 a recomendar que los “tweet star” o líderes de opinión fueran más responsables al informar, que el usuario fuera más crítico con los datos que comparte y retuitea, y finalmente, que se  desarrollara para futuras elecciones una mayor capacidad de filtrar la información a la mano, para frenar el paso a rumores, campañas negras y desinformación.

Tres años después nada de esto parece haberse tomado en cuenta.

Los equipos de campaña de los diferentes candidatos tienen en nómina a “trolls” que sistemáticamente ensucian el debate virtual con acusaciones y difamaciones, y utilizan “bots” para difundir mensajes negativos.

La apuesta de los aspirantes y sus equipos, sea en la forma tradicional o mediante la red, es a la campaña negra para que el lodo salpique a todos, ningún delito se investigue a fondo y la pobreza de propuestas y discurso no sea tan evidente.