En Sonora, periodistas proponen Ley 3 de 3 para Libertad de Expresión

Periodistas acusan ante CNDH a funcionaria de Durazo por hostigamiento a comunicadores

Por Antonio López/ Hermosillo, Sonora

Periodistas de Sonora sujetos a un proceso penal, presentaron la propuesta de crear una Ley 3 de 3 para comunicadores, tras interponer una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de una funcionaria del Gobierno del Estado, quien intenta llevarlos a la cárcel.

En marco del “Día de la Libertad de Expresión”, decenas de reporteros, camarógrafos, analistas y conductores, se solidarizaron con dos periodistas, Hiram Rodríguez y Gerardo Ponce, a quienes la Secretaria de Desarrollo Social a nivel estatal, Wendy Briseño Zuluaga denunció por la vía penal. El presidente del “Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores” Rafael Cano Franco, señaló que llevarán sus planteamientos al gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Una iniciativa con respecto a que todos aquellos que violenten la libertad de expresión que sean sancionados -en el caso de que sean funcionarios en funciones- con la destitución inmediata y en el caso de que aspiren o puedan estar aspirando a un cargo público o un cargo de elección, no puedan participar; es decir, estamos planteando que nos apoye con una Ley 3 de 3 para periodistas, para la libertad de expresión”, dijo.

Tras presentar el recurso de queja ante el delegado de la CNDH Octavio Grijalva, Hiram Rodríguez, uno de los periodistas afectados, detalló que han tenido que erogar sumas importantes de dinero, además de recibir hostigamiento por parte de la servidora pública y ex diputada federal.

“Venimos aquí Gerardo Ponce y un servidor Hiram Rodríguez, a presentarle esta queja, es en contra de una funcionaria del Gobierno del Estado, de quien hemos recibido hostigamiento, persecución periodística, entre otras situaciones, incluso estamos metidos en un proceso penal”, anotó.

A inicios del año 2021, la entonces diputada federal de Morena acusó a un grupo de periodistas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, por el contenido divulgado en medios de comunicación, mismo que consideró como violencia política con perspectiva de género.

Ambos comunicadores aseguraron que han detectado omisiones, abuso de poder, opacidad e injusticias, en tanto temen por la posibilidad de pisar la prisión.