Los habitantes de cinco poblados de Álamos exigen a las autoridades y a la Mina Cobre del Mayo soluciones para frenar los daños a la salud, al ambiente y a sus economías
Por Imanol Caneyada
La situación en el municipio de Álamos a causa de las actividades de la mina Cobre del Mayo SA de CV se ha convertido en insostenible y los habitantes de al menos cinco poblados cercanos a la mina exigen, tanto a la compañía explotadora del cobre como a las autoridades, encuentren soluciones para los daños en la salud de los pobladores, en su economía y en el ambiente.
La licenciada Olga Nava Medina, asesora jurídica del Comité de Participación Ciudadana de Piedras Verdes, uno de los poblados más afectados por las actividades de la mina, enumera los daños que desde hace más de una década padecen los habitantes de estas comunidades, entre las que se encuentran Las Tanques y El Tábelo.
Escasez de agua; cuando tienen acceso a esta, sale turbia, contaminada, insalubre.
Daños a la salud, tanto en los pulmones por el denso aire que permanentemente envuelve a estos poblados, así como en la piel.
Impacto ambiental y deterioro ecológico en los alrededores.
Además del impacto en la economía de los habitantes de las comunidades, a los que, según la asesora jurídica, engañaron para hacerse de sus tierras a precios irrisorios sin cumplir con el compromiso de darles un espacio alternativo para reinstalarse.
La historia del poblado Piedras Verdes ilustra de manera contundente el desplazamiento que ejidatarios y comunidades indígenas han sufrido a causa de la industria minera en el estado, en este momento la de mayor dinamismo y que más riqueza genera.
A mediados de los 2000, los habitantes de Piedras Verdes malvendieron sus terrenos a la mina, con la promesa de que les construirían un espacio alterno en donde reubicarse.
Los ejidatarios, engañados, aceptaron porque los convencieron de que era la única forma de mejorar sus precarias economías; a ninguno de ellos le pagaron más de cien mil pesos por sus tierras y casa; se registran casos en que los pagos se establecieron en abonos.
El Nuevo Piedras Verdes fue entregado a sus moradores con la promesa de que con el tiempo tendrían todos los servicios y comodidades: agua potable, alumbrado público, escuelas, calles pavimentadas.
No ha sido así; la realidad dista mucho de la promesa inicial; una pipa enviada por la mina surte a los pobladores que no cuentan con agua potable; la contaminación es tal que han dejado de criar animales y sembrar, actividad principal con la que se han mantenido históricamente.
Padecen de enfermedades en la piel y en las vías respiratorias y la actividad de la mina ha provocado que las casas muestren resquebrajamientos, según denuncia Nava Medina.
El pasado cinco de julio un grupo de habitantes de los cinco poblados más afectados por la mina se presentó a las puertas del Ayuntamiento de Álamos a exigir soluciones.
El alcalde Áxel Omar Salas Hernández, relata la asesora jurídica, se comprometió a invertir el 50% del Fondo Minero que administra el municipio en los poblados afectados, un fondo que cuenta con un estimado de 70 millones de pesos.
Hasta antes de la protesta, aclara Olga Nava, el fondo no se había ejercido para beneficiar a las áreas colindantes con la mina Cobre del Mayo SA de CV.
Del cinco de julio a la fecha, fuera del compromiso verbal que hizo el presidente municipal, los pobladores no han tenido ningún contacto ni con funcionarios del municipio ni de la mina, a la que ni siquiera les han permitido el acceso para dialogar y encontrar soluciones conjuntas.
Por ello, explica la entrevistada, la primera acción que están llevando a cabo es presionar al Cabildo de Álamos para que concrete y apruebe la promesa del alcalde, pues de otra manera se quedaría en palabras que se las llevaría el viento contaminado de los alrededores.
Asimismo están creando otros comités de participación ciudadana similares al de Piedras Verdes, con el fin de estar organizados y poder tomar acciones legales de ser necesario.
De momento han decidido esperar a alguna señal de las autoridades municipales, estatales y federales y de la propia mina antes de proceder con las demandas conducentes.
Una señal que no llega.
El plazo, concluye Olga Nava, es hasta septiembre, si para entonces no ha habido un acercamiento de las autoridades, procederán.
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