Fiscalía anticorrupción le pisa los talones a “Padrecistas”

Por Gerardo Moreno/

Campillo, Romero, Villalobos y Ortiz Ciscomani, forman parte del círculo que mantuvo cerca Guillermo Padrés cuando fue gobernador y que hoy son investigados por la Fiscal Anticorrupción de Sonora

Luego de la detención del ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, y que le fuera declarado el auto de formal prisión. El resto de los ex funcionarios que laboraron durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías y que están siendo investigados en alguna instancia por algún acto de corrupción, han visto rondar cerca los llamados de la justicia y saben que podrían ser los próximos en tener que rendir cuentas.

El hecho del ex vocero de Padrés Elías, comenzó el pasado primero de febrero cuando el Fiscal Anticorrupción del Estado, Odracir Espinoza, anunció que Jorge Morales fue detenido cerca de su domicilio acusado del delito de extorsión hacía varios empresarios y representantes de los medios de comunicación, donde solo por uno se hablaba de una cifra mayor al millón de pesos, exigida a cambio de que se le liberarán las facturas que el Ejecutivo les debía.

El viernes se realizó el careo con los denunciados donde figuraban directores de medios, empresarios y reporteros, y para el domingo el Juez Tercero de Distrito dictó al auto de formal prisión, con lo que Morales Borbón tendrá que llevar todo el juicio encerado en el Centro de Readaptación Social número uno de Hermosillo a espera de una sentencia.

Campillo declara en calidad de indiciado

Apenas días antes de la sentencia del Juez contra el ex secretario de comunicación. También el viernes cinco de febrero y ante la advertencia de que si no atendía el llamado de la Procuraduría General de la República (PGR) para comparecer, tendría que ser la fuerza pública quien lo obligue a asistir, el ex secretario de salud Bernardo de Jesús Campillo García, compareció ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Federal en calidad de indiciado, por un supuesto proceso penal que se lleva en su contra.

El encargado de velar por la salud de los sonorenses durante la administración de Guillermo Padrés y uno de sus colaboradores más cercanos e incluso amigo personal del ex mandatario, al punto de compartir la afición por los caballos pura sangre y adquisición de ranchos, acudió alrededor de las siete de la tarde a las oficinas de la PGR en Sonora, que están ubicadas sobre el bulevar García Morales a la altura del aeropuerto internacional de Hermosillo, a rendir su declaración acompañado de una personas que no quiso aclarar si era su abogado.

El galeno permaneció dentro de la procuraduría por espacio de tres horas y al momento de salir se negó a hacer alguna declaración pública al respecto de la supuesta averiguación previa que se sigue en su contra por enriquecimiento ilícito y desvió de recursos federales etiquetados para los Servicios de Salud de Sonora, hospitales estatales y trabajadores del sector.

Al día siguiente, Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR, aclaró que Campillo García cumplió con un primer momento de la investigación, aunque eso no quiere decir que la averiguación previa se detenga y puede ser llamado de nuevo a comparecer: “con su comparecencia cumplió en un primer momento pero se le puede volver a llamar para que comparezca de nuevo. Lo que ahora procede es seguir con la averiguación previa”, señaló.

Roberto Romero prófugo de la justicia

También, el delegado en Sonora de la PGR dio a conocer que el ex secretario de gobierno en la administración de Guillermo Padrés tenía dos procesos penales en su contra, además que por uno de ellos ya se había girado acción penal, por el ex funcionario no se presentó a rendir su declaración y al momento se encontraba en calidad de “prófugo de la justicia”.

“Tenemos averiguaciones previas iniciadas en contra de Roberto Romero, tenemos dos denuncias, una en la que ya ejecutamos acción penal en contra de él y otra que está en proceso, pero es información reservada que omito proporcionarla para no entorpecer el curso de las investigaciones”, agregó.

Sin embargo, Figueroa Navarro aclaró que por la segunda averiguación previa también se le está a punto de girar orden de presentación ante la Policía Ministerial, ya que no acudió a tiempo al segundo citatorio (fijado también para el cinco de febrero), de tal forma se le dictó un tercero y si no cumplen, la PGR hará lo conducente.

Más funcionarios en la mira

Además de Roberto Romero y Bernardo Campillo, la PGR tiene entre sus citatorios al ex secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista y al ex titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Héctor Ortiz Ciscomani.

En ambos casos, el delegado de la PRG aclaró que no se presentaron al segundo citatorio realizado por la Procuraduría, también para el pasado cinco de febrero, por lo cual si no acuden al tercer llamado, al igual que a Roberto Romero, se le girará orden a la Policía Ministerial para que sean detenidos y obligados a presentarse.

Sin embargo, trascendió en redes sociales que el ex titular de Sagarhpa ya había sido requerido a comparecer a la PGR e incluso circularon fotografías donde era detenido por la Policía Estatal, pero, al parecer fue por una denuncia penal presentada por miembros de su familia y no por las denuncias penales en su contra, para lo cual presuntamente presentó un amparo para seguir libre.

Otro funcionario que trascendió, ya presentó la solicitud de amparo ante cualquier acción penal en su contra (sin ser confirmado por alguna autoridad judicial) fue Javier Alcaraz Ortega, ex jefe de la desaparecida oficina de imagen institucional, la cual fue una de las más señaladas de malas prácticas administrativas y acciones agresivas contra periodistas y comunicadores durante la pasada administración.

Esto se suma al cúmulo de averiguaciones previas que la PGR lleva a cabo en contra de funcionarios de la administración de Guillermo Padres, también a las 128 averiguaciones previas que la misma Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas y las seis consignaciones pendientes a que el juez las libre, así como los 10 funcionarios inhabilitados por 10 años para ocupar cualquier cargo público que la Secretaría General de la Contraloría Estatal ya aplicó. Estos procesos aún tienen más capítulos por contar.