Fiscalía que sirva

Los fiscales deben ser electos con base en propuestas del Ejecutivo por una mayoría calificada del Senado. Así está en la Constitución y la Ley

Por Feliciano J. Espriella

Una vez concluido el proceso electoral en el que Andrés Manuel López Obrador fue electo por una abrumadora mayoría, empiezan a regresar a la agenda nacional algunos de los temas torales que requiere el país resolver urgentemente.

Uno de ellos es el de la Fiscalía General de la República, sobre el cual, algunas organizaciones de la sociedad civil han sido muy incisivas, con la intención, afirman, de que el resultado sea crear una fiscalía que sirva verdaderamente a los intereses del país.

Las organizaciones civiles que pretenden incidir en el tema, insisten en la apremiante necesidad de contar en el país con una auténtica procuración de la justicia autónoma y totalmente independiente del poder ejecutivo.

En ese sentido, el legislativo aprobó una reforma al artículo 102 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público estará encabezado por un Fiscal General de la Nación; el propio artículo dota al fiscal de autonomía, es decir, sus funciones dejarán de ser parte de las funciones del Poder Ejecutivo, ya no es miembro del Gabinete, será un funcionario independiente, estará en el cargo nueve años a partir de su designación.

Así, aislado el párrafo, luce muy bien, sólo que dicha intención se viene por tierra con el método para la designación del primer fiscal para los primeros nueve años, responsabilidad que recaerá en quien en la fecha de inicio se desempeñe como titular de la PGR.

Esto desató cualquier cantidad de protestas de diversas organizaciones, las cuales obligaron al Presidente de la República a enviar una reforma el mencionado artículo para derogar dicha disposición y cambiar el método de designación del Fiscal General de la República. Pero dicha iniciativa no ha sido ni siquiera analizada por las comisiones responsables y duerme por lo tanto el sueño de los justos.

AMLO por el nombramiento del Senado a propuesta del presidente

El virtual presidente electo, desde la campaña dio a conocer su intención de proponer una terna de candidatos al Senado de la República para que eligiera a uno de ellos como fiscal. De hecho, esa postura fue aprovechada por sus adversarios quienes durante toda la campaña lo estuvieron acusando de que quería designar un “fiscal carnal”.

Lo anterior lo ha reiterado López Obrador una vez concluido el proceso electoral, lo cual ha suscitado una nueva andanada de críticas, y empiezan de nuevo las presiones para que se concluya el diseño de una fiscalía verdaderamente independientemente del Ejecutivo, para lo cual se requiere de varios cambios al esquema actual, que van mucho más allá del nombramiento del fiscal.

Mientras son peras o son manzanas, y ante el evidente hecho de que no hay intenciones de aprobar la iniciativa de Peña Nieto, sigue la reforma vigente y se corre el riesgo hasta de un madruguete del aún presidente a través del legislativo en funciones y designen a un nuevo Procurador General de la República para luego ungirlo como el primer fiscal.

En lo personal opino que en el tema del próximo fiscal general, el Presidente electo tiene toda la razón, y elegirlo como lo eligieron en su tiempo tanto Felipe Calderón como Peña Nieto.

Los fiscales deben ser electos con base en propuestas del Ejecutivo por una mayoría calificada del Senado. Así está en la Constitución y la Ley, y para eso sirven las instituciones, para eso se ganan y pierden elecciones.

Las organizaciones civiles están en todo su derecho a presionar, criticar y proponer, pero no tienen prerrogativa alguna para decidir, por la sencilla razón de que nadie los eligió. Ellas son producto de su propia organización y ejerciendo un derecho legítimo plantean su propia agenda.

Así funciona en la mayoría de las democracias del planeta, incluyendo la Unión Americana. La diferencia es que en Estados Unidos una vez aprobado el fiscal por el Senado, se desteta completamente de quien lo recomendó. Además de que los senadores americanos son totalmente independientes del ejecutivo. Incluso los del partido en el gobierno.

En realidad sí está reglamentada la autonomía en las reformas aprobadas, sólo faltaría que tanto el presidente en turno como el propio fiscal, lo entiendan, lo asimilen y lo ejerzan.

La solución para tener con la legislación vigente un fiscal que verdaderamente cumpla con su responsabilidad, sería que éste en verdad sea una persona capaz, honesta, dispuesta a actuar con total independencia del presidente, orientada a ejercer la justicia en el sentido más amplio y sobre todo muy responsable.

Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.