Gobiernos paralelos

Editorial PPDfebrero 7, 2025No tags

El tema de fondo, no es el proceso electoral, el cual, es meramente accesorio, es la consecuencia de la aniquilación de la democracia

Por Sandra Karina Ibarra Carbajal

Le dijo Don Evaristo a su nieto: “Basta ya de tu resistencia que es como un microbio contra un elefante”. El nieto no hizo caso y resistió como un microbio que contagió a otros miles y millones. Juntos encendieron la llama revolucionaria. El nieto se llamó: Francisco I. Madero.

En los últimos meses hemos escuchado hasta el cansancio que México transita por la mayor crisis constitucional del siglo.

Después de repetirlo con patológica vehemencia, caigo en la cuenta de que, no todos hablamos el mismo lenguaje, a menudo me decanto demasiado por los pomposos términos jurídicos.

Antes que una aburrida definición, quiero traer como ejemplo un caso de la vida real, ese episodio lo denominaremos “gobiernos paralelos”. Resulta que aconteció en el México de 1864 a 1867, momento histórico en el que, dos sujetos se proclamaron respectivamente gobernantes de nuestro país. Esos gobiernos paralelos los protagonizaron por una parte Don Benito Juárez y del otro bando Don Maximiliano de Habsburgo. Cada cual, por su lado, juraba y perjuraba que eran el gobernante legítimo.

Tanta fue la confrontación entre ambos bandos, que se reventaron todos los cauces institucionales para solucionar semejantes posturas antagónicas, es decir, no existió ningún tribunal capaz de “decir el derecho” con la fuerza legítima para determinar quién de los dos personajes tenía la razón y debía ser reconocido como el legítimo gobernante.

Ante la grave debilidad institucional para resolver un conflicto de semejante envergadura, surge la inexorable “crisis constitucional”, cuya gestación requiere que una de las partes corrompa las reglas del juego, las reglas del sistema republicano y democrático a grado tal, que viole las normas que el pueblo mismo nos comprometimos a respetar para coexistir de manera civilizada, sin recurrir a la ley del talión (ojo por ojo; diente por diente).

La anécdota anterior no terminó bien, el problema escaló a tal grado que, ya no existieron cauces institucionales para resolverlo y todo derivó en una violenta guerra civil, la cual, culminó en 1867 con la muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía, quienes fueron fusilados de manera sumaria en el Cerro de las Campanas en tierras Queretanas.

La “crisis constitucional” es el primer paso y caldo de cultivo necesario para que estalle un conflicto que escale a otro nivel entre los propios ciudadanos o bien, entre los ciudadanos y el gobierno.

Precisamente por eso, es importante no banalizar el uso de esa expresión, y si actualmente la traigo en mi mente y textos, es porque lo hago con la absoluta certeza de la gravedad de los hechos. Que quede claro, estamos viviendo la muerte de la Democracia Mexicana.

Para afrontar la era de autoritarismo que inicia con gran agresividad y velocidad este 2025, es necesario en principio, contar con un diagnóstico certero, por más dura que sea la realidad, es preferible afrontarla con realismo, valor y dignidad cívica. Ello es importante para no engañarnos a nosotros mismos, saber que lo que estamos viviendo es un golpe técnico de Estado, orquestado desde el omnipotente líder de la secta guinda y actualmente con la complicidad de quienes con su silencio lo han avalado.

Uno de los instrumentos capturados para obedecer ciegamente al régimen guinda, es sin duda el voto mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, quienes recientemente se ungieron como los intérpretes máximos de la Constitución, ordenado en consecuencia que el Comité de Evaluación del PJF continúe ejecutando la reforma judicial, a pesar de que, existan resoluciones de jueces federales que ordenan lo contrario, esto es, paralizar la ejecución de la reforma.

Sin duda, esas altas Cortes en México constituyen la máxima autoridad jurisdiccional, pero en cada uno de los temas que la Constitución les encomendó. Imaginemos un pastel, y que la ciudadanía decidimos conferirle a cada tribunal una rebanada distinta del pastel llamado “competencia”. Mientras la SCJN es la madre que cubre con su manto a toda persona a través de la protección de absolutamente todos sus derechos (incluyendo el derecho a contar con jueces independientes e imparciales); el TEPJF por su parte, tiene competencia limitada, una rebanada notoriamente más pequeña del pastel, porque exclusivamente conoce de los conflictos derivados del ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos (personas mexicanas y mayores de edad), esto es, temas limitados a votar y ser votados.

A pesar de esa competencia distinta y claramente delimitada, lo cierto es que, actualmente el voto mayoritario (3) de la Sala Superior del TEPJF está agudizando la crisis constitucional del siglo, ese infausto voto mayoritario ha demostrado que su único objetivo es proteger los planes del oficialismo, inventándose procedimientos y resoluciones nunca antes vistas, sin sustento normativo, se han transformado en el bebé de “Rosemary”, haciendo alusión a la película de Roman Polansky, se trata del engendro de las fuerzas oscuras del autoritarismo hambriento de poder absoluto e ilimitado.

El tema de fondo que se debate en la reforma judicial, implica el exterminio de un poder judicial federal que hoy día es el único contrapeso efectivo que protege a los más vulnerables del abuso del poder. El tema de fondo es que, el oficialismo pretende arrebatar a cada persona su derecho fundamental a contar con tribunales que resuelvan con independencia y autonomía. El tema de fondo es que se revise una reforma que implicará la muerte de la república con efectiva división de poderes. El tema de FONDO, NO ES EL PROCESO ELECTORAL, el cual, es meramente accesorio, es la consecuencia de la aniquilación de la democracia fraguada con el cese masivo de toda persona juzgadora en el país. (Alrededor de 7,000 contando la Federación y los Estados).

El resquebrajamiento de la república, los cimientos mismos que nosotros como pueblo decidimos construir, daña los derechos humanos de todos y todas, por ende, es la SCJN quien tiene el deber de resolverlo y no la Sala Superior del TEPJF cuyo universo competencial o rebanada del pastel se limita al análisis de temas electorales, que son una simple herramienta para acceder a ciertos cargos pero que no alcanza ni de cerquita para examinar los cimientos mismos de nuestro modelo republicano.

Por su parte, el oficialismo insiste mediáticamente un día sí y otro también, en que, el TEPJF sí es competente para hacer y deshacer porque la reforma alude a las elecciones populares. Lo anterior, sin promover los recursos legales necesarios para esclarecerlo, por la sencilla razón de que, saben que su postura es una perversión del sistema jurídico mexicano, es la utilización facciosa del tribunal electoral y del INE, ambas ya colonizadas con perfiles sumisos a las órdenes palaciegas.

Ante el fuego cruzado del TEPJF y la SCJN, el Comité para la selección de perfiles instaurado en el PJF de plano renunció al unísono, lo cual, no sorprende a nadie, considerando que en principio no debieron ni siquiera existir, ya que las suspensiones dictadas con antelación en cientos de juicios de amparo, prohibía a todas las autoridades nombrar a esos Comités. Lo que mal inicia, mal acaba.

Ante la renuncia del Comité del PJF, no tardó la respuesta del oficialismo, de suerte que a la Mesa Directiva del Senado se le ocurrió la grandiosa idea de violar nuevamente la ley e inventarse procedimientos inexistentes, esto es, se ungieron ellos mismos para definir la lista de candidatos inherentes al PJF, y como era de esperarse, montaron el pasado jueves, el circo de una nueva tómbola, sí, leyeron bien, el juego de azar con las bolitas cargadas de color guinda, las cuales, por obra del realismo mágico aparecieron perfiles como por ejemplo, para Ministra de la SCJN está Ana María Ibarra Olguín, quien fue empleada de Arturo Zaldívar en su administración al frente de la Presidencia de la Corte, asimismo otros perfiles con evidente afinidad al lord “Z”, tales como Marisol Castañeda Pérez, Fabiana Estrada Tena. Ni qué decir de María Estela Ríos González, ex consejera jurídica del Presidente AMLO.

Como candidatos a Ministros de la SCJN mágicamente aparecieron insaculados los actuales Consejeros abiertamente guindas Bernardo Bátiz Vázquez, Sergio Javier Molina Martínez, así como el ex colaborador del lord “Z” Rogelio Arturo Bárcena Zubieta.

Preocupa que en su desenfrenada ambición por aniquilar todo espacio de independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, el oficialismo estire demasiado la liga del Estado de Derecho, tanto están estirándola que, ya provocaron la más grave crisis constitucional del siglo, protagonizada por la Sala Superior del TEPJF quien se coronó como el intérprete máximo de la Constitución, usurpando así, las funciones del SCJN. Con ello, inicia la era de los “gobiernos paralelos” en la dimensión jurisdiccional, eso porque tenemos dos tribunales diciendo que son la máxima autoridad en la materia y a su vez, emitiendo órdenes totalmente antagónicas.

El gobierno paralelo en la dimensión jurisdiccional tiene a la ciudadanía en el grave predicamento de no saber a quién le reconoce legitimidad, es decir, a cuál de los dos tribunales obedecer. ¿Cuál será el resultado de esta grave polarización y crisis constitucional? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que, como sociedad debemos informarnos y decidir quién miente y quién dice la verdad.

En ese duelo de poder desmedido del oficialismo frente al resto de las y los mexicanos, la única que pierde es la legitimidad de las instituciones y por ende, la confianza ciudadana en sus gobernantes; han convertido al Estado de Derecho en una funesta versión de Ciudad Gótica, en la que no existe confianza ciudadana en ningún agente Estatal, porque todos, absolutamente todos están coludidos con un todo poderoso líder máximo, a su vez, aliado con la mafia. Será tiempo de buscar a nuestro Batman, para que nos salve de las injusticia, o bien, nos informamos y forjamos nuestro propio criterio a fin de estar en condiciones de dilucidar cuál de los dos gobiernos jurisdiccionales paralelos son los legítimos y exigir que se respeten las decisiones de los Juzgadores Federales que hoy día han decretado la suspensión en la ejecución de la reforma judicial, a fin de analizar con cuidado cientos de juicios de amparo presentados incluso por la ciudadanía, por personas libres que no quieren vivir bajo el yugo del pensamiento monolítico guinda.