Grupo México utiliza maquinaria legal contra afectados

Por Gerardo Moreno/

La organización civil “Poder”, que representa a los habitantes del río Sonora, promueve demandas contra la minera, pero se han enfrentado a “jugadas” legaloides de la empresa para retrasar los juicios

Los habitantes del Río Sonora han emprendido una lucha legal para buscar que Grupo México se haga responsable de la contaminación y afección que tuvo sobre la vida de todas las personas de la región desde el derrame del seis de agosto del 2014 y que el gobierno Federal atine a exigir esta reparación del daño, pero hasta ahora se han enfrentado a lo lenta y tediosa que es la impartición de justicia en el país.

En entrevista para Primera Plana, el abogado de la organización Poder (una institución que a nivel nacional busca que las grandes empresas se hagan responsables de los daños causados a los ciudadanos y que representa a los habitantes del Río Sonora), Luis Miguel Cano, explicó que han promovido por lo menos ocho amparos importantes contra acciones de Grupo México y el propio  Gobierno Federal, los cuales a dos años siguen su curso legal principalmente porque los señalados evaden a toda costa su responsabilidad.

Un lento peregrinar reclamando justicia

Luis Miguel Cano, explicó que el primer juicio de amparo que promovieron y que actualmente sigue vigente, fue contra la falta de vigilancia de las actividades ambientales sobre la mina Buenavista del Cobre entorno a la presentación de un “Plan de manejos residuos peligrosos”, que al momento del derrame no se tenía y que aún se desconoce.

Aclaró que este plan no es por el material que se derramó el seis de agosto, sino un programa para utilizar y deshacerse de manera ecológica de los aceites, solventes y otros productos que se utilizan para el uso de la maquinaria pesada y Buenavista no contaba con él y las autoridades ambientales fueron omisas en exigírselo.

Después, interpusieron un juicio de amparo sobre el monitoreo de los pozos de agua de la región del Río Sonora, que recordó es una de las principales afectaciones por el derrame y una de las promesas más importantes de las autoridades: el asegurar que estuvieran libres de contaminantes para que se puede utilizar para consumo personal, doméstico y para el ganado.

Sin embargo, dijo que encontraron que los estándares que utilizan las autoridades —directamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios—, son muy diferentes a los que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Por ejemplo, encontramos que según la Norma Oficial Mexicana los ciudadanos de este país somos nueve veces más resistentes al arsénico que en todo el mundo, porque esa es la diferencia de tolerancia entre la Norma Mexicana y la de la OMS”.

Además, aclaró que tuvieron que ampliar la demanda porque apenas unos meses después del derrame las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que ya habían realizaron un primer monitoreo y ahora ya no es su competencia seguir vigilando los niveles de metales pesados en los pozos, por eso se dejó de hacer.

Un tercer juicio fue ante la falta de una consulta de las personas afectadas por el derrame previo a la elaboración y ejecución del “programa de remediación ambiental”, el cual todavía en estos momentos se desconoce y tanto las autoridades de Grupo México y Semarnat se han negado a hacerlo público a pesar que el propio INAI ya emitió una resolución al respecto.

“Nos enteramos que las autoridades de Semarnat ya aprobaron un programa de remediación ambiental y nunca consultaron a las personas afectadas, como si ellos no tuvieran nada que decir al respecto y solo se les quiere imponer un programa de remediación… solicitamos ante el INAI que se haga una versión pública pero la empresa se amparó y no ha querido responder”, indicó.

También interpusieron un amparo por la falta de consulta ciudadana previo a las concesiones del manifiesto de impacto ambiental que tuvo que realizar Grupo México para la reactivación y trabajos de ampliación de la mina Buenavista del Cobre, que actualmente no se conocen bajo qué criterios se otorgaron.

Otro amparo fue por la falta de participación e información sobre la forma en que se está conduciendo el Fideicomiso de dos mil millones de pesos que Grupo México firmó con el Gobierno Federal para reparar el daño y que se ha estado gastando sin cuestionar a los afectados.

Explicó que las autoridades se pueden defender diciendo que la información está en la página web o incluso decir que se aplicaron ciertos criterios de participación en los pagos de resarcimiento, con comités ciudadanos y autoridades municipales, pero realmente dijo que nunca tuvieron decisión sobre el recursos porque al final fue Gobernación quien deicidio cómo y a quienes pagar.

“Nunca tomaron en cuenta que el impacto no fue en una sola ocasión, sino que todos, tanto agricultores, productores, ganaderos, comerciantes y ciudadanos en general, siguen viéndose afectados todos los días porque la marca Río Sonora está dañada y realmente se trastocó la vida de todos los habitantes de esta región”, expresó.

El licenciado Cano platicó que también promovieron diversas acciones legales contra las irregularidades detectadas en la Mina, por ejemplo, dijo que no tienen una regulación de emisiones al medio ambiente, hablando de contaminación a la atmosfera por la operación de la mina y por los camiones que transitan por su interior, de nuevo, dijo que las autoridades han sido permisivas.

Poder promovió otro amparo legal contra la última autorización que Semarnat le concedió a la mina Buenavista del Cobre para que construya una nueva presa de jales más cerca de la comunidad de Bacanuchi.

“Esta comunidad está a 50 kilómetros del lugar donde supuestamente se originó el derrame, pero ahora planean tener nuevas instalaciones similares mucho más cerca de la población, de nuevo se otorgó sin que se tomará en cuenta  a los ciudadanos y ahora viven en la incertidumbre de un nuevo derrame que sea peor”, indicó.

Además interpusieron una acción legal en el tema de la reactivación agropecuaria, que es la principal actividad económica de la región y que desde hace dos años está prácticamente detenida.

En este tema aclaró que al principio la Sagarpa presentó un plan al Fideicomiso, sin embargo, hace poco obtuvieron una respuesta oficial durante el juicio (del propio Fideicomiso que preside Rodolfo Lacy Tamayo) donde les aseguraron que la afectación a la ganadería no es directa al derrame de tóxicos del seis de agosto y por eso no van a asignar un peso para reactivarla.

Artilugios legales y desentendimiento oficial

Luis Miguel Cano indicó que estas acciones legales no han logrado tener una resolución final porque la empresa utiliza todos sus recursos legales para evitar responder ante un juez, por ejemplo, explicó que Grupo México ha exigido en cada juicio que se realicen peritajes de las firmas de las personas que los promueven para dilatar la llegada del resolutivo.

“En cada juicio donde la minera ha sido llamada como parte ha promovido una negativa de autenticidad de las firmas, y eso obliga a que se realicen peritajes para decir que quién demanda es auténticamente una persona afectada. Están en su derecho, sí, pero la gente se ofende porque asegura que es como si la minera asegurara que no existen y que las afectaciones no son reales”, resaltó.

Por otro lado, aclaró que las diferentes dependencias del Gobierno Federal lejos de velar por obligar a la reparación del daño se han mostrado permisivas a la empresa y esto queda evidenciado en su forma de actuar en los juicios que ha promovido Poder, pues siempre alegan que no es responsabilidad o su atribución y siempre buscan tirar la “bolita” hacia otro lado.

“No debemos que quedarnos callados”

Luis Miguel Cano, aclaró que ahora solo se puede exigir que se respeten los derechos de los afectados y se repare el daño, como lo está haciendo las organizaciones de Cuencas del Río (forma en que los habitantes de la región se organizaron), quienes piden que se garantice que llegaran a vivir con la misma calidad que tenían justo antes del derrame.

Invitó a la caravana que están organizado este sábado por todos los pueblos que resultaron afectados por el derrame del seis de agosto, la cual partirá de Hermosillo, cruzará los siete municipios afectados hasta llegar a Bacanuchi.

De ahí se avanzará hasta lo más cerca que se pueda de la empresa minera, y así se tomarán las determinaciones legales y sociales se realizarán en los próximos días.

“Todos los ciudadanos tienen que tomar cartas en el asunto, deben saber que lo que pasó en el Río lamentablemente no fue un hecho de la naturaleza, ni un castigo divino o un hecho aislado; corresponde a un patrón de falta de vigilancia de las autoridades, un comportamiento irresponsable de la empresa que sigue dos años después… si no hacemos nada estamos dando todos los incentivos necesarios para que una tragedia igual o peor ocurra en Sonora una y otra vez”, recalcó.