Habitantes del río Sonora presentaron 5 juicios de amparo

Ernesto Méndez/

A punto de cumplirse un año del derrame en la mina Buenavista del Cobre, no hay un programa completo de remediación del río Sonora, falta transparencia en la información sobre la calidad del agua, no se cuenta con una adecuada atención a la salud de la población y se carece de un plan de reactivación económica para la región.

Ante esta situación, habitantes de los siete municipios afectados por la fuga de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre agrupados en Comités de Cuenca y con la asesoría de la asociación civil PODER, presentaron cinco juicios de amparo colectivos contra Grupo Mexico y dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección Conta Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En sus demandas sustentadas en más de 100 solicitudes de información, los pobladores exigen la reparación del daño de forma integral y que se garantice su participación en la limpieza y saneamiento del río Sonora, donde a decir de la propia autoridad ocurrió la peor tragedia ambiental de la industria minera en México.

Julieta Lamberti, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) explicó que a la fecha, el programa de remediación ambiental dividido en cinco zonas no ha sido aprobado por la Semarnat, sólo la fase inicial que abarca los primeros 30 kilómetros de contaminación, en la zona aledaña a la minera y donde no hay población humana.

«A 12 meses de los hechos, tanto el gobierno federal como Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación del río Sonora provocada por el derrame. El gobierno ha sido omiso en la atención, y Grupo México ha estado mintiendo constantemente a la opinión pública acerca de que el problema ya está solucionado y el río esta limpio», denunció.

En conferencia de prensa, Luis Miguel Cano, abogado de la agrupación, que busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, detalló que los juicios de amparo presentados entre febrero y julio de 2015, se refieren a la falta de un proyecto de reactivación agropecuaria prometido por la Sagarpa como medida de compensación; ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos por parte de Grupo México; reapertura de pozos con estándares de medición «que no resultan los más favorables»; carencia de un Programa de Remediación Ambiental Integral e inexistencia de una consulta efectiva a las comunidades sobre los permisos ambientales otorgados a la mina de Cananea.

Adolfo López Peralta, productor agropecuario que resultó afectado por la contaminación en el río Sonora lamentó la falta de información sobre el agua que consumen las familias de los pozos y que se utiliza para regar los campos agrícolas, ya que no se abrieron las nuevas fuentes de abastecimiento, ni se colocaron las plantas purificadoras de osmosis inversa, que se prometieron para eliminar los metales pesados.

«No tienen ustedes idea el temor que se vive de ser padre de familia y saber que tu hijo es una criatura que no lo puedes estar vigilando a diario y que tome agua de la llave, sin saber que es lo que tiene», indicó.

Por su parte, Zoyla López Villa, habitante que resultó con daños en su salud señaló que hasta el mes de abril, ocho meses después de la tragedia ambiental, recibió atención médica, a pesar de presentar problemas en la piel y el sistema motriz.

«Ahorita yo estoy siendo atendida en la clínica de UVEA (Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental), que se puso en el municipio de Ures pero me dicen que ciertos estudios que yo ocupo y que mi familia ocupa, no me los pueden hacer porque no tienen los recursos», manifestó.

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