Informa titular de STPS a diputados acciones sobre ríos en Sonora

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, informó a diputados las acciones concretas en cuanto a reparación de daños tras el derrame de sustancias tóxicas en ríos de Sonora.

En su calidad de coordinador del grupo de trabajo del Ejecutivo federal para los ríos Sonora y Bacanuchi, dijo que se ejercen recursos para compensar afectaciones a la salud, a productores agrícolas, a comercios y operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Al comparecer ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a esa problemática, expuso que al atender las necesidades planteadas por las comunidades, las autoridades locales y municipales, también se adquirieron e instalaron tinacos.

Acompañado por los integrantes de la Comisión Intersecretarial Río Sonora, explicó que se supervisan y vigilan los sistemas de abasto y distribución de agua potable domiciliaria.

En ese sentido, enfatizó que para garantizar el suministro de agua potable en la región afectada operan 60 pipas y para prevenir riesgos sanitarios para la población al líquido se le realiza un monitoreo de cloro residual.

Además, abundó de acuerdo a un comunicado, se pusieron en operación 20 plantas potabilizadoras portátiles con una capacidad de tratamiento de 90 mil litros diarios.

Mencionó que el suministro y calidad del agua tanto para consumo humano como para uso agrícola, pecuario y doméstico es una de las problemáticas prioritarias por representar mínimas condiciones de bienestar para las familias.

Al momento, aseguró, se adquirieron 901 tinacos de agua para clínicas de salud, escuelas y viviendas que continuarán instalándose a través de proveedores locales.

Indicó que las 24 personas detectadas hasta ahora con afectaciones a su salud (dermatitis por contacto o gastritis por ingesta) recibieron atención médica, de las cuales 19 ya recibieron pagos por concepto de compensación por daños.

Asimismo, comentó, se establecerá, de común acuerdo, una comisión que dé seguimiento epidemiológico durante cinco o 10 años para poder saber y evaluar las consecuencias de mediano y largo plazo a la salud, si es que las hubiere, con motivo de este incidente.

También a un total de dos mil 404 productores agrícolas y pecuarios afectados en sus cultivos y producción se les dieron apoyos económicos, mientras otras mil 500 personas son validadas por los presidentes municipales.

A los productores agrícolas se les entregarán montos máximos de 100 mil pesos (10 hectáreas por productor) y a los ganaderos 105 mil pesos (300 cabezas de ganado). Ningún productor recibirá menos de 14 mil 583 pesos.

Adicionalmente se evalúa la calidad del suelo y la sanidad animal, por lo que el Colegio de Postgraduados de Chapingo y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) han realizado muestreos en suelo, plantas y animales.

En proceso de validación se encuentra también el censo de comercios, empresas y prestadores de servicios que deben recibir compensaciones como consecuencia de la caída de sus ventas.

El monto estimado preliminar de las afectaciones ascienden a 72 millones 84 mil 403 pesos. Se parte de una compensación mínima de 14 mil 583 pesos que representa el Producto Interno Bruto (PIB) mensual per cápita estatal.

Subrayó que con la finalidad de brindar una atención más amplia a las familias de la zona afectada se llevarán a cabo programas federales que mejoren sus condiciones de vida, que no tienen que ver con el Fideicomiso Río Sonora.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ofrecerá empleo temporal a dos mil 401 personas, con lo cual se beneficiará a mil 199 que se encarguen de la limpieza y el desazolve de canales de riego, y a mil 202 jefas de familias que realicen labores de limpieza de áreas públicas.

Se apoyará a cuando menos tres mil 110 personas que serán incorporadas al Programa de Pensión para Adultos Mayores al llevar el Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia a quienes lo requieran.

Anunció que el Comité Técnico analiza la capacidad de cada familia afectada para pagar el consumo de energía eléctrica, mientras la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a no realizar corte alguno de energía eléctrica en ninguna casa o institución o estancia pública de los municipios.

Finalmente, añadió que “el objetivo final, sin embargo, es lograr el saneamiento, remediación y restablecimiento de las condiciones ambientales, ecológicas, sociales y económicas de la región”.

A la comparecencia asistieron Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador general de Minería de la Secretaría de Economía; Mikel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; y Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, entre otros.

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