La batalla contra la corrupción será a mordidas y patadas

El Sistema Nacional Anticorrupción nació de la peor manera posible, en medio de los reclamos de una población que ya llegó al hartazgo por la incapacidad del Estado para garantizarle seguridad y de una clase política cada vez más rapaz y cínica

Por Feliciano J. Espriella

El pasado miércoles entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual como muchos otros proyectos fallidos del pasado, apunta a que será un nuevo fiasco diseñado para engatusar a la población.

No nos “hagamos tarugos”, la triste y pelada realidad es que todo seguirá igual y que después de tres años de desgarre de vestiduras por la élite política en medio de escándalos de corrupción protagonizados por multitud de gobernadores y algunos secretarios de estado, lo único que queda claro es que “nadie” quiere que se ponga coto al cáncer que lacera y denigra a todo el país, la corrupción.

A los legisladores simplemente les valió

Los legisladores, encargados de poner los clavos que sostendrían el andamiaje para construir el edificio que garantice la seguridad de los mexicanos e iniciar un verdadero ataque a la corrupción ni sudaron ni se acongojaron. Más bien parece que les valió.

Los senadores dejaron “pendientes” los nombramientos del fiscal anticorrupción y los magistrados especializados en el tema que según el mandato de ley deberían haber empezado a operar desde el 19 de julio.

Además, durmiendo el sueño de los justos se encuentra la iniciativa del mando único policial, herramienta clave para coordinar esfuerzos en la guerra contra el narcotráfico y crimen organizado. En la misma situación se encuentra el proyecto de ley de seguridad interior que regiría las acciones del ejército en este tema y le daría legalidad.

Evidentemente los legisladores no tuvieron la voluntad ni la intención de crear las condiciones para que todo el andamiaje que le daría vida a un auténtico “sistema anticorrupción” fuera eficiente y funcional.

En este contexto, el sistema nació de la peor manera posible, en medio de los reclamos de una población que ya llegó al hartazgo por la incapacidad del Estado para garantizarle seguridad y de una clase política cada vez más rapaz y cínica.

Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana —uno de los siete organismos integrantes del sistema anticorrupción— declaró que no se necesita sólo una sociedad civil fuerte y exigente, sino que las instituciones se robustezcan para cumplir con los compromisos para los que fueron creados.

Propuesta muy diferente a la caricatura con la que la clase política en su totalidad creó para taparle el ojo al macho y poder seguirse sirviendo con la cuchara más grande que puedan encontrar.

Sólo Sonora y otros cuatro estados

Únicamente cinco entidades entre las que se incluye Sonora hicieron la tarea y establecieron en tiempo y forma el Sistema Estatal Anticorrupción. Los otros 27 estados y la federación, a pesar de que contaron con poco más de un año para ello, no cumplieron. En muchas de las entidades inclusive no se ha hecho absolutamente nada.

En Sonora, el Congreso local cumplió en tiempo y forma el compromiso, tras promulgarse las iniciativas aprobadas el pasado período de sesiones ordinarias.

De igual forma, aprobaron la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, donde se ampliaron los supuestos en donde los servidores públicos y particulares pueden ser sancionados al cometer faltas administrativas graves.

También aprobaron la reforma a la Ley de Justicia Administrativa, para otorgar las facultades necesarias al Tribunal de Justicia Administrativa en la resolución de dichas faltas consideradas graves.

De igual forma, nombraron en tiempo y forma a los fiscales especializados en materia anticorrupción y de delitos electorales, a los magistrados de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, al auditor mayor del ISAF y a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana que encabezará el Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, y aunque en la selección de los titulares de las áreas se aprobaron los perfiles por mayoría, la Legislatura cumplió con la responsabilidad de  construir un marco legal que garantice en Sonora gobiernos transparentes y eficientes.

Un fiscal a modo

El nombramiento del fiscal se empantanó simple y sencillamente por la pretensión de todos los partidos políticos de contar un fiscal a modo y la del gobierno de someter su actuación a la de un fiscal general al que estaría subordinado nueve años cuando se produzca la transformación de la PGR en Fiscalía General. De esta manera las leyes anticorrupción se quedaron sin contar con un brazo ejecutor que las aplique.

Sin fiscal especial, sin magistrados especializados; con muchas entidades en las que ni siquiera se han aprobado las reformas legales para su operación, esta semana entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Nació cojo, tuerto y sin dientes ¿Así cómo?

Los políticos seguirán gozando de impunidad y el pueblo su deporte ancestral: el aguante.

Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.