La Corte de la 4T y el Derecho a la Consulta: De la protección a la violación

El reto para la nueva Corte no solo es preservar los derechos humanos conquistados en la última década, sino también garantizar que nunca más se utilicen como herramienta política.

Por Mónica Calles Miramontes

En 2023, Arturo Zaldívar destapó sin pudor el servilismo que siempre había profesado hacia la 4T, mientras era ministro de la Suprema Corte. Renunció a su cargo un año antes de finalizar su nombramiento para entregar al sexenio de López Obrador la renovación de un espacio que no le correspondía.

Ese lugar era una jugada clave para el capricho autoritario de Obrador, quien se lamentaba de haber nombrado a dos ministros, que prefirieron defender la Constitución en lugar de arrodillarse ante él: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara.

Esta vez no podía fallar: los juristas virtuosos e ilustrados, para él, fueron una equivocación; necesitaba un perfil poco preparado, alguien que no entendiera del Derecho, pero capaz de movilizar la rabia y el resentimiento social —alimento de MORENA—, un perfil ciegamente servil. La seleccionada fue Lenia Batres.

Su plan no falló. La ministra Lenia Batres fue una pieza clave en la desinformación y manipulación con la que se ha atacado al Poder Judicial.

El discurso de polarización y erosión surgió de mentiras, por lo que nació con fecha de caducidad.

Aún así, fue una sorpresa la rapidez con la que cayó una de sus más grandes mentiras.

Hace más de un año, en cada foro, entrevista y mitin, acusaba a la Suprema Corte de jugar un papel opositor para dañar a la 4T, sustentando esto en una supuesta estadística que indicaba que, entre 2019 y 2023, se había declarado la invalidez de 50 decretos legislativos por falta de consulta previa de personas con discapacidad. Esto lo comparaba con sexenios anteriores.

En dicha comparativa se mostraba que, entre 2019 y 2023, la Corte había declarado la invalidez de 50 leyes por falta de consulta previa.

En cambio, entre 1995 y 2023 apenas llegaban a 14 las leyes declaradas inválidas por la misma causa. Para ella, se trataba de un asunto de política sexenal.

La primera razón que desmiente todo esto es algo muy básico: el derecho a la consulta previa, su reconocimiento como causa invalidante de leyes y su estudio oficioso por la Corte, son conquistas logradas en la última década; por tanto, los casos surgieron en este periodo, no antes. Lenia debería saberlo.

La progresividad de los derechos humanos no surgió como arma para “dañar” a MORENA; pero la ministra Lenia llevó esto al terreno político.

No lo hizo sola, fue acompañada por sus compañeros ministros —recién impuestos por MORENA−.

Lo primero que hizo al llegar la “Corte del Pueblo” fue derribar criterios de protección a personas con discapacidad.

Acusaron a los anteriores ministros de politizar, excederse y se autoproclamaron los autorizados para decidir qué es bueno o malo para las personas con discapacidad. Perfilaron la regresividad en la protección de sus derechos humanos.

El 22 de septiembre, la Suprema Corte aprobó un primer criterio regresivo; semanas después, Lenia propuso un proyecto que implicaría mayores barreras para las personas con discapacidad y una mayor protección a las leyes morenistas.

El día en que se tenía programado votar en definitiva la propuesta de Lenia, sobre la cual ya se había expresado una mayoría de ministros, las puertas de la Corte amanecieron con una manifestación.

Las personas con discapacidad decidieron alzar la voz y exigieron a la Corte ser escuchados. Esto llevó a que los ministros programaran una audiencia y a poner en pausa la aprobación del criterio regresivo.

La audiencia se desarrolló durante tres días. Sin duda, fue un ejercicio sumamente

enriquecedor. Escuchamos sus denuncias, sus necesidades, las barreras que imponemos como sociedad y su visión sobre el derecho a la consulta previa.

¡Han sido contundentes! Exigen respeto a sus derechos. Ofrecieron explicaciones magistrales sobre la necesidad de que la Corte no retroceda y de que no abandone el criterio de estudiar oficiosamente la falta de consulta.

No quieren paternalismo ni que alguien se asuma como su portavoz. Necesitan que los congresos respeten su derecho y que la Corte avance en los mecanismos para garantizarlo.

Dejaron claro que la invalidez de las leyes por falta de consulta no puede verse como un formalismo, sino como un espacio que les pertenece y que nadie debe pisotear.

Después de todo, quedó claro que la invalidez de las leyes por falta de consulta nunca se trató de un asunto político ni de sexenios. ¡Es su derecho! ¡Es un asunto de justicia!

No es la primera vez que la Corte realiza una audiencia, pero debemos reconocer que pasaron muchísimos años para que se volviera a dar un ejercicio así.

Sin embargo, la narrativa que pretende imponer la “Nueva Corte”, al hacer pasar esto como su logro, es totalmente falsa y una falta de respeto.

No surgió como un acto de sensibilidad y empatía, sino todo lo contrario. Surgió del atentado que realizó la Corte contra los derechos humanos de las personas más vulnerables.

Es una conquista de ellos, es una muestra de su valentía para alzar la voz. Nadie debe atribuirse este logro, les pertenece.

Tras las audiencias, quedó claro algo, el criterio de la “anterior Corte” apenas fue un primer paso y no hay espacio para la regresión.

El reto para la nueva Corte no solo es preservar los derechos humanos conquistados en la última década, sino también garantizar que nunca más se utilicen como herramienta política.

La invalidez de las leyes por falta de consulta previa no es un tema que deba ser politizado ni manipulado para justificar regresiones. Es una herramienta de justicia, una victoria de las personas con discapacidad, que no deben ser reducidas a meros instrumentos de discurso.

Ellas y ellos han dado una gran lección a los ministros del acordeón. Lo menos que pueden hacer es asumir la responsabilidad. “Nada de ellos, sin ellos.”

*Abogada y consultora en materia electoral y constitucional.