La discapacidad rebasó a la sociedad y autoridades

Por Gerardo Moreno/

Mientras el problema y la exclusión crecen cada día, las estrategias para atender la discapacidad realmente no logran ser ni un pequeño porcentaje, comparado con las grandes necesidades que este grupo vulnerable requiere. Y es más urgente pues la discapacidad se presenta mayormente en quienes viven en pobreza.

Según datos del INEGI en 2012 el 6.6% de la población del país sufría una discapacidad, más de la mitad son adultos mayores y la principal es la imposibilidad de caminar con el 57.5%. Además en 19 de cada 100 hogares vive alguien con discapacidad, la mayoría de estos son familias que sobreviven con el menor ingreso.

Manuel Seres, presidente del Consejo Estatal Permanente para la Discapacidad y representante del Grupo Integra ―agrupa a 22 organizaciones civiles que luchan por los derechos e integración de discapacitados―, explicó que en el país existen alrededor de 10 millones de mexicanos con alguna imposibilidad y cada año se suman 267 mil personas.

Agregó que según datos de la Secretaría de Desarrollo Social más del 50% de la población en México vive en la pobreza extrema y de estos el 67% tienen una discapacidad, algo verdaderamente alarmante. En Sonora hay alrededor de 200 mil discapacitados.

“Entonces pobreza extrema, más discapacidad, es una ofensa para la sociedad mexicana y la sociedad sonorense, porque no han tenido la capacidad de respuesta los gobiernos, ni los legisladores”.

Agregó que en muchas áreas, se les van cerrando las puertas y las opciones a los discapacitados tanto en educación como en la posibilidad de tener un empleo y ser autosuficiente, lo que convierte la situación en un problema social, no en un problema de salud, porque no son enfermos, son personas que requieren políticas públicas y programas reales de inclusión.

Segregación y rezago

Manuel Seres explicó que en Sonora existe la Ley 186, que trata sobre la integración social de las personas con discapacidad, en ella marca que los sectores productivos deben generar y procurar contratar personas con discapacidad. Sin embargo, dijo, el mismo Gobierno no la cumple, pues debería destinar el 5% de los empleos del Estado y de los municipios a personas discapacitadas, algo que no pasa.

El señor Seres expresó que con “la voluntad del gobernador” firmaron un convenio hace dos años para que plaza que se desocupara, la prioridad la tuviera una persona con discapacidad, para esto presentaron una lista de personas que podrían trabajar, sin embargo, dijo, a dos años ninguna persona propuesta es empleado del Gobierno.

También, salvo pocas excepciones, no existen empresas sociablemente incluyentes que contraten personas con discapacidad. Al contrario se cierran las puertas. Y no saben que al emplear a un discapacitado tienen apoyos y descuentos fiscales, por lo cual a ellos no les cuesta y al contrario ganan al tener empleados con alto sentido de responsabilidad y compromiso que saben la batalla para encontrar una oportunidad.

Manuel Seres detalló que en el tema educativo, de plano no se ha avanzado nada. Aún hacen falta maestros capacitados y especializados para personas que son débiles visuales, ciegos, sordos o síndrome de Down. Pues para ellos las “clases normales” y los “materiales normales” no le sirven.

Así ilustra el problema: el 85% de los niños con discapacidad logran entrar a primaria; en secundaria solo entra el 50%; a preparatoria llega el 25%; y solo del 7 al 12% entra a la universidad; pero además el 1% de los jóvenes discapacitados la termina. “Si vas a la universidad de 100 vas a encontrar a un joven en silla de ruedas o a un ciego con su bastón y que quiere decir que hay un grave problema en la educación”.

En el tema legislativo dijo, existe una Ley Nacional de Inclusión que es mejor que la legislatura estatal y esta última se debe reformar para homologarse con la primera, pero explicó que han acudido con el presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso local, el diputado Luis Alejandro García Rosas, quien ni siquiera los ha atendido para hablar del tema e incluso los ha dejado plantados en varias ocasiones sin importar que vinieran de otros municipios.

También se han reunido con el diputado Samuel Moreno y su grupo de trabajo, le presentaron la propuesta, pero no ha pasado nada. Platicaron con la diputada federal Paloma Villaseñor, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerable del Congreso para trabajar en conjunto en el tema.

Viendo todos los elementos anteriores, sostuvo que urge políticas públicas que apliquen a nivel federal, el gobierno del estado, las secretarias, los consejos de inclusión para personas con discapacidad (nacional y estatal) sean eficientes y den los resultados esperados, que las personas que manejan los recursos de los impuestos los apliquen en programas reales, no asistenciales que nada resuelven, para lograr avanzar en este tema y se cambie la exclusión por verdadera inclusión porque añadió, ya es algo desesperante para las personas con discapacidad la situación actual.