La escuela es nuestra, pero la seguridad es de todos

Si queremos evitar una tragedia, como la ocurrida en Coahuila, donde murió un niño de seis años porque le cayó una estructura metálica en un aula, debemos entender que la participación social no sustituye la responsabilidad técnica

Por Guillermo Moreno Ríos

Hay decisiones que parecen nobles cuando se anuncian y fatales cuando se viven.
En 2019, el Gobierno Federal lanzó el programa La Escuela es Nuestra, con la intención —en apariencia loable— de “acercar los recursos al pueblo” y “empoderar a las comunidades escolares”.

La idea sonaba bien: menos burocracia, más participación, mayor sentido de pertenencia. Pero el papel aguanta todo. Lo que no aguantó fue una techumbre, y debajo de ella, un niño de seis años.

Lo que ocurrió en Coahuila no fue un accidente; fue la consecuencia de una cadena de buenas intenciones mal estructuradas.

Porque si algo nos enseña la ingeniería es que toda estructura sin cálculo, termina colapsando.

Y lo mismo aplica para las políticas públicas.

Durante años, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) fue el responsable de garantizar que cada escuela tuviera cimientos seguros y techos estables.
El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) cambió eso: decidió entregar directamente a comités de padres los recursos para construir o reparar planteles.

En el discurso, la comunidad ganó poder. En la práctica, perdió respaldo técnico. Los padres no son ingenieros, ni directores de obra, ni peritos estructurales. Recibieron dinero, pero no capacitación; recibieron responsabilidad, pero no herramientas.

Nadie puede exigirle a una madre o a un padre de familia que domine normas de construcción, resistencia de materiales o cálculo estructural. Eso le corresponde a los profesionstas.
Si queremos evitar que algo así vuelva a suceder, debemos entender que la participación social no sustituye la responsabilidad técnica, sino que la complementa.

La gente puede decidir prioridades, vigilar recursos y elegir qué se repara primero.

Pero la parte técnica —el diseño, la supervisión o la seguridad— debe seguir en manos de profesionistas calificados y supervisados por la autoridad competente.

Eso no contradice el espíritu del programa. Lo fortalece.

Las áreas que deben repensarse de acuerdo a lo sucedido:

 Acompañamiento técnico

Ninguna obra escolar debería ejecutarse sin el acompañamiento de un ingeniero civil o arquitecto con registro ante el municipio o el estado. No se trata de volver por volver al viejo esquema, sino de combinarlo con la participación comunitaria.

Supervisión preventiva

La autoridad municipal o estatal en la materia de obras y seguridad, debe ser notificada e involucrada desde el inicio de toda intervención en un plantel. No como “verificador de tragedias”, sino como garante de prevención.

Zonas seguras y control de acceso

Mientras haya obra, debe haber aislamiento físico, señalización y suspensión de actividades cercanas. Ningún infante o persona ajena debería estar jamás en el radio de riesgo de una construcción.

Formación comunitaria

Si se quiere fortalecer el modelo participativo, hay que invertir en formación. Las comunidades deben recibir cursos básicos en gestión de obras, transparencia y seguridad. No en cálculo estructural o dosificación de concreto. Eso es empoderar de verdad.

Restitución de la cadena de responsabilidad

La firma técnica, los dictámenes y la bitácora de obra deben volver a ser requisito obligatorio. Lo que se descentraliza debe de ser el dinero, no la responsabilidad de la vida.

México no necesita más culpables, necesita más conciencia, más prevención y la humildad de reconocer que algo se hizo mal.

Lo ocurrido en Coahuila debe marcar un antes y un después: ninguna política vale una vida, y ningún niño debería morir por la improvisación disfrazada de participación, ni por la técnica sin alma.

Porque de nada servirá encontrar culpables, rompiendo el hilo por lo más delgado, si no aprendemos la lección. La verdadera justicia no está en el castigo, sino en la garantía de que jamás vuelva a suceder.

Hoy más que nunca, México debe elegir entre justificar el error… o construir con conciencia y nosotros como organismos profesionales y gremiales, debemos ser aliados, promotores y garantes de que eso suceda.

Lo aquí planteado no busca confrontar políticas, sino complementarlas. Si algo distingue a Sonora es su capacidad de mejorar sin destruir, de aprender de los errores, sobre todo ajenos y transformar la experiencia en mejora continua.

Replantear un programa no es debilitarlo, es hacerlo más fuerte, más humano y más seguro y estamos puestos para ayudar a que así sea.