La nefasta Reforma Judicial de AMLO

Cambiar la manera cómo se eligen los jueces y cómo se vigila su trabajo, forma una pinza demoledora de cualquier mecanismo de autonomía, de cualquier mecanismo que aliente una carrera profesional

Por Dr. Jorge Ballesteros

La reforma judicial se aprobará en septiembre, y no importa cuánto teatro se haga de consultas populares, foros, cuántos parlamentos se abran, cuántas encuestas se realicen, el resultado será el mismo: la elección de mil seiscientos ochenta seis ministros, magistrados y jueces a través del supuesto voto popular.

López Obrador desde el inicio de su sexenio, siguiendo las directivas del Foro de Sao Paulo, quiso demoler todos los pesos y contrapesos que le impidieran instaurar un autoritarismo político y por lo que se dio a la tarea de destruir organismos constitucionales autónomos y de tratar controlar los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial.

No pudiendo desmantelar ni controlar al poder judicial, el cual se le resistió y le tumbó muchas de sus iniciativas, lo que, en una personas tan resentida y enferma, le generó un gran odio al poder judicial y actualmente lo mueve el afán de venganza, para controlar totalmente este poder.

Con la ignorancia que los caracteriza y falta de oficio jurídico, hablan de querer reformar a la justicia, pero esta no se reforma, la justicia se aplica, se reforman las leyes. En nuestro país desde la constitución de 1857 y 1917, se determinó claramente la división de poderes que debe de regir a México y que en un estado libre y democrático es el que rige, no así en una dictadura en la que todo el poder se concentra en la persona del dictador.

Esta división es uno de los elementos más importantes dentro de la constitución de un estado y su espíritu es el de la democracia y esto es así ya que se prevé la necesidad de que haya un sistema de pesos y contrapesos que permitan impedir un autoritarismo político en donde solo unos cuantos tengan el control absoluto de una nación.

Por lo tanto, la división de poderes puede definirse como aquel principio fundamental dentro de la organización política y jurídica de un estado, cuyo objeto es lograr la separación de las funciones y competencias del gobierno en los tres poderes fundamentales, es decir el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

Por esa razón el poder judicial revista una especial importancia, toda vez que este poder tiene la consigna de interpretar y aplicar las leyes, resolviendo disputas y garantizando el respeto y las libertades de los gobernados.

Es necesario aclarar que en México se prevé otra figura que guarda especial relevancia por contar con independencia jurídica y gubernamental, es decir los organismos constitucionales autónomos previstos por nuestra constitución como son entre otros el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Todos estos organismos autónomos comprenden y configuran “el espíritu de nuestra constitución” pues se busca evitar y soslayar en todos los sentidos la concentración de poder en una sola entidad o persona, por lo anterior es posible advertir que esta separación de poderes, consagrada en nuestra constitución desde hace más de 150 años, tiene por objeto entre otras cosas: Prevención del abuso de poder, garantía de la independencia judicial, equilibrio y control mutuo, protección de los derechos y libertades, trasparencia y responsabilidad.

En caso de que logren llevar a cabo esta Reforma al sistema judicial, cambiará de raíz al estado mexicano, es una reforma que tendrá consecuencias devastadoras en la vida política, legal, en la vida económica de México; provocaría esta reforma una hiperpolitización del poder judicial, sometería a los jueces al patrocinio de los partidos políticos, y al imperio de la mayoría, generaría enorme incertidumbre y sobre todo nos alejaría más de la aspiración de vivir en un país de leyes.

La reforma a la manera cómo se eligen los jueces y a la manera cómo se vigila su trabajo y esto forma una pinza desastrosa, demoledora de cualquier mecanismo de autonomía, de cualquier mecanismo que aliente una carrera profesional. Al llegar a un tribunal lo que se necesitaría es cercanía a la bancada y cercanía a la presidencia de la república, porque el sistema judicial estaría totalmente politizado y al servicio del tirano de turno.

López Obrador pretende que la próxima titular del Poder Ejecutivo a nivel nacional, dé continuidad al llamado Plan C, el cual consiste en la propuesta de veinte reformas constitucionales, entre las que se encuentran cambios al sistema político electoral, órganos autónomos y una más, la desastrosa reforma al Poder Judicial.

En primer término, el Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver los conflictos legales que surgen entre las personas y entre los órganos del poder público, tutelando siempre los Derechos político-electorales y Humanos reconocidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, proporcionando con sus resoluciones la Paz Social.

Este poder se conforma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral de la Federación, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La iniciativa en referencia propone reducir el número de integrantes de la Corte, así como el periodo de su encargo.

Siendo importante destacar que el citado Plan C pretende elegir en una urna electoral a Jueces, Magistrados y Ministros, cesando a los que están en funciones; sin importar que los actuales tienen una designación legal y un periodo especifico, extendiendo este plan a los poderes judiciales locales de las entidades federativas, lo que viola flagrantemente sus derechos laborales y que análogamente se podría decir también que, más adelante podrían ser los maestros, médicos, entre otros profesionistas, sustituidos de sus titularidades de manera fácil, con la creación de otro Plan que se les ocurra.

Lo anterior ha causado un debate entre las personas que conocen sus catastróficos efectos, el resto de la sociedad lo desconoce por completo. Pero bien, la intención de esta propuesta es que los titulares del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular directo. Además, plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, integrados respectivamente, por representantes de los tres poderes.

Lo que antecede, viola gravemente la independencia y autonomía del Poder Judicial y, sin duda, representa una amenaza a la impartición de justicia en todo el país, pues se corre el riesgo de que los perfiles que pretendan ocupar estos cargos no cuenten con conocimientos especializados en la materia, además que basen su campaña en una popularidad ajena al sistema judicial o por cercanía a los grupos políticos o de otra índole.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal declaró su oposición a la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado emitido por el Colegio, esta reforma representa un serio retroceso para las instituciones del país, en particular la propuesta de elección de los juzgadores mediante voto popular.

Este cambio, argumentan, pondría en peligro la independencia y la autonomía judicial, pilares fundamentales de un Estado Democrático de Derecho.

Los integrantes del Poder Judicial, incluyendo jueces, personal de carrera judicial y empleados de servicios, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que estas reformas debiliten la herramienta legal indispensable que permite a los ciudadanos enfrentar las arbitrariedades del poder.

Según el Colegio, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal implicaría un riesgo significativo para las prestaciones laborales actualmente garantizadas a más de cincuenta mil trabajadores del Poder Judicial.

La UNAM determinó que los cambios a la Constitución que propone AMLO “terminarían por favorecer al partido que gobierna o iniciativas que inciden en la división de poderes y concentrarían poder en la Presidencia de la República”.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM concluye que la reforma al poder judicial de AMLO creará un daño vital no solo al sistema de justicia sino a la estabilidad democrática del país. Es el paso definitivo a la politización de la justicia y fin de su independencia.

La hija de Olga Sánchez Cordero no está de acuerdo con la Reforma al Poder Judicial. Dijo que sería técnicamente un «golpe de estado» con su desaparición. Hizo un video, pero después lo borró. Por desgracia, la venganza de López Obrador se llevará a cabo.

La polémica Reforma al Poder Judicial, impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador  y respaldada por la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha alertado a múltiples mercados y hasta organizaciones. Un ejemplo de las posibles consecuencias fue la depreciación que vivió el peso mexicano ante el precio del dólar durante la semana pasada, situación que recién se está calmando.

En medio de esto, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) emitió una opinión sobre esta propuesta para modificar la Carta Magna mexicana; señaló que, con la Reforma al Poder Judicial impulsada por el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), el crimen organizado podría postular a sus jueces y ministros.