La urgencia de corregir el delito de Enriquecimiento Ilícito: Segunda llamada al Congreso

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Con anterioridad alertamos desde esta columna al Congreso del Estado de Sonora sobre un serio problema normativo: el delito de enriquecimiento ilícito, tal como está redactado en nuestro Código Penal, remite a una ley abrogada desde 2017. Esta situación significa que, mientras no se corrija, es prácticamente inaplicable y no cumple con el principio de exacta aplicación de la ley penal exigido por el artículo 14 constitucional.

Ahora, la reciente detención de Andrea “N” y la orden de aprehensión contra Juan “N” —ambos vinculados al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) a quienes se les imputa un desfalco por decenas de millones de pesos— podría poner en evidencia que este vacío legal no es un mero tecnicismo, sino un riesgo real para la impartición de justicia. Mientras el delito de enriquecimiento ilícito siga dependiendo de una norma inexistente, cualquier intento de sancionar a funcionarios corruptos se verá debilitado. Esta es, pues, una segunda llamada al Congreso del Estado: o reforman el Código Penal para describir con claridad el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito sin remisiones a leyes abrogadas, o seguirán dejando huecos por donde la impunidad se cuele, dejando en el ambiente la sospecha de que esa pudiera ser su verdadera intención.

Además, resulta ofensivo para la ciudadanía comprobar que los recursos que se nos obliga a cubrir como contribuyentes —ya sea por concepto de tenencia vehicular, licencias de automovilista, derechos por servicios del registro público u otros trámites— incluyen cobros accesorios de carácter obligatorio destinados al CECOP, mismos que pueden terminar en manos de funcionarios que los utilizan de manera indebida. Y el problema no se limita a este organismo: en los recibos de Agua de Hermosillo también aparecen cargos como la “aportación al Patronato de Seguridad Pública de Hermosillo (SPH)” y la “aportación para protección y bienestar animal”, sin que exista transparencia alguna sobre su destino ni rendición de cuentas respecto al uso de esos fondos que, mes tras mes, se recaudan a través de un organismo paramunicipal. La opacidad es tal, que uno no puede evitar preguntarse si no se estará repitiendo la misma historia que en el CECOP.

En este sentido, es indispensable reflexionar sobre la existencia de estos organismos que no forman parte de la administración pública centralizada, como el CECOP y Agua de Hermosillo, y que manejan recursos de manera poco transparente. Urge que estas funciones sean ejercidas directamente por las dependencias estatales, con plena rendición de cuentas, para evitar que el dinero de los ciudadanos se pierda en la opacidad.

Más allá de la indignación ciudadana, lo que está en juego es la confianza en el sistema de justicia. Cuando se habla de corrupción, la gente suele pensar que “todos los políticos son iguales” porque no hay consecuencias reales para quienes cometen abusos. Y no se trata de falta de denuncias o de investigaciones, sino de que los huecos en la ley y la falta de reformas oportunas se convierten en escudos de impunidad. Un Código Penal con tipos penales mal construidos es, en los hechos, una invitación a delinquir para quienes saben que difícilmente podrán ser castigados.

La omisión del Congreso resulta aún más grave porque ya ha sido advertida. No estamos hablando de un error escondido en la letra pequeña de la ley, sino de una deficiencia pública, conocida y reiterada, que los legisladores han preferido ignorar. Y cada día que pasa sin corregirse, la puerta de la impunidad se abre un poco más, mientras la ciudadanía sigue pagando las consecuencias.

En conclusión, urge una reforma para que el delito de enriquecimiento ilícito sea claro y aplicable, y una revisión de cómo se manejan estas contribuciones ciudadanas para que no se repitan estos abusos. La ciudadanía merece transparencia y justicia.

Y así, mientras los servidores públicos sepan que no podrán ser penalizados aunque manejen los recursos con total impunidad, esos comportamientos continuarán. Al final, los ciudadanos solo podremos contemplar con una mezcla de asombro y resignación cómo nuestros recursos se convierten en bodas de ensueño, relojes y joyería millonarios, ajuares al estilo de la nobleza, mansiones en zonas exclusivas, autos de lujo y viajes familiares de postal. Porque, al parecer, mientras la ley tenga estas deficiencias, los servidores públicos tendrán su propio catálogo de “lujos oficiales” y nosotros el papel de espectadores indignados, pero hasta ahí.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

Correo: mdeocasc@hotmail.com