Ley de Seguridad Interior y elecciones 2018, una peligrosa conexión

La cámara de diputados aprobó la conflictiva Ley de Seguridad Interior, pero la aprobación definitiva está ahora en manos del Senado; muchas voces opositoras ven una relación directa entre la aprobación de la ley y las próximas elecciones

Por Imanol Caneyada

En el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón se enfundó el uniforme militar (con el que se veía algo ridículo a tenor de su hechura física), se puso simbólicamente al frente del Ejército mexicano y le declaró la guerra al crimen organizado.

Un acto más político que militar —detrás del gesto había una necesidad de legitimar una investidura que no obtuvo en las urnas—, el cual desembocó en un decenio de brutal violencia que ha convertido al país en un cementerio.

Antes, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, con el mismo argumento de combatir al crimen organizado, fueron instalados los primeros retenes militares, principalmente en el norte del país.

En su momento el Gobierno federal aseguró que eran provisionales, una medida extrema para una situación extrema.

Durante veinte años ha estado a debate su constitucionalidad, ya que violaban y siguen violando los artículos 16 y 129 de la Carta Magna mexicana, entre otros.

El primero establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente…

El segundo ordena que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

En 2007 la Suprema Corte de Justicia estableció la constitucionalidad de dichos retenes.

En 2013 la ratificó.

Ya para ese año, estos retenes que en su origen iban a ser temporales para combatir un problema que se consideró “temporal”, se habían instalado definitivamente en diferentes puntos del país con tecnología de punta gracias al dinero procedente del Plan Mérida.

Ya para ese año, las tareas del Ejército mexicano y la Marina en seguridad pública se habían normalizado, aceptado, a pesar, de nuevo, de que violan varios artículos de la Constitución.

En este contexto, la cámara de diputados aprobó la conflictiva Ley de Seguridad Interior el pasado jueves 30 de noviembre con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.

Votaron a favor las bancadas del PRI (183) y el Partido Verde Ecologista de México (35 diputados). También 14 panistas, dos perredistas, nueve legisladores de Nueva Alianza, y nueve del PES.

La aprobación definitiva está ahora en manos del Senado; los pesimistas creen que el PRI, con el apoyo de los panistas rebeldes, la aprobarán este jueves 7 de diciembre, a más tardar el martes doce, sin atender las protestas de un amplio sector de la población.

Los optimistas han iniciado una serie de movilizaciones sociales para detener su instrumentación, bajo el argumento de que es inconstitucional, supone la militarización del país y un cheque en blanco para las Fuerzas Armadas, las cuales, desde que asumieron tareas de seguridad pública, acumulan miles de denuncias por violación a los derechos humanos y se han visto envueltas en escabrosas acciones en las que se las ha acusado de ejecutar sumariamente a los presuntos delincuentes.

Es muy probable, conocida la sordera de nuestros legisladores, que aprueben la controvertida ley antes de irse a disfrutar de sus jugosos bonos navideños.

Pero en definitiva, ¿qué están aprobando?

¿Militarizar el país o regular la militarización?

Los puntos de la ley que ponen en un serio predicamento a la incipiente y frágil democracia mexicana son los siguientes:

1. Neutralizar actos de resistencia no agresiva.
2. Intervenir comunicaciones privadas.
3. Utilizar cualquier método de recolección de información.
4. Autoriza acciones preventivas con base en su criterio.
5. No se plantean mecanismos efectivos de respeto de los derechos humanos.
6. Intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas.
7. No marca límites de tiempo a las afectaciones.
8. Utiliza definiciones imprecisas.
9. Vulnera los derechos humanos.
10. Clasifica toda la información donde se vean involucradas las fuerzas armadas como reservada, por lo que se desarrolla en un marco de absoluta opacidad.

Hay un mucho de cinismo en el Ejecutivo federal y en los legisladores que la defienden, al argumentar que lo único que están haciendo es regular, poner orden, normar lo que ya es un hecho desde hace una década: la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, específicamente en el combate al crimen organizado.

Es decir, no ponen a debate su inconstitucionalidad, sino que, sin preguntarse si viola o no la Carta Magna, legislan sobre una situación que para muchos expertos, incluido el alto comisionado de las Naciones Unidas, es inconstitucional, que se supone que era temporal y que, además, ha demostrado su rotundo fracaso en tanto estrategia.

Por obra y gracia del “mayoriteo”, quieren normalizar, convertir en ley, aquello que en su esencia lastima y mina los principios más sagrados de las democracias modernas, saber: los militares deben quedarse en los cuarteles y únicamente los civiles deben hacerse cargo de los asuntos públicos.

Un procedimiento, el “mayoriteo”, que parecía superado en los últimos años y que el PRI revive desesperado ante la amenaza de perder el poder, esto que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, y que confirmó hace unos días con la ceremonia del destape de Meade, algo que no se veía en México desde hace al menos una década.

Son muchos los expertos en seguridad pública, en derechos humanos, en política, que no se han cansado de señalar y denunciar las consecuencias antidemocráticas e inconstitucionales de la Ley de Seguridad Pública, incluido el máximo representante de la ONU, Zeid Ra’ ad Al Hussein, quien pidió a México no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior porque la legislación carece de garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza

También son muchos los analistas y las voces opositoras que ven una relación directa entre la aprobación de esta ley y las elecciones del próximo año.

Ante un eventual fraude electoral, cualquier movilización social podrá ser neutralizada por el Ejército mexicano, facultado por una ley que, precisamente en este punto, es ambigua y abre la puerta a muchas interpretaciones.

¿Por qué si no aferrarse a regular una estrategia cuyo fracaso es palpable? ¿Por qué aprobarla contra viento y marea si el propio secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hace un año, descalificó la estrategia?

El militar dijo: “Cuando el expresidente Felipe Calderón, en forma valiente, sacó al Ejército a las calles a combatir a la delincuencia, se hizo como acción subsidiaria y temporal, mientras las policías locales se fortalecían, lo cual, a 10 años, no ha ocurrido.

Y remató:

“No nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”.

¿Por qué entonces esta ley?

En las elecciones de 2018 lo sabremos.