Los conflictos sociales traen funestas consecuencias electorales para el gobierno

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín 

CUANDO el conflicto social es originado por el tema del agua, las consecuencias se reflejan en los resultados electorales.

La historia reciente de Sonora registra hechos relacionados con este tema, en los que el gobierno en turno ha sacado la peor parte.

Temas tan sensibles como el del agua de cuyo recurso depende la vida humana, debe solucionarse con la confluencia de dos elementos: la voluntad política de la autoridad responsable y el conocimiento de los expertos.

Es decir, un político, preocupado por solucionar los problemas derivados de la sequía y la responsabilidad de hacer llegar el vital líquido a la población, está obligado a realizar las gestiones y conseguir los recursos para llevar a cabo las obras necesarias.

Y no solo eso. El político debe ser el primero en saber que la viabilidad de esas obras deberá cumplir con el marco jurídico obligatorio, basado en que nada ni nadie está por encima de la Ley.

Asimismo, para encontrar la solución a los problemas de sequía y generación y distribución de agua deberá convocarse a los expertos.

No puede caerse en el error de dejarle la decisión solo a los políticos, porque la probabilidad de fallar es enorme.

Ahora sí que hay razón en aquel que dijo “La política es tan importante, que no debe dejársela solo a los políticos”.

En el nacimiento de este siglo XXI, cuando gobernaba Armando López Nogales, se presentó un proyecto para desalinizar el agua de mar y con ello garantizar el abasto del líquido para la población, cuando menos los siguientes 30 años.

Aunque la iniciativa fue apoyada por el Gobierno del Estado, el tema se politizó porque el presidente municipal de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela, encontró en la oposición una fórmula para lograr ser gobernador en el año 2003.

Aquello generó un gran debate público y López Nogales, imposibilitado para sacar adelante la idea, cedió ante la presión de Búrquez, cancelando el proyecto y todavía le otorgó la administración del organismo operador del agua en la capital del Estado, que antes de esto operaba la administración estatal.

El tiempo demostró que Sonora y Hermosillo perdieron una oportunidad histórica, porque de haberse realizado la obra (que no costaría al erario público) se hubiera fijado un precedente positivo para todo el país.

En el año 2011, el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías anunció la construcción de un acueducto que partiría de la presa Plutarco Elías Calles, conocida como “El Novillo” hasta la capital del Estado. Todo para solucionar el desabasto de agua, eterno problema expuesto por la población.

Lejos estaba Padrés Elías de imaginar que su decisión se convertiría en un gran conflicto social, ante las inconformidades manifestadas por las y los ciudadanos de Ciudad Obregón, que siempre rechazaron la idea de otorgar a Hermosillo agua de “su presa”.

Dentro de los conflictos se contempló la interposición de varios recursos legales promovidos por la sociedad organizada del Yaqui. Amparos y demás controversias jurídicas tuvieron por respuesta oídos sordos, frialdad e indiferencia del gobernador.

La consecuencia se reflejó en los resultados electorales del año 2015, al crearse una gran división entre los sonorenses del sur y del norte. La candidata del PRI a la gubernatura en el año 2015, Claudia Pavlovich, obtuvo el triunfo gracias a los votos del sur del Estado, contra su adversario del PAN y candidato de Padrés Elías, Javier Gándara Magaña.

En nuestros días, el proyecto hídrico del gobierno federal para la construcción de tres presas en el Río Sonora para —se dijo— solucionar el abasto de agua en Hermosillo, ha sido rechazado tajantemente por la inmensa mayoría de la población por una razón que no deja a nadie con la duda.

La gente del lugar no confía en el gobierno y guarda en su interior un inmenso agravio luego de la contaminación de su río en aquel agosto del año 2014, cuando miles y miles de metros cúbicos de metales acidulados de Grupo México, se arrojaron al Río Sonora.

A partir de ahí, los habitantes han sufrido daños en su organismo, en sus tierras, en sus animales y jamás volvieron a creer que el agua de sus pozos estaba limpia.

El gobierno respondió haciendo un compromiso con Grupo México para la remediación del río y su entorno, estableciéndose el compromiso de aportar 2 mil millones de pesos para, entre otras obras, construir un hospital especializado en Ures y plantas tratadoras que garantizaran la potabilidad del agua.

La aportación final fue de 1,200 millones de pesos, una dispersión a gente que no lo merecía y no se construyó el hospital ni las plantas tratadoras.

Hasta ahora, los lugareños de Ures, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi siguen padeciendo las consecuencias de aquella contaminación, la que incluso alcanzó comunidades de Hermosillo como Molino de Camou, donde los habitantes debieron cancelar sus pozos y perder sus tierras de cultivo.

Al insistir en la realización de este proyecto, el Gobierno del Estado determinó con el secretario de gobierno a la cabeza, Adolfo Salazar Razo, trabajar para convencer a los pobladores del Río Sonora acerca de la generosidad de llevarlo a cabo y envió a todo un ejército de burócratas a visitar casa por casa la región y buscar convencer mediante un sondeo o encuesta popular, sugerida incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha dicho en palacio nacional que “nada se hará en contra de la voluntad del pueblo”.

“Primera Plana” conversó con voceros y vecinos de Ures y otros pueblos y es inocultable una realidad: La gente se opone al proyecto, porque de lo que sí están convencidos es de su perjuicio, más que su beneficio, empezando por el conocimiento de que el Río Sonora, cada año, se está secando más.

En los últimos días hemos visto y escuchado a los políticos abordando el tema como si fueran expertos, pero el “timing” ha sido el equivocado. El gobierno lo primero que debió hacer es aliviar el sentimiento negativo y agravio de la gente, incrédula ante el gobierno, y después, informar a los pobladores pero por parte de quien sabe: los expertos.

Si este escenario ya se ha convertido en un conflicto social, traerá consecuencias en los próximos comicios electorales al Gobierno del Estado. Ya se verá.

Ahí están los ejemplos recientes.

Reaparecen las llamas por la tragedia de la Guardería ABC

LA EXTRADICIÓN y encarcelamiento de la señora Sandra Lucía Téllez Nieves, ha revivido y puesto en los espacios mediáticos el caso de la Guardería ABC, tragedia ocurrida el 5 de junio del año 2009… Ella ha tenido que cargar con la culpabilidad a diferencia de otros propietarios de esa estancia infantil, porque fue señalada como administradora de ese centro, a pesar de que en los hechos no estaba directamente ligada, al existir una encargada de dirigir esa guardería… El abogado de Sandra Lucía, Othoniel Gómez Ayala, redactó un texto en el que aparecen dos preguntas esenciales: ¿Están en la cárcel los verdaderamente responsables de esta tragedia? ¿Se está logrando el propósito de hacer justicia?… Los cuestionamientos del abogado podríamos unirlos a los comentarios que ha hecho en repetidas ocasiones Gabriel Alvarado Serrano —asesor jurídico del grupo “Manos Unidas” de padres y madres de las víctimas (49 bebés muertos y más de 100 con secuelas para toda la vida)— porque la coincidencia es la referencia a la impunidad en el caso partiendo de la seguridad de que hubo servidores públicos de alto nivel en el Gobierno del Estado que fueron “intocables”… Los tribunales actuaron contra quienes aparecían como propietarios de la guardería, elementos del cuerpo de bomberos que solo cumplieron con su labor, el entonces delegado del IMSS, Arturo Leyva Lizárraga, empleadas del Instituto Mexicano del Social encargadas de la supervisión de las operaciones de las estancias infantiles y funcionarios municipales señalados por tener alguna responsabilidad por el hecho de ocupar en aquel momento sus cargos, como Jesús Davis Osuna y Roberto Copado Gutiérrez (detenido apenas hace unos días en Colorado, Estados Unidos, por contar activa una ficha de Interpol) de inspección y vigilancia y protección civil de Hermosillo, respectivamente… Sin embargo, al levantar la mirada hacia la administración estatal, se sujetó a proceso a funcionarios menores como el subdirector de control vehicular, José Luis Melchor y el director de recaudación en Sonora, Fausto Salazar… Las versiones llegaron a implicar al gobernador Eduardo Bours, denunciado por omisiones en la investigación, así como a su secretario técnico, Juan Carlos Lam Félix, señalado por estar al frente de empleados que pudieron haber actuado en el funcionamiento de la bodega donde se originó el incendio… Desde luego, ni Bours ni Lam fueron tocados… A nivel nacional, quien fuera titular del IMSS de 2006 a unos meses antes del día de la tragedia en 2009 —Juan Molinar Horcasitas— se le cargó la responsabilidad por haber firmado las concesiones a los dueños de la guardería y se tuvo que utilizar la “guillotina” para separar de sus cargos a la coordinadora de guarderías en el país y a la delegada en Sonora en esa área… Salvo Antonio Salido —sobre quien pesa una orden de aprehensión y está prófugo— y Sandra Lucía Téllez Nieves, dos de los propietarios de la concesión de la guardería, los demás han sido exonerados al ser considerados no responsables de los hechos… Seguramente, las preguntas del abogado Gómez Ayala y la denuncia por la impunidad imperante en el caso a 16 años de aquella, la tragedia infantil más grande de México, tienen eco en que no fueron llamados ante la justicia a altos funcionarios, encabezados por quien fuera gobernador en junio de 2009, Eduardo Bours, quien por cierto junto a Lam y Ernesto “Pato” de Lucas, han emprendido ahora una empresa a instalarse en lo que anteriormente era un casino en Hermosillo… En lo que respecta al encarcelamiento de la señora Téllez Nieves, sin duda, al compurgar su pena, liberará en gran parte un sentimiento que no le ha permitido dormir y vivir en paz en todos estos años.

Presidenta Sheinbaum, ¿entonces sí a la retroactividad en reforma al Amparo?

LA PRESIDENTA de la República ha insistido en su “mañanera del pueblo” que esa figura de la “retroactividad” en la reforma a la Ley de Amparo no quedó bien definida en el Senado y que esperaría se hagan las precisiones a su paso por la Cámara de Diputados…. Días antes, Claudia Sheinbaum había hecho una declaración contundente: “No sé por qué se incluyó ese artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo que habla de la retroactividad, si es anticonstitucional. De hacerse un cambio, sería primero en la Constitución”… Podemos concluir entonces que la maquinaria de MORENA en la Cámara Baja se encargará de “poner en claro”, en qué casos se aplicará la retroactividad en los juicios de Amparo de acuerdo a la reforma ya aprobada en el Senado y que incluye la improcedencia, llana y lisamente, en materia fiscal y en la cancelación de concesiones otorgadas por el gobierno… Habría que esperar —será necesario— una reforma al Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se lee: “A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”… Si en la Cámara de Diputados se viola el artículo 14 constitucional o se promueve una reforma para adecuarla a la orden presidencial, quiere decir que ha resultado cierta la versión que corrió como reguero de pólvora en el Senado momentos antes de la votación en el pleno de ese famoso artículo transitorio que contempla la retroactividad de la reforma… Y es que ante la distribución del texto, las y los senadores no tuvieron problema alguno para concluir con rapidez que la propuesta violaba la Constitución… Sin embargo, “alguien de arriba” estableció que el documento lo habían enviado Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, los dos personajes encargados de las reformas en el Congreso de la Unión de acuerdo a los dictados de la presidenta… ¿Por qué el enorme interés en que la reforma a la Ley de Amparo se aplique a casos que han sido vistos en los tribunales en los años o meses recientes?.. Bueno, si el amparo será improcedente para efectos fiscales en lo sucesivo con efectos retroactivos, la justicia federal ya no podrá proteger a don Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Azteca, a quien Hacienda le ha exigido el pago de 76 mil millones de pesos por concepto de impuestos… No solo eso: el señor Salinas Pliego es un adversario de la “cuarta transformación” y no extrañaría que el aparato de Estado se lanzara en su contra, incluyendo la cancelación de la concesión de TV Azteca… Si esto se hace realidad, quiere decir que la operatividad del célebre “artículo transitorio” tuvo por origen palacio nacional.