Los ejidos afectados por derrame de Grupo México acuerdan regular la actividad minera en sus tierras

-Comunicado/

Bacánuchi, Sonora.- En el segundo aniversario del derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado en el río Sonora y el río Bacánuchi, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) de Ures, Baviácora, Bamori, Aconchi y Bacánuchi se reunieron para denunciar que no se están dando soluciones y que “todo sigue igual”. En el evento estuvieron acompañados por miembros del Ejido La Sierrita de Durango, comunidad que ha obtenido diversas victorias legales frente a la minera canadiense Excellon, así como de organizaciones de la sociedad civil.

En el marco de esta fecha simbólica, los Ejidos de Bacánuchi, el Sauz, San Rafael y Puerta del Sol firmaron el “Acuerdo para la regulación de las actividades mineras del río Sonora-Bacánuchi” en el cual se comprometieron a regular la actividad minera en sus jurisdicciones y a trabajar unidos por sus ejidos.

En el acuerdo “los ejidatarios deciden tomar un papel más participativo en la defensa de sus derechos humanos” y se comprometen a “llevar a cabo acuerdos colectivos para fortalecer sus ejidos por medio de la capacitación, asociación, asesoramiento, y por medio de recursos vigentes de la ley agraria.”

Los distintos voceros enfatizaron la necesidad de defender la comunidad de Bacánuchi, a dos horas de Arizpe por camino de terracería y cercada por la mina, de la conducta abusiva de la empresa y las omisiones de las autoridades. “Bacánuchi no está solo, todas las comunidades del río estamos listas para defender a Bacánuchi porque si permitimos que desaparezcan esta comunidad será el comienzo de la desaparición de todas las comunidades del río” dijo desde el templete Francisca García del CCRS Aconchi.

Buenavista del Cobre (BDC) está construyendo con permisos del gobierno y de las autoridades ambientales una nueva presa de jales muy cerca de Bacánuchi. Aunque la presa está a escasos 15 kilómetros de sus casas, la comunidad no ha sido consultada por la minera. BDC obtuvo el permiso en el otoño de 2015 mientras que la comunidad no fue notificada oficialmente sino hasta el 23 de junio de 2016, y no por iniciativa de las autoridades o la empresa sino en respuesta a una denuncia ciudadana que los CCRS interpusieron ante la PROFEPA.

Los CCRS agradecieron a las personas y organizaciones asistentes al evento, especialmente al Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) por su acompañamiento durante estos dos años. En sus discursos refirieron a las afectaciones a la salud, el agua y la economía que está sufriendo la población del río Sonora, las cuáles se resumen en la pregunta que verbalizó Don Mario del CCRS de Ures “¿Cómo va a valer más una mina que la vida de 22.000 personas?”.