Los organismos públicos electorales, crónica de una muerte anunciada

La reciente reforma a la Ley Electoral, aprobada en la Ciudad de México, es un precedente para iniciar con el desmantelamiento de los Institutos locales electorales, OPLEs

Por Óscar Gutiérrez Lojero

En mi colaboración de la semana pasada señalé, sin tener la certeza del resultado de la votación en el Congreso de la Ciudad de México, que hay que analizar con detenimiento si la iniciativa enviada que busca el adelgazamiento presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), prospera, “porque si es así los OPLEs deben de cuidarse ya que será sin duda una bola de nieve, que ya inició a rodar”, como lo indican en Remolinos de viento de “La Jornada”.

Efectivamente la percepción es correcta, dicha reforma que fue aprobada por mayoría a la Ley Electoral de la Ciudad de México, es un precedente para iniciar con el desmantelamiento de los Institutos locales electorales, OPLEs.

Esta reforma la impulsó la Jefa de Gobierno en el marco de la política de austeridad, sin haber revisado, analizado y discutido las facultades constitucionales y legales del Instituto, sin estudios técnicos. En la sesión los argumentos fueron rebasados por el abuso de la mayoría y se convierte en un atentado a la democracia y una injerencia nunca vista en la historia a un órgano autónomo. Después de más de 22 horas de sesión, el pleno aprobó por 37 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo y de las asociaciones parlamentarias Mujeres demócratas y Alianza verde juntos por la ciudad, y 19 en contra de la oposición conformada por las bancadas del PAN, PRI, PRD, y la Asociación parlamentaria ciudadana.

La reforma está dirigida a hacer transformaciones fundamentales en la operación del Instituto Electoral, al eliminar cinco unidades y a realizar varias fusiones en comisiones, entre ellas de la Comisión de Asociaciones Políticas y la Comisión de Fiscalización, mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana será integrada a la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Estas medidas provocarán un ahorro de 52 millones de pesos anuales y el despido de más de 100 especialistas, con competencias y experiencia en procesos electorales y consultas ciudadanas -presupuesto participativo y ejercicio ciudadano-.

Es importante señalar que el ahorro de 52 millones de pesos en el presupuesto del Instituto, no se puede comparar con los miles de millones que se está gastando en la eliminación de los impuestos a las gasolinas, para que no suban de precio, ni en los proyectos emblemáticos de esta administración, es decir, no pintan. Por eso el argumento de la austeridad deja de ser el objetivo, y se convierte en un solo pretexto para dañar indiscriminadamente a la democracia en la Ciudad de México, que se extrapolará a nivel nacional.

La preocupación es que Morena y sus aliados, pueden seguir la línea que han trazado en el Congreso de la Ciudad de México en otros 17 congresos locales donde hoy tienen mayoría, para desmantelar órganos autónomos y al Sistema Nacional de elecciones, que han robustecido la democracia a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos años. Que además de llevar a buen puerto los procesos electorales, han apoyado la educación cívica y en muchos casos fortaleciendo la participación ciudadana a través de mecanismos como el plebiscito, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo, entre otros. Así como fortalecer la visualización de grupos vulnerables, a través de acciones afirmativas.

Nuevamente la narrativa de la austeridad lleva al quebranto de las Instituciones, al INE y a los Institutos electorales locales, ya que en función del objeto de su creación como organismos constitucionales autónomos deben garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad en la organización de los procesos electorales, y para este es necesario integrar una estructura técnica y especializada necesaria, que se ha fortalecido con el sistema profesional electoral, esto ha sido y es una inversión trascendental e indispensable que ha contribuido a la construcción de nuestro sistema democrático, preservar la gobernabilidad y generar paz social.

El objetivo del esta muerte anunciada es regresar al pasado, donde los órganos electorales estén al servicio del Ejecutivo, dando un brinco hacia atrás al modelo de partido mayoritario, debilitando a los demás partidos políticos.

Estoy seguro que esta acción será controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender a los órganos electorales autónomos y a la democracia.

El próximo  domingo 5 de junio se elegirán 6 gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca. Quintana Roo y Tamaulipas, adicionalmente en Durango se elegirán 39 ayuntamientos y en Quintana Roo también se disputarán 25 diputaciones, 15 por mayoría relativa y 10 de representación proporcional. El Instituto nacional electoral, y los Organismos electorales estatales, OPLs, de esas entidades garantizarán que las elecciones se realicen de acuerdo a los requisitos constitucionales y legales existentes. En conjunto se votarán 436 puestos de elección, podrán ejercer el voto libre y secreto en estas  entidades 11,780,678 ciudadanas y ciudadanos que así lo deseen. Y nuevamente se presentarán alternancias en la primera figura en los gobiernos estatales. Alrededor de las 22 horas los Institutos electorales darán a conocer los resultados del conteo rápido a las gubernaturas. Los estudios demoscópicos señalan que la coalición de Morena ganará en Hidalgo, Oaxaca. Quintana Roo y Tamaulipas, y la colación Va por México en Aguascalientes y Durango.