Maloro quiere cerrar paso a la impunidad

El alcalde hermosillense recoge una exigencia ante hartazgo popular por la delincuencia; ahora está en cancha de los diputados

Por Gerardo Moreno

Ante la ola de robos que ha venido creciendo en la capital sonorense y la falta de atención inmediata por parte de los policías, el alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez presentó una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el Código Penal del Sistema de Justicia.

El pasado martes el propio alcalde, acompañado del secretario del Ayuntamiento Jorge Andrés Suilo Orozco, la coordinadora de Seguridad Ciudadana, Alba Celina Soto y regidores locales, entregaron al presidente del Congreso, Manuel Villegas Rodríguez, la propuesta que reforma diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Con ella se busca realizar los cambios necesarios desde lo local para lograr incentivar que las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto a la incidencia delictiva tengan un trámite más ágil y de esta forma las investigaciones que deben realizar los Ministerios Públicos lleguen a resultados de manera más pronta y expedita.

Buscan cerrarle paso a la impunidad

Manuel Ignacio Acosta explicó que la iniciativa que entregó al Congreso busca reformar el IPH (Informe Policial Homologado), porque actualmente el policía está vinculado y tiene que ir a ratificar ese informe, entonces se tardan para hacerlo, mientras sigue habiendo reportes, y segundo que algunos buscan no llegar primero.

“Escuchamos diariamente que no tenemos respuesta policial y lo que tenemos es que se está causando un cuello de botella porque el IPH es muy tardado, son muchísimos formatos y muchas preguntas que tardan mucho tiempo y son cuatro tantos que se deben llenar a mano, lo que tenemos que hacer en pleno siglo XXI es utilizar primero la firma electrónica y los medios electrónicos para que haya denuncias en este formato y podamos agilizar y se sepa de inmediato que la autoridad ministerial tiene conocimiento de inmediato”, indicó.

Con esto, señaló que se mejoraría la investigación ya que de otra forma se deja en estado de indefensión a los ciudadanos y lo que se busca es que la ciudadanía sepa que el Ayuntamiento está del lado del ciudadano.

El munícipe señaló que los diputados tuvieron una gran apertura a esta propuesta para discutirla. Aseguró que no fue hecha a la ligera, sino que tomó tiempo de análisis desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y de varios abogados.

Aclaró que la iniciativa modifica la Ley Orgánica de la PGJE y eso genera algunos lineamientos para que los municipios adecuen los mandos de policía y buen gobierno, donde se agrega un articulado para mejorar con un dispositivo electrónico los IPH y con ello se dé turno a la autoridad Ministerial.

Con esto aseguró que de dos a cuatro horas que tarda un oficial en llenar un solo IPH se pasa a de tres a cinco minutos en que se llene y se dé aviso al Ministerio Público de la denuncia atendida por la policía municipal o estatal, dependiendo del caso.

“La idea es que se mejoren los protocolos de acción y que realmente sea una reacción inmediata, realmente, eso tenemos que ver que no cambia de fondo la reforma sino que la mejora y por eso solo requiere determinación y voluntad de los legisladores y las autoridades de procuración de justicia”, indicó.

Así, se sabrá a detalle que se presentó la denuncia y se dio parte al MP, además el ciudadano tendrá pleno conocimiento en qué parte del proceso se encuentra su denuncia y se sabrá en qué Ministerio Público está, quién lleva el caso y poder darle seguimiento. En suma, aseguró, se cierra el paso a la impunidad.

Una reforma necesaria

La tardanza que presentan los oficiales de la Policía Municipal para responder a los reportes de incidencia delictiva, se debe a que hay un déficit de oficiales en la corporación y no se dan abasto para cubrir toda la ciudad, aseguró Alba Celina Soto.

La coordinadora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo aclaró que desde hace 10 años la corporación no ha crecido en número de elementos, donde se mantiene con mil 100 policías municipales, mientras que la población de la ciudad prácticamente se ha duplicado en ese mismo tiempo.

“Somos la ciudad de mayor crecimiento poblacional del país, estamos hablando de 25 mil personas anuales y eso presiona en todos los servicios, incluida la seguridad pública”, abundó la funcionaria municipal.

La doctora Soto resaltó que además también hay otro factor que está relacionado que son las restricciones presupuestales que se han aplicado en los últimos años, las cuales han pegado de manera importante al sector de seguridad pública y se espera que se sigan aplicando el otro año, lo que impide tener los recursos necesarios para fortalecer a las corporaciones municipales.

Detalló que hay mil 100 policías en activo en Hermosillo, lo que da a 400 elementos por turno, de los cuales las dos terceras partes son preventivos y son quienes deben cubrir las casi 700 colonias que hay en la ciudad.

Además resaltó que no pueden contratar más elementos de manera inmediata porque deben pasar el examen del Centro de Control y Confianza (C3), por eso el déficit de oficiales y la tardanza en responder a los reportes.

Lo anterior se combina con las nuevas reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual obliga a las policías municipales y estatales, como primer respondiente, deben llenar el IPH para iniciar la investigación.

Sin embargo, dijo que los oficiales no son profesionistas son solo unos pocos que ya después de entrar a la corporación comenzaron una licenciatura. Entonces ellos no quieren llenarlos y se ponen a jugar a las escondidas al momento que llega un reporte al 911.

“El Policía que llegó primero asume la responsabilidad de iniciar la investigación y después de llenar donde tardan horas llenándolo y con un temor de no poner la palabra correcta y después tienen que ir al Ministerio Público y a ellos le hacen pasar horas de fila y llegan a la ventanilla y les devuelven el informe, por eso los policías dicen que mejor no hacen nada”, indicó.

Diputados discutirán reforma

Por su parte el presidente del Congreso del Estado, Manuel Villegas Rodríguez, aseguró que en el Poder Legislativo recibieron con agrado la propuesta realizada por el presidente  de Hermosillo y fue turnada a la comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la diputada Brenda Jaime Montoya, para su análisis y discusión.

Aclaro que esta propuesta obligará a que se analice a detalle la propuesta para ver sus alcances para reforzar las leyes actuales y con ello poder lograr que los beneficiados sean los sonorenses y no los partidos políticos ni los funcionarios.

“Queremos darle la oportunidad a que los Colegios y las Barras de Abogados, Derechos Humanos y todos los organismos que tienen que ver con justicia lo vean y analicen, de hecho ya estamos trabajando en algunos Códigos que vamos a tratar de reformar y seguiremos analizándolo para mejorar la legislatura local”, recalcó.

Ponen “lupa” Código Penal Federal

En el mismo sentido, el alcalde de Hermosillo presentaría una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales ante el Congreso de la Unión, el cual tiene la finalidad de que se deje fuera los delitos patrimoniales de los convenios preparatorios y la justicia alternativa.

Aseguró que es necesario porque no se trabajó en Sonora en un verdadero programa de justicia alternativa que brinde una verdadera seguridad que el delincuente que utilice este método vuelva a caer en cometer un daño y ahora con mayor violencia.

“Básicamente es dejar por fuera los delitos patrimoniales de los convenios preparatorios en un periodo de transición para que se trabaje en otra serie de reformas y adecuaciones como la justicia restaurativa, terapéutica, los centros de solución de conflictos, la transversalidad del tema, no se trata de que queremos a todos en las cárceles, sino que se atienda el tema de fondo”, indicó.

La idea es que se pueda lograr una verdadera reparación del daño y una restauración real, y que no quede impune el delito, ya sea pagando el daño con trabajo comunitario u otra medida, pero que no quede impune el daño causado a la víctima y a la sociedad.

Acosta Gutiérrez aclaró que para presentar esas propuestas se trabajó de la mano con la sociedad civil organizada, cámaras empresariales, colegios académicos y con el propio consejo ciudadano de seguridad pública y con ello se busca ser autocríticos y buscar los métodos para mejorar y con ello evitar que sigan cometiendo actos de delincuencia que queden impunes.