Más de 30 años simulando combatir la corrupción

Por Imanol Caneyada /

En los ochenta fueron las contralorías sociales; a finales de los 90 los institutos fiscalizadores; ahora las fiscalías anticorrupción; en todos los casos, el discurso siempre prometió un combate franco a la corrupción de la mano de la ciudadanía

La periodista María Amparo Casar, quien ha participado activamente en el impulso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, manifestaba horas después de que el Congreso aprobara la iniciativa, que con el marco legal existente antes de la reforma constitucional, los órganos encargados del combate a la corrupción tenían las herramientas suficientes para perseguir y juzgar a funcionarios que hubieran incurrido en actos ilegales durante el ejercicio de sus funciones y no lo hicieron.

Con esta afirmación coincide mucha gente en México. No ha sido por falta de instrumentos jurídicos que la corrupción no se ha castigado, sino por falta de voluntad y, sobre todo, porque a la clase política, independientemente de su filiación, le ha interesado preservar un clima de impunidad para poder medrar con el ejercicio del poder.

Así lo demuestra la reciente historia. Primero, con la creación de las contralorías sociales, a inicios de los 80; posteriormente, con el surgimiento de instituciones fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación, creada en 1997, y sus correspondientes estatales, léase el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, el cual se constituyó en 2005.

En la actualidad, con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos estatales, entre otras novedades, se ha concretado la formación de las fiscalías anticorrupción.

Los discursos políticos que impulsaron las reformas constitucionales para crear estos organismos, coinciden de forma asombrosa en estos 34 años de combate frontal a la corrupción.

También coincide el hecho de que estos y otros organismos paralelos nacieron sin autonomía, siempre supeditados al poder ejecutivo o al legislativo, siempre como apéndices subordinados a quienes debían investigar.

Renovación moral en 1982

Miguel de la Madrid llegó a la presidencia en 1982 en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido México y con la moral por los suelos: su antecesor, José López Portillo, había saqueado el país y los escándalos de corrupción fueron la constante del final de su mandato.

No hubo investigación ni procesos jurídicos contra López Portillo ni ninguno de sus funcionarios. Lo que hizo Miguel de la Madrid fue llamar a una renovación moral del pueblo mexicano y prometer un combate abierto a la corrupción que no incluía los actos de los antecesores.

De esta forma, el Congreso de la Unión hacía las pertinentes reformas constitucionales para el surgimiento de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuyo decreto de formación se publicó el 10 de enero de 1983. Posteriormente, el modelo se replicaría en entidades y municipios.

El investigador Luis Vázquez Cano, en su ensayo “La contraloría social” (1993), nos dice al respecto:

“La Contraloría Social es entendida como un proceso mediante el cual la sociedad se ha incorporado a las tareas de supervisión y fiscalización de obras y servicios de los que ha de beneficiarse, y a la vigilancia del debido cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos”.

Carlos Salinas de Gortari reforzó las funciones de la contraloría social en el país con el objeto de legitimarse, y entre otras cosas, puso al servicio de la ciudadanía (explica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en su artículo “La contraloría social en México”), el Sistema Nacional de Quejas y Atención a la Ciudadanía.

Si bien las facultades de la contraloría social durante el sexenio de Salinas de Gortari estaban sujetas al programa Solidaridad, con la llegada de Ernesto Zedillo se ampliaron a todos los programas gubernamentales.

Durante todos estos años, las réplicas estatales y municipales, al igual que la federal (actualmente se llama Secretaría de la Función Pública), han padecido el mismo problema; su falta de autonomía del poder ejecutivo y la deuda política que adquieren quienes son nombrados al frente de estas instituciones.

Casos recientes: la investigación que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública sobre la compra de la casa en Ixtapan de Peña Nieto; la de Malinalco de Videgaray y la de Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera, así como de los contratos otorgados a Grupo Higa y a Constructora Ixtapan.

En todos los casos, el organismo no encontró indicios de conflicto de interés ni otra clase de irregularidades.

En Sonora, durante el sexenio de Guillermo Padrés, la Secretaría de la Contraloría General actuó con dilación, negligencia y apatía con relación a las cientos de denuncias que la ciudadanía interpuso, contestando con evasivas, argumentando no tener facultades para investigar tales denuncias o, simplemente, archivando los expedientes.

Pero como señalaba María Amparo Casar, a lo largo de la historia de las contralorías sociales en México, las sucesivas reformas constitucionales les han dado armas para combatir la corrupción, los resultados, sin embargo, son prácticamente nulos.

Los congresos fiscalizan

El portal de internet de la Fiscalía Superior de la Federación establece lo siguiente en cuanto a sus orígenes:

“Durante los trabajos de la LVII Legislatura (1997-2000) del Congreso de la Unión se culminaron los esfuerzos que desde años anteriores se habían dedicado para que la fiscalización superior tuviera un nuevo ordenamiento jurídico y existiera una entidad fuerte y moderna para hacerse cargo de estas funciones, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda”.

El discurso es casi idéntico al que funda el Sistema Nacional Anticorrupción. Continúa la FSF:

“Para alcanzar este objetivo, se instituyeron las reformas constitucionales de los artículos 73, 74, 78 y 79 de julio de 1999 y la promulgación de Ley de Fiscalización Superior de la Federación en diciembre de 2000. Con estas nuevas bases legales se creó la ASF.

“Entre las facultades conferidas a la ASF, sobresalen:

“Autonomía técnica y de gestión sobre organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de sus recursos presupuestales; efectuar revisiones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios e inclusive particulares; fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones; carácter público de sus informes, una vez entregados a la Cámara de Diputados; solicitar, en situaciones excepcionales, información a los Poderes y entes auditados, para rendir informes correspondientes: establecer normas y procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto públicos”.

Eran los tiempos en que, por primera vez en la historia de México, el PRI no tenía una mayoría en el Congreso, por lo que Ernesto Zedillo tuvo que gobernar sus últimos tres años con la oposición del poder Legislativo.

Moría el sistema de partido hegemónico y nacía la partidocracia. El Congreso de la Unión y posteriormente los congresos estatales asumían la tarea de fiscalizar la cuenta pública con organismos supuestamente fuertes y autónomos, en el entendido de que su independencia del poder ejecutivo en cualquiera de los tres niveles de gobierno, garantizaba su imparcialidad.

En Sonora no fue hasta 2005 que nació su homólogo, el ISAF.

Desde entonces, las instituciones fiscalizadoras han acumulado miles de observaciones a las cuentas públicas de la Federación, de las entidades y los municipios, algunas de carácter meramente administrativo, otras, con posibles implicaciones penales que, sin embargo, no se han investigado y se han sepultado con el tiempo.

El nuevo Sistema Anticorrupción

El Congreso local, en su última sesión ordinaria, el 29 de junio, a toda prisa, sin discusión ni debate y por una unanimidad sospechosa, reformó los artículos constitucionales del Estado de Sonora necesarios para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, como respuesta obligada e ineludible a la formación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La mayor controversia que ha generado la creación de dicho sistema es la falta de autonomía de la fiscalía anticorrupción y el nombramiento de quien estará al frente, el cual depende del jefe del Ejecutivo.

Sonora Ciudadana, organización plenamente implicada en la plataforma ciudadana que impulsó la creación del SNA, ha denunciado lo siguiente:

“Respecto del nombramiento y facultades para la Fiscalía Anticorrupción, el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora quedó anémico para garantizarle la dotación necesaria de insumos al titular de esa Fiscalía, porque no tendrá un piso mínimo de autonomía en decisiones ni presupuestaria, que lo nutra y fortalezca para actuar de manera independiente, tenaz y objetiva.

“En Sonora Ciudadana, consideramos que esta Reforma Constitucional no abona al espíritu de una Fiscalía Anticorrupción fuerte, autónoma, firme y con convicciones de búsqueda de justicia; por el contrario, se queda supeditada a la decisión del titular del Poder Ejecutivo y del Fiscal General de Justicia del Estado”.

Por su parte, la Comisión Anticorrupción del Congreso, argumentaba lo siguiente:

“Las normas destinadas al combate a la corrupción deben ser las idóneas que permitan elevar la calidad moral en la forma en que se ejercen las facultades de todo servidor público, y con la evolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, se le dota de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su funcionamiento”.

Una vez más, el sistema político mexicano, con un discurso incapaz de renovarse, hace tabula rasa con el pasado inmediato, en el que los escándalos de corrupción han sido y son evidentes, y se reinventa en la simulación del combate a la corrupción con la promesa de que, ahora sí, las instituciones están dotadas de la autonomía y fortaleza necesarias.