Médicos residentes del IMSS: explotados y expuestos a la inseguridad

Además de las brutales condiciones laborales que padecen, ahora deben acudir a realizar su servicio social a comunidades rurales sometidas al crimen organizado sin que la institución les garantice su seguridad

Por Imanol Caneyada

Al menos hace una década, las condiciones laborales de los médicos residentes en el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) han sido denunciadas reiteradamente.

Según el estudio que elaboraron los doctores Donovan Casas Patiño, Alejandra Rodríguez Torres, Isaac Casas Patiño, Cuauhtémoc Galeana Castillo en 2013, titulado: “Médicos residentes en México, tradición o humillación”, este personal es utilizado por los sistemas de salud privado y público como mano de obra barata, en condiciones de alimentación inadecuada, con abuso físico en su horario laboral, sometido a una alta presión académica y con un sueldo beca que humilla toda la labor ejercida por este médico en formación.

El médico residente es, por definición operativa, el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora para realizar una residencia médica o especialidad, la que se caracteriza por un conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir durante el tiempo estipulado en los programas académicos y operativos correspondientes. Además, éstos deben estar avalados y supervisados por una institución universitaria.

En 2001, un grupo de médicos residentes del IMSS se inconformó por las condiciones laborales en las que trabajaban, teniendo en cuenta que los altos directivos de la institución se habían triplicado los sueldos.

Más de una década después, continúa el análisis, los médicos residentes continúan hacinados en sus habitaciones de hospital y su dieta sigue siendo inadecuada, puesto que los horarios de comida son incompatibles con su jornada académica y formativa, sin tener un lugar físico donde se les procure alimentos sanos fuera de los horarios del comedor en el hospital. Esta situación infringe de por sí la normativa laboral jurídica en beneficio del trabajador. 

Aunado a lo anterior, denuncia el estudio, están expuestos a jornadas laborales de más de 80 horas a la semana, lo que genera depresión y ansiedad, síndrome de Burnout, relaciones interpersonales inadecuadas entre coetáneos y reproducción social de la cultura de poder de la especialización. También se ha encontrado asociación con uso de drogas médicas como analgésicos narcóticos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas/estimulantes, al igual que drogas no médicas como marihuana y cocaína, sumado al alto consumo de alcohol. Un aspecto no menor es el aumento de errores en la interpretación de resultados médicos, así como técnicos asistenciales, secundarios a un importante deterioro de la capacidad psicomotriz.

Todo lo anterior lo confirma en entrevista para Primera Plana un médico sonorense que realiza su residencia en la clínica Nro. 46 del IMSS de Guadalajara, en la especialidad de Medicina de Urgencias, quien se sumó a más de un centenar de residentes para protestar por el servicio social, el cual son obligados a realizar en comunidades enclavadas en zonas de conflicto con el crimen organizado.

El entrevistado, de quien nos reservamos el nombre para que no sufra posibles represalias, contó a este medio que la jefa de estudios les comunicó la semana pasada y de manera sorpresiva que el 1 de marzo debían reportarse a realizar su servicio social a diferentes clínicas rurales enmarcadas en el programa IMSS-Oportunidades.

Los médicos residentes de esta clínica y de dos clínicas más se inconformaron.

La primera inconformidad parte de que la especialidad de Medicina de Urgencias no está incluida en el programa de servicio social.

La segunda inconformidad se deriva del escaso tiempo con que notificaron a los médicos residentes que debían dejarlo todo para partir a sus destinos.

Y la tercera, la cual ven con mayor preocupación, tiene que ver con el hecho de que muchas de estas comunidades rurales están enclavadas en zonas dominadas por el crimen organizado en Michoacán, Sinaloa, Zacatecas o San Luis Potosí.

El grupo de médicos residentes en la especialidad de Medicina de Urgencias se inconformó y acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero allí les comunicaron que por tratarse de una institución federal, no tenían facultades de acción.

Posteriormente, narra el entrevistado, mantuvieron una reunión con el delegado del IMSS en Jalisco, Marcelo Castillero Manzano, quien hace unos meses fue señalado públicamente de poseer un automóvil Porche con valor de 2.1 millones de pesos, el cual no figura en su declaración patrimonial.

El funcionario, que goza de un sueldo mensual de casi 100 mil pesos, mientras que el de un médico residente anda en los 15 mil pesos, les comunicó que si no accedían a cumplir con el servicio social en el tiempo indicado y en el destino que les había tocado, serían dados de baja inmediatamente, por lo que perderían los años de residencia en la especialidad.

Cuando le preguntaron si el IMSS podía garantizar su seguridad durante el tiempo que rindieran el servicio social, especialmente en zonas marcadamente peligrosas, les dijo que no.

El entrevistado nos confirma que no hubo manera de negociar con el delegado del IMSS en Jalisco y que tuvieron que aceptar las condiciones, a riesgo de perder los años cursados en la especialidad.

Este médico residente de Sonora parte el próximo 1 de marzo a una comunidad de la sierra en San Luis Potosí, y a dos semanas de ello, aún desconoce la clínica a la que debe reportarse y en dónde vivirá el tiempo que dure su servicio social.