México reafirma que no negocia con criminales; la seguridad y soberanía son prioridad

Por Redacción PPD

El gobierno mexicano dejó en claro que no mantiene relaciones de contubernio con la delincuencia organizada, y que la seguridad del pueblo es la prioridad. El mensaje está dirigido a todas las organizaciones que operan en contra del país y sus socios internacionales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que varios delincuentes de alto perfil, entregados ayer a Estados Unidos, continuaban dirigiendo operaciones ilícitas desde los centros penitenciarios mientras permanecían privados de su libertad.

Estas actividades se realizaban mediante visitas personales, las cuales, por respeto a los derechos humanos, no pueden ser prohibidas. Sin embargo, los criminales las aprovechaban para mantener control sobre sus organizaciones, amenazar a funcionarios y expandir redes de corrupción e intimidación.

García Harfuch subrayó que estas interacciones representan un riesgo inaceptable para la seguridad pública, al permitir que los líderes criminales operen desde prisión y vulneren los esfuerzos institucionales para contener la violencia y desarticular estructuras delictivas.

“La situación exige reforzar los mecanismos de control y vigilancia en los penales, sin transgredir los derechos fundamentales, pero garantizando que no se utilicen como centros de mando criminal”, señaló el funcionario.

Por otra parte, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, enfatizó que la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo, entre otros instrumentos jurídicos, permiten al Estado mexicano sostener su soberanía y defender tanto a sus instituciones como a la población.

“El mensaje es muy claro y preciso: para defender a nuestra población y la soberanía de nuestros países, no habrá obstáculo legal que no podamos superar”, subrayó.

Gertz Manero explicó que la entrega de criminales se realiza conforme a la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo quinto, y no bajo la Ley de Extradición.

La acción se efectúa a petición del gobierno de Estados Unidos y no implica negociación alguna. “Las solicitudes no se negocian; se basan en razones jurídicas y en los procesos establecidos de cada país. En este caso, la procuradora de Estados Unidos especifica claramente los juicios y procesos de cada persona, sin negociación de ninguna naturaleza”, aseguró.

Sobre la función del Poder Judicial, el fiscal indicó que su rol es determinar si existieron actos de corrupción o violaciones a garantías individuales, y señaló que con un cambio sustantivo en el poder judicial se podrá dar una mejor respuesta a todas estas necesidades.