México se blinda para garantizar seguridad electoral

México ha desplegado gran cantidad de efectivos federales para blindar las elecciones intermedias del domingo y garantizar la seguridad, sobre todo en los estados del sur y el sureste en los que los grupos que convocaron al boicot electoral han sido más activos.

Desde el viernes por la tarde se han movilizado efectivos de la policía federal, el ejército, la armada y la fiscalía, así como de inteligencia, con el fin de «garantizar las mejores condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto», indicó el sábado el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, en una conferencia de prensa.

Rubido no aclaró el número de efectivos desplegado pero dijo que todo el operativo se hizo a solicitud de los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Se realizarán tareas de patrullaje terrestre, marítimo y de vigilancia aérea y habrá una «mesa central de inteligencia» desde la que se coordinará todo el despliegue, añadió.

La prioridad del gobierno ha sido el resguardo de instalaciones estratégicas y electorales, es decir, de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional Electoral.

El sindicato de maestros más activo de Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), había bloqueado el reparto de gasolina en la zona de los valles centrales de este estado del sur del país pero, según Rubido, la situación se solucionó el sábado por la mañana con el abastecimiento de 50 gasolineras de la zona afectada gracias a la negociación realizada con los manifestantes y en la que no hubo ninguna confrontación.

«Los mexicanos quieren y tienen el derecho de votar en paz», aseguró el portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, quien garantizó que el gobierno «tomará todas las acciones necesarias dentro del marco de la ley» para garantizar los comicios.

México efectuará unas elecciones intermedias en un ambiente tenso marcado por una campaña con focos de violencia y el asesinato de más de una docena de candidatos u operadores políticos, un gran desencanto social ante los políticos y diversas manifestaciones de colectivos sociales que han hecho llamamientos para boicotear las votaciones.

Los actos de boicot se tradujeron en protestas, quema de boletas y ataques a sedes electorales durante los últimos días y continuaron el sábado en distintos lugares del país, sobre todo del suroeste.

Los mexicanos deben renovar la Cámara de Diputados y, además, se elegirán gobernadores en nueve estados y más de 1.500 cargos locales. Más de 83 millones de electores están convocados a las urnas, aunque, como suele ocurrir en las elecciones intermedias, se espera una abstención superior al 40%.

Prácticamente todas las encuestas han señalado que el partido en el poder, el Revolucionario Institucional, mantendría la mayoría de asientos en la Cámara de Diputados y obtendría varios triunfos estatales, a pesar del descontento que algunos han manifestado tanto con la política como con las autoridades.

Las elecciones «se dan en un contexto de cierto dramatismo», dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político y profesor de la Escuela de Gobierno del privado Tecnológico de Monterrey.

«Tenemos el caso de contendientes, candidatos que han padecido la violencia del crimen organizado y de muertes en algunos casos; y por otro lado un movimiento social muy radicalizado que por primera vez en mucho tiempo está llamando con cierto éxito a boicotear el proceso electoral», comentó.

Entre los que piden el boicot están maestros sindicalizados que se oponen a la reforma educativa del gobierno y diversos movimientos sociales descontentos con el ejecutivo, incluidos los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero el pasado mes de septiembre, un crimen que puso de manifiesto la connivencia de las autoridades locales con el crimen organizado y que todavía no ha sido esclarecido.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó el sábado que dio seguimiento a más de 1.300 denuncias en todo el país «por compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, actos anticipados de campaña, calumnia, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada de servidores públicos e indebida difusión de propaganda electoral, entre otros ilícitos».

«Estas pueden ser las elecciones de mayores conflictos pos-electorales de la historia de México», auguró Luis Carlos Ugalde, ex presidente del instituto electoral y actual analista político.