Miedo a alza de precios inhibe consumo

Aunque hasta el momento es mínima la variación en los precios, el temor a los efectos del gasolinazo ha provocado una baja en el consumo, señalan comerciantes; creen que en febrero se dará el verdadero impacto.

Por Imanol Caneyada

Para una economía que, según las últimas estimaciones, no crecerá más de 2% en este año, la paralización del mercado interno no son buenas noticias.

Si bien, según pudimos comprobar en un recorrido por el centro de la ciudad de Hermosillo, la mayoría de los precios de los productos de la canasta básica y de otros artículos no han sufrido un alza, la amenaza de un efecto en cadena en los precios al consumidor a causa del “gasolinazo”, ha provocado incluso antes de que suceda que las ventas hayan bajado considerablemente.

Así nos lo señalaba, por ejemplo, Guadalupe Encinas, propietaria de la carnicería “La Güerita”, en el seno del Mercado Municipal, quien insistía en el desolador panorama que presentaba el lugar.

Los pasillos estaban semivacíos y el movimiento de mercancías era escaso comparándolo con años anteriores.

No obstante, nos confirmaba la propia Guadalupe, los precios de la carne continúan igual que el año pasado, únicamente la carne de puerco ha tenido una pequeña alza menor al 10%.

Tanto los proveedores como los comerciantes, nos comentaba la propietaria del puesto, son conscientes de que no pueden subir los precios de golpe, pues la gente no va a poder comprar; “ya sabemos cómo está la economía familiar; por eso nos hemos mantenido en los precios, pero a pesar de eso, mire, mire qué solo está el mercado”.

Es el mismo caso que las frutas y verduras, cuyos precios se mantienen igual que a finales del año pasado, salvo el aguacate, que ha tenido un aumento de cinco pesos por kilo, nos explicaba Rubén Valenzuela, de la frutería Borbón, también en el Mercado Municipal.

“De momento, los proveedores han mantenido los mismos precios, esperando a ver qué pasa con esto del gasolinazo, pero en febrero yo creo que se vendrán de golpe las subidas de los precios”.

La tortilla de harina, elemento indispensable en la dieta del sonorense, tampoco ha sufrido una variación en el precio.

No fue así con la tortilla de maíz que ha llegado a venderse hasta en 15 pesos el kilo, un aumento aparentemente injustificado ya que los efectos del gasolinazo, en los primeros días de enero, no se dejaban sentir.

Pero como lo han señalado algunos expertos, es contradictorio por un lado liberar los precios de los combustibles y dejarlos al vaivén del mercado y por otro tratar de controlar los precios de otros productos.

Es el caso de los taxistas, para quienes no existe ningún tipo de institución reguladora de las tarifas.

Al menos, los choferes consultados al respecto en el sitio de taxis ubicado a un costado del Mercado Municipal, coincidieron en señalar que depende de su voluntad si mantienen las tarifas como hasta ahora o las suben a causa del gasolinazo.

Confesaron que de momento no han incrementado el costo del servicio, aunque saben de algunos compañeros que ya han empezado a hacerlo.

Ante la insistencia de si existía algún tipo de organismo regulador de las tarifas de este servicio de transporte público, la respuesta siempre fue la misma: no, depende de cada propietario de taxi cobrar un monto u otro.

Mientras tanto, una de las alzas más esperadas y temidas a causa del aumento en los combustibles es el del servicio de transporte urbano.

La gobernadora Claudia Pavlovich, adelantándose a las inconformidades y protestas que podría ocasionar iniciar el año con un aumento en el trasporte público, garantizó los precios del mismo para los próximos tres meses, asegurando que el costo del aumento lo asumirá el Gobierno del  Estado, es decir, los ciudadanos vía impuestos.

No han anunciado el monto que significará un subsidio como éste, pero sin duda alguna golpeará las ya de por sí precarias finanzas del Ejecutivo.

En este ambiente de tensión, los proveedores, comerciantes y prestadores de servicios parecen estar a la espera de una resolución final en cuanto al gasolinazo, un posible reversazo en la medida aprobada por el Congreso de la Unión y ejecutada el 1 de enero de este año por el Gobierno federal.

Lo anterior, de momento, parece imposible.

Lo que sí ha hecho el gobierno de Peña Nieto, en una estrategia más improvisada que efectiva, principalmente para aplacar los ánimos de una ciudadanía que ha salido a las calles a protestar por la medida, es dar a conocer el acuerdo Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar.

Básicamente propone lo siguiente:

El sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica.

Los sectores laboral y del campo permanecerán atentos y vigilantes, a efecto de detectar y denunciar aquellos casos de abuso o incumplimientos a este compromiso.

El sector gubernamental se compromete a:

Impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley.

Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana.

Mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo.

Emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables.

Realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.

Reforzar acciones en favor de la libre competencia.

Los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

El Gobierno federal no ha conseguido un apoyo unánime o al menos consensuado con relación a este acuerdo.

Si bien el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina firmaron el acuerdo en la residencia oficial de Los Pinos el pasado 10 de enero, dos actores importantes del quehacer político y económico del país se negaron: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación Nacional de Gobernadores.

La primera por considerarla improvisada y sin sustento; la segunda por desconocer el texto.

Por su parte, la Coparmex respondió de inmediato a la propuesta del Ejecutivo con una contrapropuesta que incluye lo siguiente:

Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.

Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.

Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018.

Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer la economía familiar.

Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.

Crear de la mano con COFECE un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.

Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de CONEVAL, con datos comparables a 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.

El establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual.

Implementar verdaderos recortes de presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.

Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de IEPS y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.

Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.

Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, importamos el 60% de las gasolinas.

Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre dignificación del transporte público.

Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.

Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.

Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones de CONEVAL.

Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos”, que se invirtieron en la creación de una refinería en Atitalaquia, Hidalgo.

Mientras que el plan del Ejecutivo responde a una necesidad mediática de calmar los ánimos sociales, el de Coparmex implica una profunda transformación del sistema político mexicano.

Pero febrero se asoma ya y con él la tan temida e inevitable cascada de alza de precios producto del gasolinazo.