“Nadan” con amparos en la impunidad; La Justicia les ha permitido dilatar las investigaciones

Por Redacción/

Hace casi un año abandonaron sus refrigeradas oficinas y salieron por la puerta de atrás. Hasta hoy, sus pasos arrastran la pesada sombra de los presuntos actos de corrupción consentidos por el gobierno de Guillermo Padrés Elías. Se trata de ex funcionarios estatales bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.

De acuerdo al último informe que proporcionó la dependencia, establecen que hay 273 expedientes abiertos correspondientes a dependencias estatales, paraestatales y Ayuntamientos. Asimismo fue a raíz de 92 denuncias ciudadanas, iniciaron investigaciones.

Las dependencias que más denuncias acumulan son:

El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) con 40; el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, con 23; la Secretaría de Salud, con 22; la Secretaría de la Contraloría General del Estado, con 13; el Isssteson con ocho; y el ayuntamiento de Hermosillo, también con ocho denuncias.

Sin embargo, a pesar de haber sentado a comparecer en “el banquillo” a más de 549 personas —por diversos expedientes—, todavía se ven lejanos los resultados.

Y es que a fuerza de recursos de amparo, algunos personajes involucrados han dilatado el proceso, al punto que, de tener 72 juicios de amparo en junio, para agosto pasaron a enfrentar 131 y en septiembre ya sumaban 180. Una estrategia legal que en algunos casos valió para ganar tiempo y poner kilómetros de distancia.

Amparos, lastre en investigaciones

Durante una entrevista que recientemente ofreció el fiscal Odracir Espinoza a medios, reconoció a propósito de los amparos: “sí nos ha retrasado, porque el 50% se está sobreseyendo, es decir, no hay materia de violación de ningún derecho de esas personas, pero al final nos hicieron perder de tres a seis meses, en tiempo, tramitología”.

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El funcionario explicaba que los Jueces de Distrito, determinaban la situación de los quejosos en un periodo de tres meses, pero después de esta respuesta, los afectados interponían un nuevo recurso de revisión.

Sin embargo, defendió los logros de la Fiscalía y para esto confirmó que tres ex secretarios ya fueron procesados. “Si ya perdieron su libertad, bajo un amparo, o están prófugos, no tienen la libertad de venir a tomar un café con su abuelita aquí en Hermosillo porque están siendo perseguidos”.

Son los casos del ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales, acusado por presunta extorsión, y hoy recluso; también la situación del ex secretario de Agricultura (Sagarhpa), Héctor Ortiz Ciscomani, recluido apenas la semana pasada en un centro penitenciario en Veracruz, pero puesto en libertad bajo caución, mientras resuelven su proceso donde se le acusa por ejercicio abusivo de funciones.

Otro es Roberto Romero López, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno durante la administración de Padrés Elías. Hasta ahora está “fichado” por las autoridades como “prófugo”, debido a que no ha sido posible localizarlo. Sin embargo, su defensa continúa promoviendo juicios de amparo ante las acusaciones en su contra.

Cobija de papel

En algunos casos parecen abusar del recurso legal, dejando más en evidencia un velado temor, que el ideal del debido proceso.

Y es que por mencionar un ejemplo —publicado en la edición No. 2308 de este semanario—, en el Juicio No. 456/2016, promovido por los hermanos Héctor, Miguel, Julio César y Guillermo Padrés Elías, el argumento para solicitar el recurso es que no fueron notificados de las averiguaciones previas que se integran en su contra. En el caso del ex gobernador Padrés, su récord de amparos llegaba a 18.

Pero más tardan en negarle uno, cuando ya tramita el siguiente. Así trascendió esta semana en medios nacionales, cuando el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, revocó una suspensión provisional que protegía a Padrés Elías contra detención —Averiguación Previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/14A/16—. El segundo que le niegan en menos de un mes.

El mismo camino de amparos han seguido otros personajes:

Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda; Luis Felipe Romero; extitular de ISIE; David Tinajero, ex director de Impuslor.

A casi un año del cambio de administración en el Estado, todavía quedan algunas dudas por aclarar y es que de acuerdo a lo expresado por el actual Secretario de Hacienda, Raúl Navarro, en septiembre pasado encontraron las arcas estatales en quiebra, con una deuda de 32 mil 538 millones de pesos.