Ni sindicatos ni partidos tienen oídos para la Ley de Transparencia

El INAI aseguró en octubre de 2016 que la prórroga otorgada a los sujetos obligados por la nueva ley de transparencia era “máxima y única”; llegado el plazo, han vuelto a posponer la fecha al último día de 2017; partidos, sindicatos y Congreso se resisten a cumplir 

Por Imanol Caneyada

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor el pasado 4 de mayo de 2015, continúa en el limbo y los sujetos obligados, principalmente sindicatos y partidos políticos, se resisten a cumplirla a cabalidad.

La lucha de organizaciones ciudadanas que emprendieron hace más de dos años una cruzada por mejorar y hacer más efectiva la ley existente, acaban de recibir un duro golpe con el anuncio del Consejo Nacional de Transparencia de que, una vez más, se extiende la prórroga para que los sujetos obligados cumplan con las exigencias en sus portales de transparencia.

El 27 de octubre de 2016, la presidenta consejera del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, anunciaba que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) había aprobado que fuera hasta el 4 de mayo de 2017 la fecha límite para que los sujetos obligados subieran a sus portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sus obligaciones de transparencia.

En ese momento aseguró que la prórroga era máxima y única.

Llegada la fecha, el pasado 5 de mayo de 2017, la misma Ximena Puente de la Mora dio a conocer una nueva prórroga, esta vez hasta el último día del presente año.

En aquella ocasión, los argumentos que justificaron la prórroga a una ley que había entrado en vigor un año y medio antes, fueron “los más de cuatro mil criterios y 200 formatos, incluso ha habido inquietudes de diversas autoridades respecto a los criterios de llenado de información para la respectiva homologación”.

Principalmente los partidos políticos (sujetos obligados) fueron quienes exigieron dicha prórroga argumentando que no habían tenido ni el tiempo ni los recursos para actualizar sus portales de transparencia de conformidad con la nueva ley.

Pero un día antes de que se cumpliera el plazo fijado para el 4 de mayo de este año, el mismo Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia acordaba una nueva prórroga al 31 de diciembre de 2017 bajo los mismos argumentos.

En Sonora ni partidos ni sindicatos cumplen, el Congreso tampoco

Dos días después del anuncio de esta tercera prórroga otorgada a los sujetos obligados por la ley, es decir, el pasado 7 de mayo, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI) dio a conocer la Primera Evaluación del Cumplimiento en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

El ejercicio arroja que, a pesar de la prórroga concedida a petición de ellos mismos, los sindicatos existentes en Sonora (todos) y los partidos políticos registran un escaso o nulo cumplimiento con las exigencias de la ley.

Entre los institutos políticos, el PRI registra un avance de 72% en el cumplimiento de sus obligaciones, seguido por Movimiento Ciudadano con 56.19%; Acción Nacional tiene un 2.85% de avance y Nueva Alianza 0.95%.

PRD y MORENA presentan cero avances.

En cuanto a los de mayor cumplimiento, destacan los poderes Ejecutivo y Judicial del estado con un 100%, mientras que el Congreso presenta únicamente un 32% de avance.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo, siempre según la evaluación del ISTAI, registra un 97.33%.

El municipio con menor avance es el de Arivechi, con 1.33%.

Entre las instituciones educativas autónomas que reciben recursos públicos, muy mal parado sale el Instituto Tecnológico de Sonora con apenas un 12% de avance en el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la Universidad de Sonora alcanza el 67%; el Colegio de Sonora registra 43.33%.

El caso de los sindicatos es el más significativo. Según el ISTAI “los sindicatos de sujetos obligados de rendir cuentas en Sonora no registraron ninguna carga de sus obligaciones conforme a la Ley General de Transparencia y a la misma ley estatal en la materia, y si bien algunos de ellos utilizan sus propios formatos y sistemas para rendir cuentas, no es a lo que por ley están obligados”.

De hecho, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado (Sutspes), ha interpuesto una acción legal contra el ISTAI para no ser considerado como sujeto obligado.

En lo que tiene que ver con los portales de transparencia de los sujetos obligados, la nueva ley de transparencia que entró en vigor en mayo de 2015, exige a los mismos un sitio accesible en el que deben consignar de forma clara el organigrama de la institución, los nombres y sus cargos, el salario que perciben, los contratos que realizan, las licitaciones, el presupuesto y su aplicación, entre otras muchas obligaciones.

Toda esta información debe estar asimismo disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los sujetos obligados que hasta el momento se han resistido a cumplir con la ley alegan la falta de recursos materiales, humanos y tecnológicos para ello.