Operador de “moches fiscales” es un riesgo para la sociedad: Juez

Por Daniel Sánchez Dórame/

HERMOSILLO, 06 de Octubre.- Al considerar que concederle libertad bajo caución significaría un “riesgo para la sociedad”, un Juez Federal negó el derecho a fianza a Roberto Francisco Ávila Quiroga, ex funcionario de la administración del sexenio panista de Guillermo Padrés Elías, quien benefició a familiares, políticos y amigos en el escándalo de corrupción conocido como “los moches fiscales”.

Según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ex gobernador de Sonora a través de la Dirección General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria concedió la exención en impuesto y realizó “auditorías a modo” a 574 contribuyentes que causaron un daño patrimonial al erario público estatal y federal superior a mil 700 millones de pesos.

Entre las empresas beneficiadas figuran empresarios coludidos, políticos del PAN, familiares y amigos, destaca el rancho Pozo Nuevo de Padrés propiedad de la familia del ex mandatario los cuales conforman una sociedad rural que adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales pero sólo pagó 119 mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”; además de varias empresas del ex candidato a la gubernatura Javier Gándara Magaña.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República detalló que el Juez Decimoprimero de Distrito con sede en Hermosillo resolvió que el agente del Ministerio Público Federal aportó las pruebas que acreditan que Roberto Ávila Quiroga, ex director de Auditorias del SAT en Sonora, representa un riesgo para la sociedad por lo que se negó el beneficio de libertad bajo caución y continuará el proceso penal recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco en Villaldama, Veracruz.

El pasado 4 de agosto, agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Roberto Ávila, en atención a una orden girada por el Juez por la causa penal con número de expediente 61/2016; durante el tiempo que estuvo arrestado, trascendió que el acusado mandó destruir una lujosa mansión que estaba construyendo en un exclusivo fraccionamiento, para entorpecer las investigaciones de la PGR.

A pesar que el daño patrimonial a la nación fue estimado en mil 705 millones de pesos, según el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, un Juez le había concedido al sospechoso la libertad bajo fianza con el pago de una multa de apenas 20 mil pesos, pero este fallo fue apelado por el Agente del Ministerio Público Federal y la Delegación en Sonora de la PGR, quienes aportaron las pruebas suficientes e integraron una averiguación previa para revocar la fianza irrisoria dictada por el Juez Decimosegundo de Distrito.

Además que supuestamente derribó una lujosa mansión que acreditaba un probable enriquecimiento ilícito de Roberto Ávila, el ex funcionario del SAT relacionado en las investigaciones directamente con Guillermo Padrés, opuso resistencia cuando agentes de la PFM trataron de reaprehenderlo, todas estas situaciones fueron consideradas por el Juez que le negó la fianza.