VIDEO | Peña Nieto pide confianza a los escépticos padres de los 43 desaparecidos
Treinta y tres días después de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto escuchó el miércoles por primera vez a sus desesperados padres en un largo encuentro del que los familiares salieron decepcionados.
«Tuve oportunidad durante prácticamente cinco horas de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando», reconoció el mandatario en un mensaje a los medios.
Peña Nieto explicó que este encuentro a puerta cerrada con familiares, abogados y compañeros de los desaparecidos fue un espacio para «generar confianza», por lo que dio respuesta a 10 peticiones que le presentaron.
Ninguno de los padres compareció junto al presidente.
«Salimos con la misma noticia de que está en la búsqueda, todo el esfuerzo del Estado, pero no tenemos nada», dijo en una rueda de prensa Felipe de la Cruz Sandoval, padre de uno de los desaparecidos.

«La confianza no se pide, se gana», recalcó David Flores, representante del Comité Estudiantil.
Por su lado, el abogado Mario Patrón, que asesora a las familias, recalcó que no volverá a haber un encuentro con Peña Nieto hasta que haya «resultados en la búsqueda y la localización» de los jóvenes.
Los padres exigen que encuentren con vida a los 43 jóvenes, cuyo paradero se desconoce desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados por unos policías de la ciudad de Iguala y unos sicarios del cártel local Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
Como respuesta a las peticiones de los familiares, Peña Nieto se comprometió a fortalecer los esfuerzos para encontrar a los jóvenes y aseguró que se creará una comisión con representantes de la fiscalía general y de los padres para «mantener cotidianamente informados a los padres del curso de las investigaciones».
Peña Nieto reconoció la impaciencia de los padres por tener resultados, así como su «preocupación» por las «especulaciones» que han aparecido en los medios de comunicación sobre los jóvenes. Algunos testimonios de detenidos por este caso aparecidos en los medios ligaron a los estudiantes con grupos armados, incluido el cártel local Los Rojos, enemigo de los Guerreros Unidos. Los padres creen que se trata de un intento de criminalizar a sus hijos, quienes estudian para convertirse en maestros en una escuela rural de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), conocida por su beligerancia política.
Presionado en México y el exterior, Peña Nieto reiteró su intención de aplicar justicia «tope donde tope» en este crimen, que ha destapado una trama de complicidades entre el narcotráfico, policías y las autoridades de Guerrero.
Búsqueda en los ríos
La fiscalía cree que los policías entregaron después a los 43 muchachos a los Guerreros Unidos y teme, por las declaraciones de los detenidos, que pudieron ser asesinados y enterrados.
Unos policías federales rastrearon el miércoles varios ríos cerca de Iguala con lanchas y buzos, como parte del operativo de búsqueda en el que participan más de 2.000 efectivos.
Un funcionario federal dijo a la AFP que este rastreo trata de verificar unas declaraciones del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, capturado el 16 de octubre. Casarrubias indicó que, después de los ataques, unos integrantes de su grupo presuntamente arrojaron bolsas con restos humanos calcinados en ríos, dijo la fuente.
Según la fiscalía, Casarrubias admitió que avaló el ataque, pues uno de sus lugartenientes le aseguró que los jóvenes eran miembros de un cartel rival.
Choques en la residencia del gobernador
En Guerrero, una de las regiones más pobres y violentas de México, los estudiantes y maestros protagonizan fuertes protestas, que incluyeron el incendio de la sede del gobierno de Guerrero y la alcaldía de Iguala.
El miércoles, centenares de maestros marcharon hasta la residencia oficial del nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, en Chilpancingo, capital estatal. La manifestación derivó en un lanzamiento mutuo de piedras y petardos entre maestros y unos 200 policías antimotines que estaban dentro de la residencia. Luego, los maestros consiguieron abrir la puerta principal empotrando una camioneta que incendiaron.
Este crimen ha desatado la indignación contra la clase política mexicana. El anterior gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tuvo que dimitir la semana pasada, mientras que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora revocado, y su esposa son las personas más buscadas del país. La fiscalía asegura que ambos estaban al servicio de Guerreros Unidos y ha acusado al alcalde de ordenar reprimir a los estudiantes de Ayotzinapa porque pensaba que iban a sabotear un evento público de su esposa.
El miércoles, Luis Mazón, suplente de Abarca, fue nombrado nuevo alcalde de Iguala, pero cinco horas después, pidió una licencia para separarse del cargo. Este edil es hermano de Lázaro Mazón, quien tuvo que renunciar hace dos semanas como secretario de Salud de Guerrero por su relación personal y política con el prófugo Abarca.
Hallan 13 cadáveres en fosa clandestina
Al menos 13 cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina encontrada en el pueblo mexicano de Zitlatla, en el violento estado de Guerrero (sur), informó el jueves la policía local.
«De acá sacaron 13» cuerpos, dijo a la AFP un alto mando de la policía de Zitlatla en referencia a la fosa encontrada el miércoles mediante un aviso anónimo.
Zitlala, de unos 22.000 habitantes, se encuentra a 175 km al sur de la ciudad de Iguala (Guerrero), donde siguen siendo buscados los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras ser atacados por policías locales y narcotraficantes.
Por el momento las autoridades no han vinculado la fosa de Zitlala con la búsqueda de los estudiantes.
Un funcionario del servicio forense de Guerrero declaró a la AFP que los cadáveres de Zitlala estaban en costales y que habrían sido enterrados hace más de cuatro meses.
El pueblo de Zitlala no había registrado incidentes violentos últimamente pero en la localidad vecina de Chilapa de Álvarez han habido graves enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de la zona.
El pasado julio 14 personas murieron en dos jornadas continuas de balaceras en Chilapa de Álvarez (120.000 habitantes).
El hallazgo de fosas clandestinas con cuerpos se multiplicó en México tras el inicio en 2006 de una ofensiva militar contra el narcotráfico. Desde entonces, más de 80.000 personas han sido asesinadas en en hechos vinculados con el crimen organizado en el país.
AFP