PGR investiga red de tráfico de menores en Sonora

Por Gerardo Moreno/

“Hay una querella firmada y ratificada por la denuncia presentada por un representante de la sociedad civil por los delitos de trata de personas, nosotros aseguramos que hay trata de personas y estamos exigiendo a la PGR que lo investigue a fondo”

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en sus manos una denuncia para iniciar con la investigación del caso de la red de tráfico de menores que era operada por funcionarios del DIF de Sonora.

Juan Manuel Estrada Juárez, representante de la Fundación Find de niños robados y desaparecidos, comentó que el pasado martes interpusieron una formal denuncia de hechos (bajo el expediente AP/PGR/SON/HER-VI/807/2015) en contra de varios funcionarios estatales y particulares por el delito de trata de personas.

“Ya hay una investigación paralela de parte de la PGR, estamos nosotros señalando que hay delitos concurrentes y cuando pasa eso hay obligación investigarla… ya hay una querella firmada y ratificada por la denuncia presentada por un representante de la sociedad civil por los delitos de trata de personas, nosotros aseguramos que hay trata de personas y estamos exigiendo a la PGR que lo investigue a fondo”, expresó.

El también integrante de la Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas de la Secretaría de Gobernación, señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado estuvo advertida de la situación por el área de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En este sentido, abundó, el fiscal estatal Carlos Navarro Sugich debió proceder por el delito de trata de personas, pero al contrario permitió que los funcionarios acusados directamente huyeran y además desistió de la acusación penal contra los padres adoptivos sin concluir la investigación.

“Los padres que tienen a los menores cometieron delitos y estos deben castigarse, una persona que tuvo a bien desembolsar hasta 150 mil pesos por un bebe, o diferentes cantidades, es una persona que tuvo conocimiento perfectamente de lo que estaba haciendo”, indicó el activista.

Para Estrada Juárez, la presidenta del DIF en Sonora, Ivette Dagnino de Padrés, debió haber iniciado una investigación en la Contraloría Interna y luego exigir a las autoridades que actuarán. Sin embargo, insistió Estada, prefirió callar a pesar de conocer del expediente vía PGJE.

Aclaró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos habla de 16 casos y la PGJE acepta 10, pero ellos documentaron y presentaron ante la PGR al menos 26 casos diferentes de niños desaparecidos en el Poblado Miguel Alemán que podrían estar en la misma condición.

Indicó que la red de complicidades en el tráfico de Sonora va mucho más allá de las dos personas señaladas como los principales actores, donde dijo que indudablemente hay personal del Hospital Infantil y del Registro Civil involucrados.

Estrada Juárez detalló que el pasado miércoles ratificaron la denuncia en la delegación de la PGR en Sonora para actué en consecuencia e hicieron una solicitud a las autoridades norteamericanas para que investiguen a fondo el caso, ya que hay indicios que algunos menores hayan sido vendidos en Estados Unidos.