Pide intervención de la SCJN por negligencia médica

Por Imanol Caneyada/

Doce años después de que su hijo muriera en un quirófano del Hospital Infantil por comprobada negligencia médica, Edgar Mondragón lucha para que su caso llegue a la Suprema Corte y el castigo sea ejemplar

Cuando aquel miércoles 15 de diciembre de 2004, Édgar Mondragón, que tiene un modesto restaurante de pizzas por la colonia El Ranchito, vio a su hijo de casi dos años morir en la sala de cuidados intensivos del HIES, después de una operación de craneosinostosis sagital fallida, no sabía el calvario que iba enfrentar en busca de una justicia que se le ha concedido a medias, siempre matizada por ministerios públicos omisos y negligentes, jueces sospechosamente inclinados a proteger a los médicos implicados y una larga cadena de tecnicismos, trampas judiciales y abogados incapaces.

En su hogar-negocio, Edgar Mondragón nos cuenta su historia. A estas alturas se ha convertido en todo un experto. La charla la preside un collage de fotos de su hijo que cuelga en la pared del comedor. Mientras nos relata una crónica una vez más plagada de omisiones, colusiones y encubrimientos de nuestro maltrecho sistema judicial, desvía su mirada hacia el collage fotográfico como para encontrar fuerzas.

Durante estos doce años, el empecinamiento de Édgar Mondragón ha logrado que existan cuatro sentencias, dos en primera instancia y dos en segunda.

En el transcurso de esta larga guerra judicial, ha tenido que enfrentar amparos promovidos por las partes implicadas, abogados deshonestos (ha cambiado varias veces de litigantes) y ministerios públicos que incurren en dilación y en omisiones; de hecho, varias veces tuvo que ampararse para que la justicia federal obligara al fiscal implicado (supuesto defensor de la víctima) a realizar su trabajo.

Su hijo murió en manos del doctor José Manuel Orozco Vázquez, quien el 15 de diciembre de 2004 llevó a cabo una operación de craneosinostosis sagital en el Hospital Infantil del Estado de Sonora sin contar con el título de neurocirujano pero ostentándose como tal; su especialidad era la de cirujano maxilofacial.

Esto se dio gracias a la complicidad del neurocirujano titular del HIES en ese momento, Mario Gabriel Guevara, quien llegó a la cirugía dos horas después de iniciada, y la de las autoridades del propio hospital, dirigido en ese momento por el doctor Rafael Martínez Vázquez, quienes permitieron que un cirujano dentista acometiera una operación para la que no estaba preparado, como la muerte del niño Ismael Mondragón en el quirófano confirmó.

Tampoco asistió en la operación un anestesiólogo acreditado como tal, sino que en ese momento médicos residentes (es decir, en proceso de formación de la especialidad) fueron quienes estuvieron presentes en la intervención que terminó en la fatal muerte del menor, presentando un edema cerebral y la compresión cerebral a nivel frontal y parietal izquierdo.

Lo triste de este caso es que la PGJE, más por el empuje y la insistencia del señor Mondragón que por celo profesional, pudo acreditar la negligencia médica.

Así lo confirman las sentencias que en primera instancia se emitieron y que fueron ratificadas en segunda instancia.

Hablamos de sentencias, en plural, porque hubo una por homicidio culposo que impuso a los dos médicos involucrados una pena de seis años de cárcel e inhabilitación de por vida.

Édgar Mondragón consideró en su momento que el castigo era muy blando para quienes habían asesinado a su hijo, así que solicitó a la PGJE apelar a la segunda instancia, la cual ratificó la sentencia.

A través de un amparo, el ofendido logró que la PGJE recalificara el delito a homicidio doloso, concretamente como responsables intelectuales y materiales del delito de homicidio intencional cometido en perjuicio del menor Ismael Mondragón Molina.

La sentencia fue tan blanda o más que la anterior, ya que a pesar de tratarse de homicidio doloso, únicamente les dieron dos años más de cárcel y tres meses de inhabilitación, en lugar de la inhabilitación de por vida.

La sentencia fue ratificada en segunda instancia.

Mientras tanto, los médicos residentes, mediante un juicio de amparo, lograron reducir a menos de tres años de prisión la sentencia para evitar pisar la cárcel.

El señor Mondragón interpuso un juicio directo de amparo contra la sentencia en septiembre de 2011, pero fue desechado.

Asegura que las sentencias no se han ejecutado y que ambos doctores, a doce años de su crimen, no han pagado por lo que hicieron.

Por ello, ha acudido con su caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y espera que con las reformas constitucionales sobre derechos humanos, éste llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quiere sentar un precedente inexistente en el país, abrir una carretera donde ni siquiera hay brecha.

Los casos de negligencia médica en México rara vez prosperan. Las comisiones de arbitraje médico encubren a los implicados, los procesos son largos y desalentadores, se pierden en tecnicismos, las fiscalías no están preparadas para enfrentar casos de esta índole y cuando existen sentencias, rara vez son ejemplares, al contrario, tienden a ser muy complacientes.

Contra todo ello hace doce años que lucha Edgar Mondragón; ahora tiene puesta la esperanza en las reformas constitucionales que por primera vez en la historia del país ponen especial acento en los derechos de las víctimas.