Piden informar certificación de mandos de seguridad

Reforma/

Senadores del PAN y PRI presentaron puntos de acuerdo para pedir informes sobre la falta de certificación de mandos de seguridad en Sonora y para apresurar las indagatorias contra el ex Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés.

Los senadores panistas Fernando Yunes y Francisco Búrquez pidieron al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, un informe sobre los motivos por los que se ha permitido incumplir con la certificación de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, incluyendo a su titular.

Los legisladores recordaron que, desde el pasado 24 de noviembre, solicitaron la calendarización oficial de las fechas de exámenes de evaluación de control y confianza de los altos mandos locales.

«Pedimos también la información sobre cualquier otro funcionario público que, por la naturaleza de sus funciones sensibles en materia de seguridad pública, deba conocerse», señalaron.

«También la correspondiente constancia de certificación de aprobación de sus puestos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora».

Sin embargo, aseguraron que ante la falta de respuesta, decidieron llevar la petición ante la Comisión Permanente del Congreso.

«Esto daña gravemente a las instituciones de seguridad pública, dado que es clara, flagrante y reconocida la violación a la Ley en materia de ingreso de servidores públicos de seguridad pública», afirmaron.

«Quienes deben defender a los ciudadanos de los ilícitos, son justamente quienes lo están cometiendo».

Por otro lado, la bancada del PRI hizo un exhorto a la Procuraduría General de Justicia de Sonora amplíe las investigaciones sobre la presunta responsabilidad del ex Gobernador panista de la entidad en la red de tráfico de menores detectada en agosto del año pasado.

«Para que, en su caso, se deslinde responsabilidad penal en contra del ex Gobernador, Guillermo Padrés Elías, por su presunta participación por acción u omisión», señalaron.

«Es de vital importancia que las autoridades deslinden la responsabilidad penal, en virtud de lo que el bien jurídico afectado es el interés superior de la niñez».