Pretenden frenar amparos de ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está a punto de quedarse sin recurso legal alguno para forzar a la Procuraduría General de la República (PGR) a castigar a funcionarios acusados de corrupción.

Los nueve tribunales colegiados penales del Distrito Federal sesionarán el 12 de mayo para definir si el órgano puede o no promover amparos contra la decisión de la fiscalía de archivar las averiguaciones previas donde el primero es denunciante.

El Magistrado Ricardo Ojeda Bojórquez, ponente de la contradicción de tesis 5/2014, presentará al Pleno de Circuito de Tribunales Penales del DF -integrado por un representante de cada uno de los 9 tribunales colegiados-, un proyecto donde plantea darle la razón a la PGR.

Indica que la ASF no tiene interés jurídico para promover amparos contra los resolutivos de no ejercicio de la acción penal de la Procuraduría, en virtud de que el archivo de tales investigaciones no le afecta a su patrimonio.

El archivo de una indagatoria, donde la PGR decide no fincar responsabilidad penal, señala, a la Auditoría Superior no le causa un daño patrimonial o físico, pérdida financiera o menoscabo en su esfera de derechos.

Es decir, que, en todo caso, la dependencia afectada por los delitos de los servidores públicos, es la que tiene una afectación en su patrimonio.

De lo que decidan los nueve magistrados del Pleno de Circuito saldrá una jurisprudencia obligatoria para todos los jueces de procesos penales y amparo, y magistrados de todos los tribunales de alzada de la Ciudad de México.

Según un documento del Poder Judicial de la Federación, con base en los antecedentes recientes, el Primero, Quinto y Octavo Tribunales Colegiados votarían contra el proyecto de Ojeda y buscarían prevalecer el recurso de amparo para la ASF.

Con base en la Ley de Fiscalización, dichos tribunales sostienen que la ASF es el órgano encargado de salvaguardar el patrimonio de los entes públicos federales, independientemente de la pertenencia material de los recursos.

Este criterio no lo comparten el Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo Colegiados, quienes apoyan el proyecto del Magistrado ponente.

Según el documento referido y fechado el 23 de abril pasado, el Sexto y Noveno Colegiados, que no se han pronunciado previamente, definirán la votación.

Los criterios en disputa ya han sido utilizados para resolver algunos casos, como la indagatoria contra Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, por el presunto desvío de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero, en 2004.

En abril de 2014, un tribunal colegiado avaló la decisión de archivar la investigación, por parte de PGR, pero estableció que la ASF sí estaba facultada para impugnar dichas determinaciones ministeriales.

Elude Fiscalía denuncias y cierra casos

Algunos casos de presunta corrupción, denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, ya han sido cerrados en definitiva bajo el criterio de que dicho organismo fiscalizador no tiene interés jurídico para impugnar a la PGR.

El año pasado, el Segundo Tribunal Colegiado Penal del DF validó la decisión de la PGR de archivar una averiguación previa donde la ASF denunció a tres funcionarios por vender 122 bienes del IPAB a un precio inferior a los avalúos.

El daño al erario en este caso se calculó en más de 10 millones de pesos.

Sin embargo, la PGR dictó el no ejercicio de la acción penal a favor de tres ex mandos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), acusados de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.

La decisión favoreció a Gerardo Govea Hernández, ex coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles; José Andrés Casco Flores, ex director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, y Telmo Azorín Bernárdez, ex administrador de Valuación de Bienes del SAE.

La PGR decidió que no había elementos para solicitar una orden de aprehensión contra los ex servidores públicos. La ASF litigó con un amparo esa determinación, pero el Segundo Tribunal resolvió que el órgano no tiene interés jurídico.

Los funcionarios denunciados ya habían sido sancionados administrativamente por la Secretaría de la Función Pública, por diversos asuntos.

En agosto de 2010, la SFP dio a conocer que había impuesto una inhabilitación de 10 años y una multa de 4 millones 828 mil 906 pesos a Govea Hernández y Casco Flores, por la supuesta venta irregular de un predio en Caborca, Sonora.

REFORMA