Promete comisión de diputados cambios a la ley sobre mineras

El diputado Marco Antonio Bernal aseguró que la Legislatura actual asume la obligación de garantizar que no se repetirá una tragedia ecológica como la observada en Sonora por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México.

Expuso la importancia de modificar la legislación para establecer sanciones y multas oportunas, proporcionales al daño y perjuicio generados por empresas mineras, considerando las ganancias percibidas, la reincidencia en ilícitos y garantizando su pago efectivo.

Al presentar ante el Pleno el primer informe de la Comisión Especial que da seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, también señaló la necesidad de realizar las reformas necesarias conforme a las mejores prácticas internacionales.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó asimismo la importancia de legislar para fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos mineros.

Además para instaurar la suspensión inmediata de actividades al presentarse una contingencia o daño y que las empresas que contaminen o pongan en riesgo el ecosistema y la vida humana pierdan la concesión y paguen los daños.

Se pronunció por reformar las leyes necesarias para asegurar el otorgamiento y la conservación de las concesiones a empresas social y ambientalmente responsables, robustecer la autoridad del Estado en materia de litigios sobre daños ambientales y agilizar los juicios con particulares que tienen los concesionarios mineros.

Acusó la falta de disposición de Grupo México para asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial y desinterés por los derechos de los trabajadores.

“La falta de compromiso social es inaceptable para una empresa mexicana con proyección global que gana diariamente 4.4 millones de dólares por la extracción de riqueza nacional, sin aportar beneficios concretos a la región, ni al propio estado de Sonora”, declaró.

A su vez José Enrique Reina Lizárraga, del Partid Acción Nacional (PAN), opinó que la catástrofe ecológica marca la pauta para que los empresarios incrementen su compromiso con el respeto al medio ambiente.

Además, sostuvo, para que el Legislativo brinde los mecanismos legales adecuados a la Federación y al estado en materia de responsabilidad ambiental y para que el gobierno vigile estrictamente la aplicación de esa ley.

México debe estar preparado legislativamente en materia ambiental ante la llegada de nuevas inversiones que seguramente traerán las reformas estructurales. Se debe garantizar que se vincule el desarrollo económico del país con la protección del medioambiente, subrayó.

En tanto la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó que no puede reducirse a sólo un asunto de indemnizaciones y dádivas el desastre ecológico en Sonora.

Preocupa sobremanera que se ignoren o se diluyan los asuntos que tienen que ver con la responsabilidad civil y penal, con la suspensión de operaciones y con el retiro de la concesión que están planteados como parte de las recomendaciones de esta comisión, anotó.

A su juicio, se debe iniciar en todo el país una revisión de las autorizaciones de impacto ambiental expedidas a las mineras que en sus procesos utilicen la técnica de lixiviación para la decantación y beneficio de minerales, así como las condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones de las explotaciones mineras.

Por el PRI habló Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quien mencionó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, significan ocho mil pipas de agua que darían la vuelta a todo el Circuito Interior.

“Los sonorenses no tiene por qué asumir el costo de la irresponsabilidad y la falta de interés de Grupo México, tanto en la seguridad de las minas como en la calidad de los materiales que emplean o en la violación sistemática que han incurrido en las normas industriales y ambientales”, declaró.

Al fijar la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Ximena Martel Cantú indicó que la tragedia ambiental, humana y económica que está viviendo Sonora es el peor siniestro ecológico del que tenga memoria en la historia de la minería mexicana.

Consideró que el actuar y la conducción que ha tenido el grupo responsable de derramar alrededor de 40 mil metros cúbicos de materiales contaminantes ha carecido de responsabilidad social, compromiso humano o conciencia ambiental, intentando por todos los medios eludir y después minimizar su responsabilidad en el derrame.

Sin embargo añadió, los números hablan por sí mismos: cinco mil 70 hectáreas siniestradas, 24 mil personas afectadas directamente, 35 pozos de agua potable y 300 pozos de uso agrícola y ganadero suspendidos.

“El impacto ambiental y económico es aún incuantificable y merecerá un monitoreo de por lo menos un lustro”, externo.
A nombre del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil recordó que, en Chihuahua, Grupo México decidió retirarse del trabajo que tenía en la procesadora de Asarco porque Estados Unidos le impuso una multa de mil millones de dólares por la contaminación que estaba haciendo en la frontera con El Paso y Ciudad Juárez.

El monto de 40 millones de litros o 40 mil metros cúbicos es una información que ha dado Grupo México, ni siquiera hay una certeza de cuánto fue lo que realmente se derramó en el Río Bacanuchi y cayó a la cuenca del Río Sonora, advirtió.

Notimex