La bancada del PRD en el Senado presentará una iniciativa para crear una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate la Corrupción.
La propuesta contempla un capítulo específico para sancionar los actos de corrupción que se cometan en el sector de hidrocarburos y energía eléctrica.
Los perredistas plantean que sólo el nuevo Instituto Nacional Anticorrupción tenga competencia para conocer de los casos vinculados a las asignaciones, contratos y convenios del Estado con particulares, en los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, y de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos.
Se advierte que los actos de corrupción de las empresas productivas del Estado, es decir Pemex y CFE, no prescribirán antes de 10 años o mientras sus efectos continúen vigentes.
En estos casos no se admitirá la reserva de información por secreto bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá conocer la totalidad de la información contenida en el contrato de asociación, desde el inicio de su vigencia hasta la conclusión, incluido el periodo posterior de fiscalización hasta por cinco años.
Asimismo, podrá iniciar un procedimiento administrativo por oficio e incluso solicitar la coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación, dar vista al Ministerio Público y solicitar al juez las medidas precautorias que se requieran.
En caso de comprobarse la existencia de actos de corrupción, el Instituto enviará el expediente completo a la fiscalía especializada en esos delitos y presentará la denuncia de hechos.
También se detalla el funcionamiento del nuevo Instituto Nacional para el Combate la Corrupción, diseñado como el órgano que encabezará las acciones del Estado en contra de los funcionarios que incurran en irregularidades.
El proyecto establece el Registro Público de Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos Federales para dar seguimiento a los bienes de los funcionarios, pero también de las personas físicas y morales que reciban recursos del erario.
La propuesta incluye el mecanismo de nombramiento del nuevo titular de una Fiscalía Especializada de la PGR que será la responsable de investigar y perseguir los delitos de corrupción.
En este caso, se plantea que el fiscal cuente con el voto de las dos terceras partes del Pleno del Senado.
La iniciativa señala el catálogo de responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los funcionarios que incumplan sus obligaciones en el combate la corrupción.
REFORMA
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