Redadas y deportaciones son actos de migración forzada

Según datos de la Patrulla Fronteriza, este año cayeron 90% las detenciones de migrantes; aunque el Gobierno de Trump no está respetando su compromiso internacional de no devolución de buscadores de asilo

Por Gerardo Moreno Valenzuela

La agresiva política implementada por el gobierno de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de realizar redadas en grandes ciudades del vecino país para deportar a migrantes ilegales, se debe considerar como un acto de migración forzada.

El investigador del Colegio de la Frontera Norte de Nogales (Colef) y responsable académico del Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos, José Israel Ibarra González, explicó que es claro el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos a raíz de la llegada de Donald Trump.

“Se están dando vuelos de repatriación al interior del país, tanto al AIFA como al estado de Chiapas, parte de las razones por las que se dan estos vuelos de repatriación hacía del país y no como tradicionalmente sucedía aquí en la frontera es para evitar o desincentivar que las personas quieran volver a intentar ingresar a los Estados Unidos en un periodo corto”.

El doctor Ibarra explicó que antes se tenían números altos de deportaciones, combinando las que se hacían de manera expedita, quienes ingresaban a la frontera a pedir asilo, los detenían en los centros de migración y si no cumplían los requisitos los enviaban de manera inmediata a suelo mexicano, y otra de las personas que ya estaban asentadas en Estados Unidos, ya hacían su vida allá pero no están regulares, y en algunos casos, cometían delitos y los deportaban.

En términos reales, los datos de la Unidad de Política Migratoria de México, que es el área de investigación de la Secretaría de Gobernación, marca una disminución del 35% en las deportaciones hacia México, ya que de enero a abril del 2025 fueron 43 mil 279 y el mismo periodo del 2024 fueron 65 mil 950.

“La situación aquí es que no hay una diferenciación al ingresar a México, entre quienes salieron por una orden de deportación con efectos legales y que ya estaban asentados en los Estados Unidos versus aquellos casos, que todavía se siguen presentando, que intentan cruzar por la frontera, que han bajado dramáticamente, como lo hemos visto, pero se siguen presentando”.

Según la estadística del CBP, este de enero a abril del 2025 se han detenido a 53 mil 17 personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una reducción del 90%, en comparación al 2024 y solo en Arizona (sectores Tucson y Yuma) se pasó de 193 mil detenciones en 2024 a 9 mil 783 este 2025, también un 90% menos.

Sin embargo, al entrar a México no se puede diferenciar entre quienes fueron deportados de manera inmediata de quienes han sido detenidos en redadas y deportados sin saber cuántos años ya tenían viviendo en Estados Unidos, si ya tenían hijos nacidos allá o si les queda algún familiar en su lugar de origen.

“Hay que empezar a visualizar los efectos que va a tener en la red social de las familias de las personas que están siendo deportadas a México, porque lo que se está presentando es una crisis y un rompimiento de la unidad familiar… La realidad es que las deportaciones, según en este momento, es una categoría de migración forzada”.

Explicó que varios teóricos de migraciones, aseguran que la migración forzada se da por un acontecimiento político o militar donde se involucran actores sociales violentos, en este caso es el Estado, que desplaza a un número muy grande de personas en un intervalo relativamente corto, entonces, con todas sus palabras las deportaciones hechas en Estados Unidos a México son migración forzada.

“Estamos hablando de que en este momento se está dando una migración forzada de los Estados Unidos a México que está (valga la palabra) destruyendo la unidad familiar y que esto va a traer repercusiones muy graves en cuanto a las reconfiguraciones de las familias, cuando ya ingresen a territorio nacional”.

Desplazados forzados

El responsable académico del Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos del Colef dijo que, aunque en los números de personas migrando a Estados Unidos se haya reducido y para la lógica del Gobierno de Donald Trump, este endurecimiento y persecución esté funcionando, la realidad es que no están respetando su compromiso internacional de no devolución de buscadores de asilo.

“Tenemos que analizar esto en el marco de un sistema global de derechos humanos donde en todos los países hay un acuerdo de respeto, en primer lugar, a aquellos que son buscadores de asilo… Es decir, los Estados Unidos no están respetando su compromiso ante la comunidad internacional de la no devolución del procesamiento de los buscadores de asilo”.

Recordó que si hay muchas personas que migran para mejorar su situación económica, eso no se puede negar, pero también hay muchísimos que están en movilización por desplazamiento forzado, huyendo de contextos de violencia, persecución política, el crimen organizado, bajo amenazas, incluyendo México.

“Más de 20 estados de la República Mexicana están siendo expulsores de población desplazada, claro se concentran Michoacán, Guerrero y Chiapas, pero esto no quiere decir que no está habiendo expulsiones en otros estados de la República, incluido la propia región de Sonora”.

¿Qué hacer?

El doctor José Israel Ibarra González señaló que el sector más vulnerable son las niñas, niños y adolescentes migrantes, ya no solo por el contexto y sufrimiento que tuvieron para migrar a Estados Unidos, ahora también luego de pasar toda su vida en Estados Unidos, de incluso no hablar español, algunos, los obligan a migrar a México o a Latinoamérica, o separarse de sus familias.

“En el caso de los menores de edad, que son ciudadanos estadounidenses y que están siendo deportados, están obligados a integrarse a otro país, que ni siquiera es el de ellos. Entonces, estamos viendo una política realmente muy cruel”.

En ese sentido aclaró que es necesario que todos los gobiernos que participan de este marco global para la paz, que es la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabajen para dar reversa a esa política de ver el tema migratorio como algo de seguridad y sea con un enfoque de derechos humanos y sobre todo el respeto al derecho a migrar.

Dijo que hay que promover un enfoque donde las personas migrantes no sean consideradas como una amenaza a la seguridad nacional, un enfoque donde el principio de la unidad familiar esté sobre las cuestiones de inmigración particulares y los niños tengan el derecho a estar con sus padres en su país de origen.

Los gobiernos deben de trabajar porque la unidad familiar siga prevaleciendo como derecho humano, se tiene que preservar como política a la familia como el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Incluso previo a la deportación y después de la deportación”.

En ese sentido ya para México en particular, es importante que comience a desarrollar un plan de reintegración de personas migrantes deportadas a largo plazo, si está muy bien la estrategia de albergues que ofrecen ayuda humanitaria, pero también facilitar que las personas deportadas tengan una vida en este país.

“Todas estas personas que están regresando, más de 43 mil en estos 4 meses, son personas que ya tenían su vida hecha en los Estados Unidos y que ahora tienen que volver a hacer su vida en México”.

Entonces, dijo, el aparato del Estado Mexicano debe crear programas para que tengan su acta de nacimiento, la credencial de elector, acceso a la educación, servicio de salud, oportunidades para conseguir un trabajo y un plan para que recuperen su identidad y de su sentido de pertenencia de México.