Reformar ley ambiental y castigo a Grupo México: Enrique Reina

Endurecer las leyes por daño ambiental y exigir al Gobierno Federal retire la concesión a Grupo México si se comprueba que actuó con negligencia o dolo en el derramé de sustancias contaminantes en el Río Sonora, fue la postura del coordinador de los diputados federales del PAN por Sonora Enrique Reina Lizárraga.

El también secretario de la Comisión Especial Río Sonora de la Cámara de Diputados, al hacer una visita a los municipios afectados por este derrame de materiales contaminantes, urgió a hacer una revisión y adecuación del marco jurídico ambiental del país para que las sanciones correspondan a la magnitud del daño causado por este tipo de eventos y para enfrentar eficazmente este tipo de hechos.

“Hay una desproporción entre el daño y la sanción, ya que mientras que el daño a los habitantes de los municipios del Río Sonora asciende a 800 millones de pesos, la empresa minera recibió una multa de 40 millones de pesos, porque así lo dicta la actual Ley de Responsabilidad Ambiental”.

Señaló que la empresa minera está obligada a resarcir totalmente el daño tanto económico como ambiental que provocó.

Reina Lizárraga afirmó que los diputados de esta comisión solicitarán al gobierno federal retire la concesión a la minera Buenavista del Cobre si se comprueba que hubo negligencia o dolo en este desastre.

El legislador federal dijo que esta catástrofe ecológica marca la pauta para que los empresarios incrementen su compromiso con el respeto al medio ambiente, para que el legislativo brinde los mecanismos legales adecuados a la federación y los estados en materia de responsabilidad ambiental y para que el gobierno vigile estrictamente la aplicación de la ley.

“México debe estar preparado legislativamente en materia ambiental ante la llegada de las nuevas inversiones que seguramente traerán las reformas estructurales”, puntualizó.

“Debemos garantizar que se vincule el desarrollo económico del país con la protección del medio ambiente; debemos procurar que las empresas que operan en el país sean socialmente responsables, estén sujetas a regulaciones más severas, pero ante todo, lograr el cumplimiento de la ley», concluyó