Reinician relación gobierno-yaquis; hubo primer acercamiento, pero hay tareas pendientes

Por Imanol Caneyada/

Ernesto Argüelles, vocero de este grupo que logró en fechas recientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera la denuncia histórica contra el Estado mexicano, señala que los temas de fondo no se trataron en la reunión con la gobernadora

El patio central del Palacio de Gobierno se vistió de gala para recibir a los representantes de los ocho pueblos yaquis el pasado 4 de noviembre, en un acto que, sobre todo, buscaba restituir la muy dañada relación entre la tribu y el Gobierno del estado en la anterior administración.

Así, la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, respondía al apoyo que recibió de los yaquis durante las elecciones y empezaba a cumplir las promesas dadas.

La mandataria anunció una inversión de 396 millones de pesos destinados principalmente a la construcción de centros de salud y escuelas, adquisición de ambulancias y más acciones para abatir el rezago que hay en los pueblos.

Por su parte, el vocero de la etnia, Tomás Rojo, reconoció el esfuerzo del actual gobierno, reiteró el apoyo a Claudia Pavlovich y consideró que una nueva relación iniciaba entre el sur y el norte de la entidad.

Después del enfrentamiento y la total ruptura de comunicación que la anterior administración mantuvo con la Tribu a causa del acueducto Independencia y el incumplimiento de las obligaciones gubernamentales, este acto se convierte en el reinicio de una relación fracturada que, entre otras cosas, tenía sumida a las comunidades yaquis en el olvido.

Sin embargo, algunos integrantes de la tribu, los cuales conforman el llamado Equipo Río Yaqui, consideran que los temas de fondo no fueron abordados en este acto protocolario; dichos temas están contenidos en la demanda que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006, y que por fin nueve años después, en julio de 2015, fue admitida por el organismo que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo de los acusados al Estado mexicano por violar sistemáticamente los derechos humanos de la tribu yaqui.

Ernesto Argüelles, vocero del Equipo Río Yaqui, señaló a Primera Plana que éste y otros actos parecidos por parte del Estado mexicano en cualquiera de sus tres niveles de gobierno son simulaciones para evadir la verdadera responsabilidad histórica que tienen con el pueblo yaqui; la prueba es que ninguna de las demandas de fondo que contiene el documento fueron tratadas en la citada reunión.

Según el propio Argüelles, el Equipo Río Yaqui fue recibido después del acto en Palacio de Gobierno por el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, para tratar el tema específico de la demanda admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos.

En general, señala el vocero del grupo, la estrategia del Estado mexicano desde que se supo la noticia ha sido la de tratar de acallar la demanda y simular una serie de acciones en apoyo a la tribu.

Pero lo anterior no resuelve el verdadero problema ni ensombrece el gran logro del Equipo Río Yaqui, ya que por primera vez en la historia, el Estado mexicano es llamado a cuentas por la Comisión, cosa que aún no sucede ni con el caso de la Guardería ABC, el cual aguarda una respuesta, o los desaparecidos en Ayotzinapa.

En este momento, explicó Ernesto Argüelles, el Gobierno federal ha solicitado formalmente a diversas dependencias gubernamentales, al Gobierno de Sonora e incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contribuyan en la respuesta que el Estado mexicano debe dar a la Comisión.

Como publicó el semanario Primera Plana el pasado viernes 23 de octubre, la demanda del Equipo Río Yaqui, entre otras cosas, establece:

“El Estado mexicano ha violado el derecho a la propiedad colectiva del Pueblo Yaqui en virtud del reconocimiento parcial, despojo y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal de territorio tradicional previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio Yaqui; y el alegado otorgamiento de concesiones y autorización para proyectos de infraestructura sin la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e informado del Pueblo Yaqui; y la inexistencia de un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de los pueblos indígenas”.