Respaldan a operador de perdón fiscal

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Hermosillo.- El Colegio de Contadores Públicos de Sonora AC solicitó hoy un juicio apegado a derecho para su socio activo Roberto Francisco Ávila Quiroga, ex funcionario en proceso penal por el probable perdón de impuestos que otorgó a allegados del ex Gobernador de esa entidad Guillermo Padrés.

A siete días de su arresto y posterior liberación con una fianza de 20 mil pesos, el Colegio de Contadores Públicos de Sonora dirigió hoy un pronunciamiento a la opinión pública, en el que indican conocer la situación legal de Ávila Quiroga.

«El pronunciamiento institucional de nuestro colegio es que a nuestro asociado se le brinde por derecho constitucional el DEBIDO PROCESO. El Colegio de Contadores Públicos de Sonora aceptará respetuosamente los resultados de las autoridades judiciales», indica el breve documento.

Firmado también por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sección Sonora, el Consejo Directivo presidido por Mario Arvizu avala lo que llama la conducta profesional de Ávila Quiroga.

«Roberto Francisco Ávila Quiroga es asociado activo con una antigüedad de más de 30 años y ex presidente de nuestro Consejo Directivo 2015-2016, tiempo en el cual ha desarrollado una conducta profesional apegada a nuestra normatividad institucional.

«Como ex presidente dio cumplimiento con el programa de trabajo apoyado por su equipo de trabajo», se indica en el documento.

A Ávila Quiroga se le sigue proceso penal junto con otros 34 ex funcionarios padrecistas que, se presume, hicieron auditorías falsas para otorgar el perdón fiscal a al menos 574 empresas sonorenses allegadas al ex Mandatario, con un desfalco al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de mil 705 millones de pesos.

Ávila Quiroga fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 4 de agosto cerca de su residencia en la exclusiva Colonia Pitic, por el probable delito de uso indebido de facultades y atribuciones.

El delito lo habría cometido en la Administración anterior, donde tenía el cargo de coordinador ejecutivo de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda sonorense.

El ex funcionario fue liberado tres días después de su detención, al pagar una fianza de 20 mil pesos; la resolución del Juez ya fue apelada por la PGR, por considerar que fue ínfima y no va de acuerdo al daño que, se estima, causó al erario público.

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