Se pone Aguirre a disposición de la PGR

El Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo ayer ponerse a disposición de las autoridades federales y estatales para ser investigado ante cualquier sospecha.

En una carta difundida anoche -en la que también anunció su renuncia al PRD-, el ex Gobernador demandó «justicia pareja y estricto apego a derecho».

«Me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se impute, como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la Ciudad de Iguala.

«Lo haré con dignidad y entereza, no habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi País y de mi estado», escribió.

Entre el martes y ayer, la PGR detuvo a nueve personas, entre ellos el hermano y sobrino de Aguirre, así como a siete integrantes de una familia cercana al político de Ometepec, Guerrero, acusados de lavado de dinero por un monto de 287 millones de pesos.

La dependencia también tiene en la mira a otros dos de sus familiares. Se trata de Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Mandatario, en una indagatoria que está a cargo de la Unidad Antilavado.

Además, son buscados otros siete implicados en este caso.

Entre los detenidos está el hermano del Gobernador con licencia, Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, quien fue secretario privado de su tío.

Carlos Mateo fungió como coordinador de asesores, una especie de jefe de gabinete, al inicio de la Administración en abril de 2011, pero tuvo que renunciar meses después, luego de que se revelara que medio centenar de familiares de Aguirre estaban en la nómina del Gobierno del Estado.

En este Gobierno, Carlos Mateo fue acusado de presionar a empresas para que pagaran «moche» o diezmo a cambio de aprobar obras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de otras dependencias estatales.

Tras el escándalo de nepotismo, ocupó el cargo de delegado de SCT en Morelos, que dejó en 2013.

El clan Hughes

De los nueve detenidos, siete pertenecen a la familia Hughes, empresarios de la construcción radicados en Acapulco. Tres de ello ocuparon cargos en la Administración de Aguirre.

Ayer fueron detenidos Víctor Ignacio Hughes Alcocer, su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y su hijo Víctor Felipe Hughes Acosta.

El martes, agentes detuvieron a Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

La familia ha estado ligada a Ángel Aguirre desde que éste fue como Gobernador interino de 1996 a 1999.

De hecho, en 2011 aportaron recursos a su campaña en Acapulco.

Víctor Ignacio Hughes Alcocer fue subsecretario de Finanzas y Administración. Hasta ayer aparecía en el portal electrónico del gabinete estatal.

Antes fue secretario de particular del ex Mandatario, cuando éste fue senador.

Víctor Felipe Hughes Acosta fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde enfrentó acusaciones de malversación de fondos públicos y fue destituido.

En 2012, elementos de la Policía Estatal hicieron un paro y un plantón en las instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación Policiaca (Infocap) para denunciar a Hughes Acosta de haber adjudicado de manera directa la compra de uniformes, armamento y patrullas a una empresa que nadie conocía.

Y al frente de una dirección de Obras Públicas estuvo Paulo Ignacio Hughes Acosta, quien tenía, según ex funcionario y contratistas, manga ancha.

«Ellos (los Hughes) pedían el 50 por 50, y si no, no te daban nada pero esto lo hacían porque no se daban abasto en las obras.

«Por lo regular le trabajaron más al Inifed (Infraestructura Física Educativa) pero controlaban todo, yo los mandé a la jodida», dijo un constructor de Acapulco quien pidió anonimato.

Otro hermano, en la mira

La Procuraduría General de la República tiene en la mira a otros dos familiares del Gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, por el caso de los más de 287 millones de pesos presuntamente desviados del erario y lavados por ex funcionarios de Guerrero.

De acuerdo con información del Gobierno federal, la PGR indaga a Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Mandatario, en una indagatoria que está a cargo de la Unidad Antilavado.

Al mismo tiempo, la Policía Federal y la PGR buscan a otros siete implicados en este caso, contra quienes se giró órdenes de aprehensión en la causa penal 11/2015 del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.

La información proporcionada señala que están prófugos de la justicia Wilberto Carreto Mayo, Rosa María Acosta Galván, Jorge Alejandro Hughes Alcocer, Arturo Percival Hughes, Miguel Ángel Hughes Acosta y los hermanos Henry Paul y Paola Estefanía Hughes Bueno.

Fuentes federales dijeron que desde el martes se dieron a la fuga, al enterarse que siete de sus familiares habían sido capturados por la Policía Federal en Acapulco y Chilpancingo.

Fue inhabilitada una empresa implicada

Desde agosto de 2014, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a una de las empresas involucradas en el desvío de más de 287 millones en Guerrero, porque incumplió con un contrato para la construcción de infraestructura hidráulica en Hidalgo.

El 20 de agosto la SFP prohibió a todas las dependencias del Gobierno federal contratar los servicios de Comercializadora 2003 S.A. de C.V., constructora a la que también multó con 386 mil 446 pesos, porque no formalizó un contrato que le adjudicó la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado en esa entidad.

De acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, se trata del contrato derivado de la licitación pública nacional NO. LO-913023989-N129-2012, convocada para la construcción de un emisor, colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Xochihuacán, municipio de Epazoyucan.

Comercializadora 2003 interpuso una demanda de nulidad y el pasado 26 de enero consiguió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa suspendiera provisionalmente el pago de la multa y la publicación de la circular de la sanción, pero no frenó la inhabilitación que tendrá vigencia hasta el próximo 3 de septiembre.

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