Secreto bancario

La revelación de información fiscal y bancaria, sin una causa judicial de por medio, conduce claramente a la violación de la privacidad de las personas

Por Moisés Gómez Reyna

Por décadas, el secreto bancario ha sido una piedra angular del sector financiero en México y el mundo, ya que éste protege la privacidad económica de los individuos y garantiza que la información confidencial se mantenga segura y protegida.

Cuando se propone eliminar o se rompe este principio, los gobiernos se arriesgan a abrir una auténtica caja de pandora, ya que la información personal y financiera de cualquier ciudadano puede quedar expuesta a posibles abusos y filtraciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban de sus clientes.

Pero no solamente los bancos deben ser garantes de este principio. También las instituciones gubernamentales son responsables, ya que tienen acceso a esta información, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera.

En México, el secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual determina que estas empresas, en ningún caso pueden dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios si no es al propio cliente.

Sin embargo, como excepción, las instituciones están obligadas a dar esta información, cuando lo solicite la autoridad judicial siempre que exista un juicio en el que el titular sea parte o acusado.

De acuerdo con la CNBV, se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero, por lo que si no existiera esta norma, entonces cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.

Hace una semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador cruzó una vez más la línea de la legalidad y violó el secreto bancario al revelar información financiera de empresas en las que participa Xóchitl Gálvez, quien es la figura política mejor posicionada en el proceso interno del Frente Amplio por México con miras a la elección presidencial de 2024.

En respuesta, la senadora amplió las denuncias que había presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente, pero ahora por violar el secreto bancario, el Código Fiscal y por abuso de autoridad.

Vale la pena subrayar que la misma información expuesta por el propio Presidente confirmó que son mínimos los ingresos que obtuvieron las empresas de la senadora por contratos con entidades de Gobiermno, y en ningún momento se acredita la obtención de recursos de manera ilícita.

Entonces, lo único que se expuso es información de negocios legítimos mayoritariamente entre particulares, lo cual no viola ninguna norma, pero con su divulgación por parte de la Presidencia sí se quebrantó el secreto bancario, el Código Fiscal y la protección de datos personales.

La revelación de información fiscal y bancaria, sin una causa judicial de por medio, conduce claramente a la violación de la privacidad de las personas. Todos tenemos el derecho a mantener nuestros asuntos financieros en el ámbito privado, y romper el secreto bancario y fiscal socava precisamente este derecho fundamental.

Así, por lo sucedido, queda en evidencia que cualquier ciudadano puede enfrentar una vulneración de su intimidad. La gente y los inversionistas confían en que sus datos se mantienen seguros y esperan que el gobierno sea el primero en utilizar esta información de manera responsable y ética. Pero al abrir la puerta a la divulgación ilegal de información financiera, se corre el riesgo de erosionar esta confianza y generar un clima de incertidumbre.

Otro riesgo importante es el potencial uso indebido de la información. Los datos financieros de los individuos son altamente sensibles y pueden ser objeto de explotación por parte de personas y entidades malintencionadas.

El robo de identidad, el fraude, la extorsión y el secuestro son sólo algunos de los delitos que pueden ocurrir cuando los datos bancarios y fiscales caen en manos equivocadas, lo que afecta gravemente la seguridad financiera y física de las personas.

Por otra parte, es importante aclarar que la confidencialidad bancaria y fiscal no es sinónimo de impunidad, ya que los organismos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley pueden tener acceso a la información financiera, pero solo cuando existen razones legítimas y bien fundamentadas para hacerlo y, por lo tanto, esto siempre debe ser bajo el amparo de estrictos controles y protecciones legales que eviten precisamente su mal uso.

En conclusión, la revelación de información fiscal privada y la ruptura del secreto bancario, como sucedió con la senadora Xóchitl Gálvez, plantean riesgos significativos para la privacidad, la confianza en el sistema financiero y la seguridad de los ciudadanos.

La transparencia y la lucha contra la corrupción son importantes, pero jamás deben hacerse a expensas de la integridad y seguridad de los datos personales y financieros de las y los ciudadanos. Mucho menos deben vulnerarse para tratar de confundir a la gente y descarrilar a opositores, porque entonces también se está atentando contra la democracia.

Twitter: @gomezreyna