Semarnat avaló Acueducto sin oír a yaquis: SCJN

Por Rigo Gutiérrez E./

La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a la tribu, debido a que fueron violentados sus garantías en el estudio de impacto ambiental; Semarnat debe reponer el proceso para que opere legalmente el acueducto Independencia

La Semarnat deberá escuchar a los habitantes de la comunidad yaqui de Vícam, Sonora para emitir un Manifiesto de Impacto Ambiental en el proceso de la construcción del Acueducto Independencia, así lo señaló el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al otorgar un amparo definitivo.

Por lo tanto, las autoridades de la Suprema Corte regresan el proyecto hidráulico prácticamente a donde se encontraba al inicio. Ya que para la operación legal el gobierno de Sonora requiere tener la total autorización del gobierno federal y concretar el trasvase de la cuenca del Río Yaqui a Hermosillo.

En la sesión pública ordinaria del Alto Tribunal votaron a favor del acto reclamado y de manera unánime, los cinco ministros asistentes, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de G. Villegas, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El fallo sostiene que las autoridades responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), previo a toda autorización del proyecto de impacto ambiental en la obra del Acueducto Independencia, deberán otorgar garantía de audiencia a la comunidad, por conducto de sus representantes reconocidos de acuerdo a sus usos y costumbres.

“La Primera Sala confirmó la sentencia recurrida y amparó a las personas de la mencionada comunidad, toda vez que el derecho de disposición que le fue reconocido a la Tribu Yaqui, en relación al recurso natural que se encuentra almacenado en la multicitada presa ―La Angostura―, es susceptible de ser afectado por la autorización de la operación del Acueducto referido”, indicó en un comunicado oficial la Suprema Corte.

Y es que de acuerdo a la Constitución Política, en el artículo 14 y 16 quedan asentados los derechos para toda persona afectada sobre la “garantía de audiencia” y de acuerdo a lo reclamado por la parte quejosa, en los estudios ambientales no hubo una consulta entre la comunidad de Vícam para conocer su punto de vista.

“La resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011, dentro del procedimiento número S.G.P.A.-DGIRA-DGA1633/201, en la que se contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado «Acueducto Independencia» a desarrollarse en los municipios de Hermosillo, Mazatán, Villa Pesqueira, Ures y Soyopa, en el estado de Sonora”, indica el acto reclamado que retomó la SCJN para analizar y votar.

De acuerdo a lo expuesto por los magistrados, la operación de este proyecto sí puede  afectar a la comunidad, principalmente en relación con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura.

Sin embargo, también se establece que no basta con que Semarnat ponga el proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la realización de una consulta pública, sino que debe hacerse adecuadamente y a través de sus representantes tradicionales a fin de respetar sus costumbres y tradiciones.
Por otra parte, enfatiza que la autoridad competente deberá ponderar los intereses sociales en juego, esto es, tanto de los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud de decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de garantizar la subsistencia de la comunidad a la que aquí se concede el amparo a fin de que sea escuchada para efectos de la operación del Acueducto.

Gobierno del Estado no se siente afectado

En respuesta a la resolución del la SCJN, el gobierno de Sonora a través de un comunicado de prensa manifestó que no detendrán la fase de pruebas del acueducto.

El titular de la división jurídica, Carlos Espinosa, esgrimió el fallo argumentando que este iba dirigido a la federación: “es SEMARNAT Federal, no es contra el Gobierno del Estado ni mucho menos, no tiene ningún otro alcance”.

Y aunque Espinosa Guerrero reconoce que el Manifiesto de Impacto Ambiental queda sin efecto, sostiene que el acueducto seguirá en funcionamiento.

“Ni la resolución emitida hoy ni la resolución de amparo que dio lugar a la revisión limitan de manera alguna su construcción o su operación”, expuso.

Y mientras el conflicto no acaba por llegar a su último capítulo legal, la Comisión Nacional del Agua todavía no da luz verde para al funcionamiento.