Senadora Guevara propone inhabilitación hasta por 20 años contra funcionarios

La Senadora Ana Guevara presentó en el Senado una iniciativa que alude al suceso ocurrido en el mes de julio del presente en el cual un funcionario municipal de Tabasco descubre a un niño vendiendo cigarros y dulces en la vía pública. En el video en donde se difunde el hecho se aprecia al menor llorando mientras tira su mercancía a la calle por orden del funcionario; sólo cuando termina de vaciar la canasta el funcionario lo deja ir. El funcionario se lleva los cigarrillos. El niño fue identificado como Manuel «N», tiene 10 años y es un estudiante huérfano de origen tzotzil. Es originario del Paraje Romerillo, San Juan Chamula, Chiapas. Y vendía dulces en la calle para obtener recursos mientras estaba de vacaciones. El funcionario que se observa en el video, es Juan Diego López Jiménez, trabajador del ayuntamiento Centro, adscrito a la Coordinación de la Zona Luz. De acuerdo a la nómina de Juan Diego Jiménez López, su cargo no es inspector sino electricista, aun así agredió de manera verbal al vendedor menor de edad.

Ante ello, la senadora Guevara afirmó que este suceso dice mucho más, entre ello, la vigilancia que practican los funcionarios municipales o delegacionales del comercio informal que en nuestro país generan millonarias entradas producto de la extorsión o el permiso para vender; segundo, que los funcionarios que están eventualmente en contacto con la realidad social no están preparados para tratar con los grupos vulnerables, que son, en muchos casos, quienes recurren a la venta pública informal. Tercero la evidencia de los gobiernos municipales, muchos de los cuales, se sirven de los trabajadores de diversas áreas a atender áreas de cuidado extremo, como el caso que nos ocupa y cuarto, la opción hacia la informalidad que es una opción, casi siempre la última, de conseguir dignamente, -aunque ilegal mientras se esté fuera de los grupos corporativos de ambulantaje muchas veces asociados a las corruptelas de gobiernos-, una retribución. Y cuarto, la falta de una legislación adecuada o inoperante en los términos de maltrato infantil.

El caso que ahora nos ocupa, indicó Ana Guevara, es inhibir las conductas propiciatorias del maltrato infantil, que todavía forman parte de una cultura negativa socialmente conforme. Fracturar con legislaciones y acciones gubernamentales la inconmensurable cultura patriarcal es una tarea de dimensiones colosales. En estos tiempos en donde las transformaciones constitucionales que colocan la primacía de los derechos humanos aun no estructuran constitucionalmente a todos y cada uno de los artículos constitucionales, es pertinente que una legislación ubique la sanción pertinente para inhabilitar a todo aquel funcionario que atente contra la integridad de un infante sea la manifestación que sea.

Para ello, y para contribuir con un aspecto que continuamente, indicó, se presenta en la relación de los gobiernos con la ciudadanía y en específico con los infantes, se presenta esta propuesta de iniciativa que tiende sancionar y vigilar la relación, que los funcionarios, empleados o personal de gobierno tienen al entrar en contacto con infantes y adolescentes se encuentre bajo el cuidado de respetar sus derechos humanos irrestrictamente.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad, concluyó la legisladora Ana Guevara.

La iniciativa se turnó a las comisiones pertinentes.