Sólo el tiempo dirá si la Elección Judicial acerca la justicia a todos

Por Héctor Rodríguez Espinoza

Nuestra República Federal siempre ha sido un gobierno presidencialista, con sus negativas consecuencias por la falta de pesos y contrapesos de los otros dos poderes. Su influencia llega hasta la composición de ambas cámaras del Congreso General de la Unión decidiendo, en última instancia, si no los 500 diputados federales y 128 senadores, sí sus líderes que conducen sus votaciones para adecuar nuestro orden jurídico a su ideología y a los nuevos tiempos y realidades nacionales e internacionales, hasta para reformar la Constitución General. Esquema que se reproduce en las entidades federativas.

En cuanto al Poder Judicial que encabezaba la Suprema Corte de Justicia, el presidente cumplía el modelo constitucional de proponer, al senado, una terna de candidatos para su análisis y eventual designación y adscripción a una de las salas y entre sus integrantes elegir a su presidente. Y al presidente de la república le bastaba —a través de su secretario de gobernación— influir en el presidente de la Suprema Corte sobre el sentido de las resoluciones de los juicios de amparo directos o atraídos, controversias constitucionales o asuntos de interés superior en materias fiscal, agrario y laboral. De la Corte dependían los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los jueces de distrito, más cercanos a los justiciables y a los abogados.

La Suprema Corte que conocimos antes (21 ministros pensionados) y después de la reforma de Zedillo de 1994 (11 ministros y 6 consejeros de la judicatura); y el poder judicial federal en sí, ciertamente mantuvieron una aparente impartición de justicia. Pero como ocurre con todo funcionario público —con raras excepciones— ignoraron la ética juarista de vivir la «honrada medianía de Juárez», principio de austeridad y rectitud en la vida pública, donde deben vivir modestamente y evitar el enriquecimiento ilícito, dedicándose al trabajo y sirviendo al pueblo con justicia y no con capricho.

La primera voz de alarma la escribió el Dr. Arturo Azuela en su artículo, que recomiendo mucho, “Mensaje a la Suprema Corte de Justicia” ( https://www.jornada.com.mx/2005/07/28/index.php?section=cultura&article=a04n2cul ).

El distanciamiento entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte lo llevó proponer, al Congreso, la reciente, polémica, parcial e incompleta (excluye a fiscalías) reforma al poder judicial federal y local, vigente este mes.

Como no hay punto de comparación entre ambas Cortes y Tribunales Superiores de justicia locales y sus respectivas pirámides de tribunales, sólo el tiempo dirá si esta elección supuestamente popular acerca la justicia a las manos de todas las clases sociales, no como una mercancía privilegiada que adquiera el mejor abogado, sino como un fruto de la verdad.

¿Riesgos para la vida democrática? Los mismos de siempre: su nociva