Sonora contra el reloj en la reforma judicial

Por Imanol Caneyada/

Héctor Guillermo Monteverde, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, advierte en esta entrevista que falta mucho por hacer para que la entidad esté lista el 16 de junio del año entrante, cuando en todo el país entre en vigor el nuevo sistema penal acusatorio  

El 16 de junio del 2016 se termina el plazo; un plazo perentorio, un límite que, a pesar de la apuesta de muchos que no quieren que cambie el sistema jurídico mexicano, no tendrá prórroga, según ha manifestado el Gobierno federal. El actual sistema penal, llamado inquisitorio, tiene 500 años y ya no da más de sí.

A partir de ese día, el nuevo sistema penal acusatorio entrará en vigor en todo el país, se haya hecho o no la tarea.

En el caso de Sonora, nos dice Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, uno de los organismos más preocupados por la implantación correcta de la reforma, el tiempo corre en nuestra contra, falta mucho por hacer, si bien no significa esto que las instituciones involucradas no hayan hecho la tarea; no obstante, reconoce, nuestra entidad es una de las más rezagadas del país.

Hay ejemplos cercanos en cuanto a idiosincrasia y geografía, nos explica el abogado, como Chihuahua y Durango, en donde están aplicando ya el nuevo sistema; se reformaron los códigos penales y de procedimientos penales de dichos estados, se capacitó a abogados, ministerios públicos y jueces, se adecuó la infraestructura y ya se celebran juicios conforme al nuevo sistema penal acusatorio.

Según el diagnóstico del entrevistado, en Sonora se ha avanzado en el rubro de la capacitación, aunque no con la celeridad que requiere el cambio; aún falta reformar algunos artículos de las leyes locales, responsabilidad del Congreso entrante, y crear la infraestructura necesaria para ejercer la justicia en condiciones adecuadas según el nuevo sistema, lo cual, implica recursos económicos en un estado en quiebra.

La mediación, uno de los aspectos más destacados de la reforma

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de la reforma es la instrumentación de juicios orales, por su vistosidad; pero el presidente de la Barra Sonorense de Abogados considera que el aspecto más sobresaliente del nuevo sistema penal acusatorio es el de la mediación.

Se trata de un proceso confidencial y voluntario de resolución de conflictos donde un tercero, el mediador, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas implicadas a comunicarse entre sí de una forma adecuada y positiva, con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes.

Esta modalidad, resalta el entrevistado, es una forma de evitar que muchos casos se vayan a juicio; de esta forma, se aligera la carga de trabajo de los Ministerios Públicos y los Juzgados, rebasados por el exceso de expedientes, se llegan a acuerdos satisfactorios para las partes, y se evitan juicios larguísimos y muchas veces infructuosos, en los que lo único que se logra es un desgaste de los involucrados que, en ocasiones, ni siquiera ven el daño reparado.

Para Héctor Guillermo Monteverde este aspecto de la reforma es más importante que el de los juicios orales, y considera que tanto abogados, fiscales y jueces, como docentes, investigadores y medios de comunicación deberían impulsarla en el seno de la sociedad sonorense.

Para ello, reconoce el entrevistado, es necesario un cambio de paradigma y de mentalidad radical, no sólo entre los profesionales del derecho, sino entre la ciudadanía principalmente.

La mediación implica que las partes involucradas se sienten a negociar desde una perspectiva conciliatoria, en la que ni ganas ni pierdes todo, una parte cede un poco, la contraparte también y se alcanza un acuerdo satisfactorio para todos.

La mediación, aclara el abogado, no se aplica en delitos graves, los cuales son los menos; es perfectamente viable en casos como choques de vehículos, por ejemplo.

Mediante este procedimiento, insiste el presidente del órgano colegiado, los implicados ganan en tiempo, ven parcialmente satisfechas sus demandas y se evitan vueltas, trámites engorrosos y juicios interminables.

Justicia pronta y expedita y corrupción

En opinión de Monteverde, el nuevo sistema penal acusatorio que entrará en vigor dentro de nueve meses no garantiza en la inmediatez que se cumpla el anhelo de la sociedad de tener una justicia pronta y expedita.

Nos recuerda que el actual sistema inquisitorio tiene 500 años de existencia; por lo que cambiar el sistema no va a ser fácil ni aterciopelado, advierte, habrá tropiezos.

Cree que poco a poco, a partir de la experiencia propia y de la de otros estados, irán haciéndose los ajustes necesarios hasta llegar a cumplir en la mayor medida de lo posible ese anhelo que tenemos todos, pero harán falta tiempo y experiencia.

No obstante, el entrevistado no ve otro camino que no sea el de la reforma, ya que el actual sistema está desgastado, anquilosado, y la ciudadanía está inconforme.

En cuanto al tema de la corrupción entre quienes imparten justicia, algo que el ciudadano también percibe como habitual, el nuevo sistema penal acusatorio, explica el abogado, implica un cambio radical.

Empezando porque el Ministerio Público se verá obligado a compartir su carpeta de investigación con el acusado y con la defensa.

A su vez, la defensa tendrá que compartir con el Ministerio Público sus datos, sus entrevistas, sus elementos de prueba, de tal suerte que el sistema se abre, no se mantiene como en la actualidad, secreto para las partes, cerrado.

Además, agrega Héctor Guillermo Monteverde, existe la figura del juez de control, quien controla que todo lo anterior se dé para que no se rompan los principios del nuevo sistema, diferente al juez que presidirá el juicio oral; este juez de control vela porque el proceso de investigación se lleve con absoluta claridad para las partes hasta que se aperture el juicio oral, momento en que deja de actuar el juez de control; juicio, por otra parte, que será público en todo momento.

De esta forma, con el nuevo sistema, el entrevistado considera que difícilmente habrá resquicios para actuar en lo oscuro y los procesos se transparentan.

La reforma judicial se realizó en 2008 y se dio un plazo a las entidades federativas de ocho años para ejecutarla; el plazo se cumple dentro de diez meses.