Sonora, un paraíso para empresas contaminantes

Por Imanol Caneyada/

Buenavista del Cobre no sólo no ha cerrado por el daño causado al medio ambiente, sino que ha manifestado su intención de utilizar el “fracking”, técnica de fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos que daña seriamente los mantos acuíferos, según denuncia un informe de Greenpeace México

Acaba de cumplirse un año del derrame en el Río Sonora de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas.

No obstante, las leyes laxas y permisivas en México para la protección al ambiente, la falta de recursos humanos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la corrupción existente al seno de la misma, han permitido, por ejemplo, que Grupo México siga operando la mina Buenavista del Cobre a cambio solamente de la reparación del daño, el cual, según trascendió, estuvo condicionado a la ampliación de la concesión para la explotación del territorio sonorense.

Un informe de Greenpeace México elaborado en julio de este año, asienta que las leyes se han vuelto cada vez más flexibles en los últimos años; un ejemplo es el haber excluido de la legislación local las manifestaciones de impacto ambiental y de riesgo que viven las poblaciones.

“Las leyes ambientales requieren que las actividades que supongan un riesgo para la salud presenten una sección por separado sobre la salud de las poblaciones. Pero las autoridades han dado permisos a cientos de mineras con débiles estudios sobre el impacto ambiental en las zonas y éstos (los pobladores) no son considerados o consultados”.

En el caso de Sonora, según este mismo informe, “esta minera (Buenavista del cobre) no va a cerrar a pesar del daño causado, inclusive la compañía ha mostrado su interés particularmente en proyectos peligrosos como el fracking (técnica de fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos que afecta seriamente a los mantos acuíferos). México se ha convertido en un paraíso para empresas contaminantes”.

En ese sentido, el informe de la organización ambientalista concluye que “la Ley de Responsabilidad Ambiental recientemente aprobada no ha sido aplicada aún. De haberse aplicado en este caso (el del derrame en el Río Sonora), pudo ser la prueba de eficiencia de las regulaciones en materia ambiental. En cambio, lo que obtuvimos fue una demostración de impunidad. Se trata de un mensaje claro de libertad para los inversionistas, es una situación que pone en riesgo los derechos humanos y ambientales de México”.

Debilidad institucional y corrupción

La Ley de Responsabilidad Ambiental, las nueve Normas mexicanas oficiales relacionadas con la protección al ambiente y las muy frágiles legislaciones locales son las que regulan a las empresas contaminantes, el transporte de materiales peligrosos, la protección a las especies en vías y en peligro de extinción, en resumen, las actividades humanas que impactan de una u otra forma en el ambiente.

A finales del mes de junio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer el resultado del 5° Operativo Nacional sobre Transporte y Movimiento Transfronterizo de Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos 2015.

La institución detectó el manejo irregular de 64.20 toneladas de residuos peligrosos, entre los que se encuentran baterías usadas plomo-ácido, aceites y lubricantes gastados, residuos peligrosos biológico-infecciosos y fluido de perforación base agua contaminado con aceite, entre otros, lo que derivó en el inició de 11 procedimientos administrativos.

Lejos de constituir un éxito, la misma Profepa reconoce que el cobro de multas ha registrado una dramática caída superior al 300 por ciento del 2010 a la fecha.

Los mencionados procedimientos administrativos, como el que se aplicó a Grupo México por el derrame en aguas del Río Sonora, no resultan más que en una reparación del daño en términos económicos.

El poder de las empresas trasnacionales y nacionales en el país y en Sonora, ha impedido que las leyes sean mucho más rigurosas en cuanto a las sanciones por daños al ambiente y auspiciado que las normas oficiales tengan enorme permisividad, lo que convierte a México en un lugar especialmente atractivo para invertir sin necesidad de gastar grandes sumas en regulaciones ambientales.

Otro de los problemas que enfrenta la conservación del ambiente en este país, según han denunciado organizaciones ecologistas en repetidas ocasiones, es el poco personal del que dispone la Profepa para perseguir esta clase de delitos, su escasa capacitación y la corrupción existente en la institución.

Las denuncias por parte de organizaciones sobre incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y complicidad con las empresas extranjeras y nacionales que están ocasionando daños ecológicos son constantes.

En septiembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) desintegró una red de corrupción que involucraba a 12 servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de dos Ministerios Públicos Federales.

En julio de 2015, la Profepa destituyó a la subdirectora administrativa de la delegación Baja California, Teresa de Jesús Moreno, por prácticas corruptas, un mes antes, había destituido a dos inspectores por lo mismo.

Por si fuera poco, la Profepa también se vio involucrada en el escándalo de la empresa constructora española OHL, la cual, mediante una serie de audios, ha sido exhibida comprando los favores de funcionarios del Gobierno federal para tener ventaja en las licitaciones. En el caso de la Profepa, no hizo la revisión respectiva para detener la construcción del Viaducto Elevado en Puebla.

En julio de 2014, la delegación de la Profepa en Quintana Roo fue acusada de recibir millonarios sobornos a cambio de no inspeccionar los daños ambientales que las empresas provocan en ese lugar.

En octubre de ese mismo año, la Asociación de Productores Unidos por Colima acusaba a la Profepa de negligencia y de poner en riesgo a los ganaderos del lugar por hacer públicas las denuncias contra explotadores clandestinos de madera, los cuales andan armados y son peligrosos.

No es de extrañarse, el máximo titular de la institución, Guillermo Haro Bélchez, ha sido varias veces exhibido en redes sociales por el uso de aviones privados para sus giras de trabajo en compañía de la familia, con el hashtag #MeLasGastoComoHaro.

La última acusación que recibió la Profepa en el sentido de su inutilidad y su solapamiento de las grandes empresas la hizo la bióloga de la Universidad de Guadalajara, Sonia Navarro Pérez, el pasado mes de julio; la académica aseguró que esta Procuraduría no es un organismo que defienda el patrimonio natural del país, y eso lo demuestra el dictamen favorable a los taladores de árboles que trabajan en los bosques del Nevado de Colima, ecosistema protegido por su diversidad ecológica.