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Continúa “guerra” por la tarifa

Por Javier Flores y Gerardo Moreno

A pesar del operativo de movilidad implementado por el Gobierno del Estado para disminuir la afectación a los usuarios que ocasionó el paro de labores de los concesionarios del transporte urbano, la situación se tornó en un caos en varios sectores de la ciudad.

En las primeras horas del martes, hermosillenses pasaron un mal rato luego de la desesperación que sentían por no poder trasladarse a tiempo a sus destinos.

Alrededor de 1,500 taxis brindaron servicio para movilizar a los habituales usuarios de los camiones.

Conforme transcurría el tiempo, el número de personas que esperaba en las paradas de camiones aumentaba, a la vez que disminuía la posibilidad de poder abordar uno de los 1,500 taxis que ofrecieron el servicio de transporte colectivo.

Las colonias ubicadas a las orillas de la ciudad fueron las más afectadas, donde se observó que los usuarios optaron mejor por caminar, ya que el transporte en esas áreas fue escaso.

La afectación se sintió en general; el tráfico vehicular aumentó considerablemente, y los usuarios que se trasladan diariamente en Uber comentaron que los precios se mantuvieron altos en el transcurso del día por la fuerte demanda de la aplicación; por tal motivo, la decisión de no comer en casa fue un denominador común entre los trabajadores.

Ya por la tarde, el problema de movilidad fue similar, con los mismos  contratiempos que se vivieron por la mañana, pero sin la mortificación de alguna amonestación laboral por llegar tarde a trabajar. Para eso de las 10 de la noche todavía se observaba a personas en los parabuses, media hora más tarde lucían desiertos.

Gobierno rechaza medida de presión de concesionarios

El titular de la Dirección de Transporte, Carlos Morales Buelna, reprobó la acción que tomaron los concesionarios del transporte urbano al cancelar el servicio a los usuarios el pasado martes.

Carlos Morales Buelna, director de Transporte.

Morales Buelna mencionó que no cederán ante el chantaje montado por parte de las empresas integradoras del transporte, ya que por varios años se ha convertido en su modus operandi para obtener cada vez más recursos millonarios, que jamás se han visto reflejados en un mejoramiento del servicio.

Dijo que los problemas de operatividad en el transporte no han sido por falta de recursos, sino más bien, por un mal manejo en la administración de los mismos.

Detalló que en lo va de la presente administración se ha destinado  un total de 640 millones de pesos por concepto del pago de subsidios, además de otros gastos extraordinarios, como la compra de unidades y recurso otorgado para el mantenimiento de aires acondicionados.

Morales Buelna comentó que el Estado tomará todas las medidas legales necesarias para obligar a los concesionarios a ofrecer un servicio de calidad, de no ser así, se iniciarán con la revocación de concesiones, mismas que serán licitadas públicamente para quien desee trabajarlas.

Sí pueden y deben quitar concesiones: Unión de Usuarios

Aunque resultó el operativo emergente, la gente se mostraba disgustada por el “paro” de camiones.

Por su parte el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, precisó que el paro de labores en el servicio del transporte sí es una causal suficiente para comenzar el proceso de retiro de concesiones, ya que realmente existió una afectación enorme para los ciudadanos.

“Lo que pasó el martes es una causal para iniciar el proceso de revocación porque afectaste a la ciudadanía, a los usuarios, a cientos y miles de usuarios, hay razones para iniciar el proceso de revocación”.

Recalcó que dentro de la misma Ley del Transporte existen las atribuciones suficientes para que el Ejecutivo Estatal retire concesiones, incluso marcan las causales para retirarlas, donde el paro del martes sin duda es una de ellas.

“El artículo 50 de la Ley 149 del Transporte en el estado marca que la titular del Ejecutivo Estatal, en este caso la Gobernadora del Estado, tiene la facultad exclusivamente de otorgar concesiones pero también de retirarlas”.

Aseguró que esa será la postura enérgica de los usuarios es que se actúe con todo el peso de la Ley contra los concesionarios, porque realmente hubo una afectación con el paro del martes.

Por otro lado, Peinado Luna aseguró que es impensable un incremento a la tarifa del transporte ya que el servicio que reciben los usuarios es de muy mala calidad y en ese sentido estarán atentos de que el Consejo Ciudadano no apruebe una medida de este tipo.

Presión de concesionarios será hacia el CCT

Los concesionarios de Sonora decidieron no volver a parar el Servicio del Transporte, como sucedió el martes pasado, y ahora concentrarán su presión en el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT) para que autorice un incremento a la tarifa que los haga sustentables, dijo José Luis Gerardo Moreno.

El presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa) y vocero de los Concesionarios del estado aclaró que al ver el resultado donde los usuarios llegaron tarde a sus trabajos, estudiantes no fueron a la escuela y otras afectaciones decidieron cancelar el paro.

José Luis Gerardo, presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa).

“Estuvimos los concesionarios de Hermosillo, Guaymas y Cajeme aquí (oficinas de Sictuhsa) reunidos hasta muy tarde del martes y Acordamos regresar a prestar el servicio básicamente porque vimos el resultado, que fue un desorden y un caos”.

Por eso el pasado miércoles salieron 275 unidades en Hermosillo, las cuales seguirán operando durante los próximos días, aunque aseguró que eso no quiere decir que su lucha por actualizar la tarifa había terminado.

“El hecho de que hayamos salido a trabajar el día de hoy no quiere decir que vamos a bajar la guardia, nosotros vamos a seguir presionando por conseguir una tarifa que sea adecuada para la prestación del servicio”.

Detalló que el problema es que el año pasado el CCT aprobó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una “tarifa técnica” de 11 pesos con 96 centavos, que es el precio que el Consejo fijó para que el servicio alcance para cubrir todos los gastos y quede margen de utilidades.

Sin embargo, el Estado ofreció un subsidio de 15 millones de pesos mensuales para que el usuario solo pague nueve peso y el resto lo pondría ellos. Es decir que debería pagarles los dos pesos con 96 centavos de diferencia por pasaje, pero no lo hace.

Por ejemplo, tan solo en Hermosillo, Obregón y Navojoa se tiene un aforo anual (reconocido por el CCT) de 157 millones 689 mil pasajes, multiplicándolos por los 1.96 de diferencia de la tarifa técnica y la tarifa usuario da 466 millones 759 pesos.

Sin embargo, el subsidio mensual de 15 millones da un total de 180 millones al año, es decir, los concesionarios no reciben 289 millones. Recurso, dijo, necesario para mantener las unidades, pagar salarios, seguridad social, Infonavit, refracciones, diésel y compromisos financieros de los camiones.

“Debemos reconocer que si pagan el subsidio, también que se paga lo de los pasajes gratuitos de estudiante, tarde pero lo pagan, pero también hay que reconocer que el precio del diésel ahorita está cuatro pesos más caro que cuando empezó este sexenio… el problema es que el gobierno debe de estar pagando dos pesos con 96 centavos de cada ciudadano, que es esa diferencia, y el Gobierno no los paga. Simple y sencillamente paga una parte”.

En ese sentido, aseguró que las pláticas y negociaciones con el Estado están rotas y no ven motivación de parte del estado para reestablecerlas. Por lo tanto ahora enfocarán sus energías en hacer presión al Consejo Ciudadano para que cumpla su mandato de Ley y revise la tarifa del transporte.

Aseguró que desde hace meses tienen toda la información necesaria de los concesionarios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas y Cajeme, pero no han querido sesionar para analizar la tarifa, a pesar que la ley dice que deben hacerlo cada seis meses.

“Vamos a seguir insistiendo al Consejo Ciudadano que cumpla con su obligación, y ese sentido le pedimos al Secretario de Gobierno (Miguel Pompa) que saque las manos del Consejo y los deje hacer su trabajo, porque desde ahí los están presionando para que no sesionen… ya tienen dos meses sin sesionar y no explican por qué”.

A la par, dijo que buscarán todos los mecanismos y herramientas legales para ampararse y lograr que les permitan cobrar la tarifa técnica autorizada.