Una controversial ley de donación de órganos

Con la reciente aprobación en el Senado de las modificaciones a la Ley General de Salud, todos los mexicanos seremos donadores de órganos, salvo que se exprese por escrito lo contrario; el proyecto se turnó a la Cámara de Diputados

Por Imanol Caneyada

El pasado martes 3 de abril, por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó una serie de modificaciones a la Ley General de Salud en lo referente a la donación de órganos, de tal suerte que si se ratifica en la cámara baja, los mexicanos mayores de 18 años seremos donadores en automático, a no ser que expresemos por escrito nuestro deseo de no serlo.

El principal argumento de los legisladores para dicha aprobación pasa por las más de 21 mil personas que aguardan en este país algún tipo de donación de tejido u órgano que podría salvarles la vida o garantizarles una mejor calidad de la misma.

El otro argumento es la escasa o prácticamente nula cultura que existe en nuestra sociedad al respecto.

Según lo que dicta la ley en su estado actual, si el donante no ha expresado ante notario o mediante credencial de donador su deseo expreso, los familiares del fallecido pueden negarse a realizar la donación.

Lo anterior, según han declarado diferentes legisladores que encabezaron la iniciativa, provoca que en muchas ocasiones la donación no pueda llevarse a cabo, independientemente de si en vida el donante manifestó o no su aprobación.

Esta ley que podría aprobarse en estos días busca darle agilidad y viabilidad a un trámite que, de otra forma, puede tardar mucho tiempo, pero en estos casos, el tiempo es determinante para que el órgano pueda utilizarse en condiciones óptimas.

Hay una tercera razón detrás de esta iniciativa: las miles de personas que esperan la donación de un tejido o un órgano padecen enfermedades que son altamente costosas para la seguridad social.

La pelota está en la cancha de los diputados, pero por la unanimidad que presentaron los senadores, parece que será aprobada sin mayor sobresalto.

Hay dilemas bioéticos en torno a la ley, además del problema histórico de los límites entre la libertad del individuo y las decisiones de estado.

¿Hasta dónde tiene derecho un gobierno a disponer de los órganos de un ciudadano mayor de edad si no ha expresado de forma escrita y formal su deseo de no donarlos?

El antecedente más inmediato es la aprobación el pasado mes de febrero por el senado holandés de una ley semejante. En este caso, la votación estuvo muy dividida, 38 votos a favor, 36 en contra.

El argumento de quienes votaron en contra fue, precisamente, el de que un Estado no tiene derecho a decidir sobre el destino del cuerpo de un ciudadano.

La falta de cultura en cuanto a la donación de órganos en México y los aspectos religiosos son factores fundamentales para que la alta demanda de tejidos y órganos se enfrente a una escasa oferta; muchos cristianos piensan que su cuerpo debe ser enterrado entero, completo, de lo contario, están faltando a sus creencias.

Sin embargo, como han señalado los senadores de la Comisión de Salud, salvar una vida también es un acto de cristianismo.

Hay dos aspectos importantes a considerar en caso de que se termine por aprobar las modificaciones a la Ley General de Salud.

El primero, según han reconocido los propios legisladores, es que el sistema público de salud no está capacitado para canalizar y realizar la multitud de trasplantes que una medida así provocaría, por lo que las modificaciones a la ley tendrían que venir acompañadas de un aumento de presupuesto al sector salud.

El otro aspecto es el de la seguridad de los donantes y los receptores.

En un país con tan pocas garantías jurídicas como el nuestro, con un robusto crimen organizado y un débil gobierno, esta iniciativa podría abrir la puerta a un peligroso tráfico de órganos puestos al mejor postor.

Para ello, la propia Comisión de Salud del Senado ha manifestado que, si se aprueba, habrá de crearse organismos que garanticen la seguridad y el anonimato de las personas involucradas en la donación de órganos.

Por lo pronto, está en manos de la Cámara de Diputados; si se aprueba definitivamente, aquellos que están en contra de la donación de sus órganos cuando fallezcan, tendrán que manifestar por escrito sus objeciones para que su voluntad sea respetada.