Unison-Isssteson: cuando el régimen de excepción hizo aguas

Desde 2005, ningún rector ha querido establecer un convenio entre ambas instituciones según la reformada Ley 38, con la complicidad del Gobierno del estado y la complacencia de los sindicatos

Por Imanol Caneyada

Después de doce años en los que la Universidad de Sonora vivió en un régimen de excepción en lo que se refiere al convenio entre el alma máter y el Isssteson, la falta de recursos de este último, al borde de la quiebra, ha orillado a la institución gubernamental a poner un alto a los privilegios de la máxima casa de estudios.

El resultado, según lo declaró en entrevista el pasado noviembre para Primera Plana el actual rector, Enrique Velázquez, es que la universidad requiere de algo más de 200 millones de pesos adicionales a su presupuesto, dinero con el que no cuenta.

Además, el nuevo convenio entre ambas instituciones, el cual contendría de manera retroactiva (luego de más de una década de no hacerlo) las reformas de 2005 a la Ley 38, implica un aumento en las cuotas de los trabajadores de la universidad que castiga severamente sus salarios.

Académicos e investigadores de la universidad consultados por Primera Plana señalan que desde 2005, año en que se reformó la ley 38 del Isssteson, ni el rector Pedro Ortega (2001-2009) ni el rector Heriberto Grijalva (2009-20017) quisieron solucionar un problema que ha estallado a inicios de 2018, cuando el Isssteson, cómplice del régimen de excepción en el que operó la universidad, ha exigido una actualización del convenio en los términos de la ley y el pago del adeudo acumulado desde entonces.

El cambio de actitud de la institución que se encarga de la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado de Sonora, es decir, de la complicidad a la exigencia, está marcado por el estado ruinoso en que se encuentra.

Así lo señaló en diferentes ocasiones desde que asumió el cargo Enrique Claussen Iberri, ex director de la institución y ahora secretario de Salud: El Isssteson se encuentra al borde de la quiebra a causa de los desfalcos millonarios de la administración de Guillermo Padrés, dijo.

También anunció en su momento haber puesto en marcha un plan emergente de recuperación de adeudos históricos de ayuntamientos y organismos afiliados, en el que se consideraría aplicar medidas administrativas y legales, pues la institución no cuenta con recursos.

En el marco de este plan emergente es que el Gobierno del estado decidió poner fin a la complicidad que había imperado desde el 2005, año en que el Congreso del estado reformó la ley 38, una reforma que por razones que nadie aún ha explicado la Universidad de Sonora no acató.

En lo que se refiere a los dos sindicatos existentes en la máxima casa de estudios (Staus y Steus), ambos mostraron una cierta complacencia con este régimen de excepción, pues la reforma de 2005 implicaba, entre otras cosas, mayores descuentos a los salarios de los trabajadores y más años de servicio para alcanzar la jubilación.

Durante doce años, ninguna de las dos organizaciones sindicales exigió abiertamente la elaboración de un convenio en los términos que dictaba la reforma; tan solo en lo referido al cobro del cien por ciento del salario en el retiro mostraron su descontento.

El problema que dejaron correr convenientemente durante más de una década se refleja de manera significativa en los descuentos que sufrirán los trabajadores de la entidad para ponerse al corriente con el adeudo histórico.

El Staus ha puesto al alcance de sus agremiados una serie de tablas que establecen las cuotas que tendrán que pagar si el nuevo convenio entre la Universidad y el Isssteson es aprobado.

Por ejemplo, un titular C de tiempo completo, a quien en 2017 le descontaban una cuota de 1,826.34 pesos, en 2018 será de 2,303.47, en el 2019 de 2,663.38, y así hasta llegar a los 4,432.67 pesos en 2023.

En el caso de los empleados afiliados al Steus, la situación es más dramática debido a que sus percepciones salariales son mucho menores que las de los académicos.

La postura, de momento, de ambos sindicatos es la de no aceptar el nuevo convenio que subsanaría el régimen de excepción en el que ha vivido la Unison en los términos en que se plantea, pues consideran que están pagando el pato de una política de dejar pasar que duró doce años, de la cual responsabilizan a los dos rectores mencionados.

Amenazan con paros laborales, huelga y amparos si prospera la iniciativa.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Los maestros investigadores de la Universidad de Sonora Javier Martín Quintanar Gálvez, Olimpia Ofelia Cortez Rivera, Victoria María Núñez Navarro y Sergio Barraza Félix elaboraron un análisis de la problemática con el Isssteson en el que establecen el origen y la situación actual del conflicto.

Según el documento fechado en septiembre de 2017, el origen del problema se remonta al 29 de junio de 1989, cuando el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley 38 del Isssteson, la cual fue publicada el 4 de julio de ese año. Como consecuencia de dicha reforma, el 31 de marzo de 1990 la Universidad de Sonora firmó un nuevo convenio con el Isssteson, el cual se encuentra todavía vigente. 

Posteriormente, establece el análisis, el 28 de junio del 2005 el Congreso del Estado aprobó otra reforma a la Ley 38iv, la cual incrementó los porcentajes de cuotas y aportaciones al Isssteson, así como la cantidad de años a cotizar para tener derecho a la jubilación, entre otros aspectos. La reforma entró en vigor el 29 de junio de 2005.

A partir de esta última reforma el Isssteson procedió a negociar y firmar nuevos convenios con los diversos organismos afiliados a ese Instituto, con excepción de la Universidad de Sonora. En esos convenios quedaron establecidas las modificaciones de la reforma en mención.

Los analistas establecen que en el convenio aún vigente, los trabajadores académicos reciben entre un 59 y un 63 por ciento del salario integrado por concepto de pensión jubilatoria.

Con la reforma a la ley 38 del Isssteson en 2005, de la cual quedó exento el convenio con la universidad, los trabajadores de otras dependencias pasaron a cobrar un cien por ciento de su salario integrado por concepto de pensión, pero también a cotizar un 7.5% más reflejado en su salario, siempre según el análisis.

Si bien los trabajadores de la universidad están de acuerdo con la parte de recibir el cien por ciento del salario como jubilación, rechazan tener que asumir en sus cotizaciones esa deuda generada por el impago de ese 7.5% que durante doce años se ha acumulado.

En el año de 2006, establece el documento, el Isssteson hizo llegar a la Universidad de Sonora su propuesta de nuevo convenio, el cual contemplaba incrementos en los porcentajes de cotización de la Universidad y de los trabajadores.

“Un aspecto importante a destacar es que la propuesta de convenio definía el salario básico de cotización igual al salario integrado del trabajador. Este aspecto si bien implicaba un incremento de las cuotas y aportaciones al Isssteson, también tenía el efecto de resolver el problema de lograr una jubilación con el 100% del salario integrado.

Las negociaciones para la firma de un nuevo convenio, entre la Universidad, el Isssteson y el Gobierno del estado, en los años 2006 y 2007, no prosperaron debido a la falta de apoyo financiero a la Universidad por parte del gobierno, afirma el análisis.

El documento concluye en este apartado lo siguiente:

“Se desconoce si el Isssteson hizo llegar a la autoridad universitaria otra propuesta de convenio con posterioridad al año 2006 y antes de la propuesta que entregó a las autoridades en abril del presente año (2017). El tema de la firma de un nuevo convenio se había mantenido latente durante una década, pero con la crisis financiera del Isssteson, sus directivos han reanudado la presión a la Universidad para que firme un convenio que incorpore la reforma a la Ley 38”.

Una década en la que la Rectoría dejó pasar el problema con la complicidad del Gobierno del estado y la complacencia de los sindicatos, hasta que el régimen de excepción hizo aguas.